La votación del Parlamento europeo que ha levantado la inmunidad de tres fugados de la justicia española es un triunfo del Estado de derecho, una victoria de la democracia frente a los que han pretendido destruirla. Puigdemont, Comín y Ponsatí han querido hacer trampas con la inmunidad parlamentaria para esquivar sus responsabilidades en el intento de golpe de Estado del otoño de 2017 en Cataluña. Europa ha rechazado sus mentiras; les ha dicho que nadie está por encima de la ley, que la justicia, en un país democrático como España, es igual para todos.

Los independentistas han tenido el respaldo de la extrema derecha y la extrema izquierda. Por fortuna, los populistas y nacionalistas que quieren acabar con las democracias liberales siguen siendo residuales en Europa. A favor de levantar la inmunidad hemos estado liberales, socialistas y conservadores. Somos los mismos que negociamos juntos las leyes de la UE; los mismos que, con matices e ideas propias, elegimos y respaldamos a la Comisión, es decir, al Gobierno europeo. Los grupos que gobiernan Europa han mostrado su confianza en el sistema judicial español.

Entre las patéticas explicaciones de los que perdieron la votación hay una, tan pintoresca como desinformada, que dice que ha habido pocos votos a favor, que más de 400 votos tampoco son tantos. Bueno, el levantamiento del suplicatorio a los fugados de la justicia ha tenido más respaldo del que tuvo Ursula von der Leyen cuando fue elegida presidenta: 383 votos. ¡Y aquel parlamento tenía 46 miembros (los británicos) más que el actual! El Fondo de Recuperación contra la crisis de la pandemia, votado en abril del año pasado, recibió 395 votos.

Los derrotados

Entre los derrotados se mezclaron, decíamos, la extrema derecha nacionalista y la extrema izquierda populista de Europa. Hasta aquí, normal: la democracia, que ofrece espacios y representación a los que querrían destruirla, es diversa.

No es tan normal que entre esos votos que –recordémoslo— quieren proyectar la imagen de que España no es una democracia y su sistema de justicia no es fiable estén los de parte del Gobierno y sus socios: Unidas Podemos, PNV, Bildu y ERC han hecho causa común para defender a los huidos y atacar a la justicia. Y en amigable compañía con los representantes de la extrema derecha europea, los eurodiputados de Le Pen y Salvini, en idilio permanente con el nacionalismo independentista. Hagamos cuentas: si a todos estos les sumamos el grupo de los propios fugados, los no inscritos y el partido belga del grupo de Vox, que es el que más ha defendido a Puigdemont, Comín y Ponsatí, nos salen 226, el 90% de los votos en contra.

¿Con quién estás gobernando, Pedro Sánchez? ¿Con un partido que no cree en la democracia y aprovecha cualquier oportunidad para exhibirlo? ¿Con apoyos de grupos que declaran con desfachatez que quieren cargarse España?

Los que creemos en el diálogo y en la moderación nos sentimos desolados ante los esfuerzos para dividir a España en dos bloques y ante la pasividad de aquellos que, sin quererlo, no toman medidas para evitarlo. ¿Por qué los que nos unimos para defender lo fundamental en Europa no podríamos hacerlo también en España? Si nos hemos puesto de acuerdo para preservar la integridad del sistema judicial, ¿por qué no somos capaces de hacerlo para defender las grandes prioridades de España?

Ojalá esta no haya sido una votación cualquiera y suponga un antes y un después para nuestro país. Ojalá mis preguntas lleguen a Pedro Sánchez y al PSOE. ¿Hasta cuándo van a tolerar que Podemos y el resto de sus socios dañen el buen nombre de España y sus instituciones? ¿Qué más hace falta que ocurra para entender, y obrar en consecuencia, que estos no son los socios de gobierno que nuestro país necesita y merece?