Se ha votado esta semana en el Congreso de los Diputados la modificación del cupo vasco y el convenio de Navarra. Se trata de nuestra periódica ceremonia de la desigualdad autonómica, una parte -la más gruesa, pero no la única- del Danegeld que le cobran al “Estado español” ciertas élites regionales. Por lo que sea, esta flagrante aplicación de la ley del embudo no recibe por parte de nuestras izquierdas estatales -tampoco de buena parte de la derecha, todo sea dicho- la misma atención que otras políticas regresivas.
Que la hipocresía sea repetida, periódica, circular, no evita la melancolía. Al contrario. De unos años acá hay una atención renovada a la desigualdad, que en algunos casos se ha convertido en una especie de género literario. Se escriben toneladas de artículos de prensa y académicos, se crean think tanks ad hoc, se manosea políticamente la cuestión; pero algunas de las principales causas de la desigualdad en España siguen, no ya sin solucionar, sino cultivadas por los poderes e inadvertidas por nuestros particulares tribunos de la plebe.
Y sí, claro, voy a hablar de pensiones otra vez. Y las que hagan falta. Los estados de bienestar europeos están sometidos a una tremenda presión, que no va a reducirse en las próximas décadas, sino al contrario; toda vez que la demografía es uno de los factores clave en la situación. Así, la cuestión sanitaria en España y en otros países. Mientras se habla, con razón o sin ella, de privatizaciones de servicios, se ignora la gigantesca privatización de facto que es transferir una parte abrumadora y aún creciente del presupuesto al colectivo que menos lo necesita, en detrimento de otras partidas. Añádase la composición con el efecto autonómico antes citado: los jubilados vascos perciben de media 1.600 euros de pensión por los 1.100 de los extremeños.
Sigamos con esto. Si el acceso de los españoles a la clase media se consagra desde hace décadas mediante la propiedad de la vivienda; y si, a su vez, el acceso al crédito necesario para dicha propiedad es dependiente de una estabilidad laboral que, sobre todo en ciertas ciudades y regiones, es casi privativa de los empleados públicos, es fácil entender la importancia de la función pública como ascensor social -o, al menos, garantía frente al desclasamiento. Y se entiende mejor la carrera autonómica por encontrar hechos diferenciales e identitarios que blinden los empleos en la administración frente a los españoles de otras regiones. Normalmente, las cosas son lo que parecen.
De unos años acá hay una atención renovada a la desigualdad, que se ha convertido en una especie de género literario
En este contexto, que conjuga factores comunes a casi todo Occidente y otros, específicamente españoles, se intuye que no pocas de las transformaciones en curso, a pesar de venir envueltas en la cháchara igualitarista de rigor, van a profundizar en brechas sociales existentes o abrir otras nuevas. Estamos tocando las tripas de un modelo de crecimiento y ecualización social que, si desde hace ahora cincuenta años da signos de agotamiento, ha producido las mayores tasas de riqueza, y de reparto de la riqueza, de la historia. Por poner un ejemplo entre muchos, no está nada claro que la transición al coche eléctrico vaya a generar el efecto igualitario que tuvo la extensión del automóvil con motor de explosión a las masas. Cabe sospechar -así lo exponía Andrew Moseman en un artículo reciente en The Atlantic- que más bien incida en la creciente desigualdad entre quienes se pueden permitir, en este caso, baterías con mayor capacidad y viviendas unifamiliares donde recargarlas y el resto.
De forma más general, una sociedad retraída, cerrada sobre sí misma, con menos desplazamientos y menos espacio para el gasto discrecional de los particulares, tiene toda la pinta de asfixiar algunos de los fenómenos que han permitido a las clases populares salir de su entorno más cercano -también el cultural y mental- y acceder a otros estatus y roles. En el escenario de decrecimiento que nos están colocando de matute, haciendo virtud de la necesidad y de la incompetencia de los gobernantes, ya saben ustedes quiénes van a ser los paganos con toda probabilidad.
Ya no se pueden votar ni publicar comentarios en este artículo.
Lo de planificar desde el Gobierno coche eléctrico para todos.......los particulares, tendrá que caer por su propio peso, por mucho que los sesudos funcionarios de la UE lo patrocinen. Bueno, no para todos. Los coches oficiales, de todos los niveles de la Administración, podrán seguir siendo los que montan potentes motores de combustión interna y seguramente, como hasta ahora, con su estrellita o sus aritos, que no hay que desmerecer.
Vamos a ver. La igualdad no existe, hasta la Física lo prohibe. El problema es la competitividad del ser humano, que lleva a acomplejados a considerar inferior-superior al que es distinto.