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Jorge Vilches

Opinión

¿Está nuestro parlamentarismo en crisis?

Se está enquistando una crisis del parlamentarismo que se puede agravar si la reforma que se promueve hace aún más proporcional la ley electoral

Vista del Congreso de los Diputados
Vista del Congreso de los Diputados EFE

De la historia política de los gobiernos representativos en Occidente, ya larga, se saca una ley: a la crisis de los partidos tradicionales le sigue la crisis del parlamentarismo. El hundimiento de los actores políticos principales que alimentan un régimen, en este caso el PSOE y el PP, el “odiado” bipartidismo, da paso a una “nueva política”. Sin embargo, “los nuevos”, aquí Ciudadanos y Podemos, no suelen llegar para estabilizar, sino para amoldar el régimen a sus expectativas políticas y ambiciones, haciendo creer que la regeneración está escrita en las tablas de la ley de sus programas políticos.

Podría parecer exagerado, pero la inestabilidad política que sufrimos desde 2015, coincidiendo con el fracaso del gobierno del PP, el hundimiento del PSOE y su crisis interna, y la aparición de otros dos actores que no acaban de convencer por mucho que lo intenten las encuestas, permite atisbar una crisis del parlamentarismo en España. Mal asunto. Repasemos algunos acontecimientos.

Pilar Barreiro no quiere dimitir por estar “imputada”. El PP se niega a obligar a esta senadora (que nadie conocía) a irse porque no quiere ceder a todos los caprichos electoralistas de Ciudadanos. El partido de Albert, que solo crece porque el PP desaparece, se niega a pactar los presupuestos en “justa” correspondencia. Los de Mariano, entonces, echan mano del PNV, quien vende caro su voto con el cupo y exige que se incluya el “derecho a decidir” en la reforma del Estatuto vasco.

El Congreso se ha convertido en un escenario de tácticas personalistas y partidistas, donde se calcula a corto plazo mirando las encuestas"

Ahí no acaba. El PSOE sigue centrado en su guerra de posiciones con Podemos, y saca una reforma de Ley de Memoria Histórica -sí, esa que el PP no ha derogado a pesar de haberlo prometido- que hubiera hecho las delicias de La Pasionaria en octubre de 1939; sí, cuando la comunista justificaba el pacto nazi-soviético y el reparto de la “burguesa” Polonia. Así, Margarita Robles, portavoz del ausente Sánchez en el Congreso, llevará a la cámara baja la pretensión de establecer una “Comisión de la Verdad” sobre un periodo de la historia de España. Tamaña pretensión totalitaria debe estar sacada de algún proyecto legislativo del Presidium del Sóviet Supremo.

En conclusión, llevamos sin gobierno efectivo, con una inestabilidad manifiesta, desde el año de la barra libre electoral de 2016. Ni el PP ni el PSOE tenían entonces fuerza suficiente para formar gobierno, y Podemos y Ciudadanos iban a lo suyo. Pablo Iglesias no quiso investir a Sánchez para profundizar en la “crisis de régimen” y hundir más a su máximo competidor por la izquierda.

Albert Rivera, por otro lado, fue capaz de pactar con cualquiera del “malvado” bipartidismo, pero, eso sí, sin asumir responsabilidad y destrozando a su aliado como si siguiera en la oposición. En realidad, Ciudadanos sigue el modelo de los nacionalistas en su negociación con “Madrid”: exigir con chantaje, conseguir, mostrar una insatisfacción constante, y criticar para volver a exigir.

El Congreso se ha convertido en un escenario de tácticas personalistas y partidistas, donde se calcula a corto plazo mirando las encuestas y procurando debilitar a los demás. Esto llega a la gente, que cada vez observa con más desdén el espectáculo; un show que siempre se prolonga en las televisiones.

Los casos catalán y madrileño

A esto se añaden dos casos autonómicos: el catalán y el madrileño, que reproducen lo que ocurre a nivel nacional, confirmando que vamos a la par en este ethos, en estas costumbres y conductas de la sociedad política. La crisis en Cataluña inducida por el golpismo de los supremacistas ha derivado en la parálisis del Parlament. Ni los independentistas se ponen de acuerdo, ni Arrimadas es consecuente, ni el gobierno del PP pone pie en pared. Ahora todo parece en manos de los letrados del Parlament, lo que no deja de ser una muestra de este Estado que habría desconcertado al mismísimo Kafka.

Al tiempo, en la Asamblea de Madrid el equipo de Cifuentes depende del grupo de Ignacio Aguado, su supuesto aliado, que se ha convertido en el partido más abstencionista de la historia de la democracia española. Esto no tendría más relevancia sino fuera porque esa costumbre, instalada para disimular que ha pactado con la derecha, sirve para tumbar proyectos del PP y que salgan los de PSOE y Podemos. De esta manera, el “tripartito” formado en Madrid contra el gobierno ni siquiera supone el paso a un régimen de Convención, de supremacía parlamentaria, sino el disloque ilógico e imprevisible.

Llevamos sin gobierno efectivo desde 2016, y Ciudadanos y Podemos no han llegado para estabilizar, sino para amoldar el régimen a sus expectativas"

En esta crisis del parlamentarismo hemos de sumar quizá lo más esencial desde un punto de vista sociológico: el clásico problema de la representación por la distancia entre los intereses de la gente manifestados en encuestas e iniciativas populares, y las decisiones de sus señorías, ya sean de los viejos o de los nuevos partidos.

El caso más flagrante ha sido el de la prisión permanente revisable. La incluyó el gobierno del PP en el Código Penal en 2015, en una equiparación con la legislación del resto de Europa. Ya entonces las izquierdas se rasgaron las vestiduras y lo llevaron al Tribunal Constitucional, que sigue sin contestar. Al año siguiente, Ciudadanos pactó con el PSOE un programa de gobierno que incluía la derogación inmediata de dicha medida, pero que olvidó poco después al pactar con el PP. Ahora, el tema lo ha sacado el PNV, quien intenta competir con Bildu en caridad con los presos etarras para que Otegi deje de subir en las encuestas. Todos se decidieron por la derogación menos el PP, claro, y Ciudadanos, que se abstuvo e incluyó un insulto a los populares: lo suyo, dijeron, es “demagogia punitiva”.

Luego llegó el caso de Diana Quer, que se unía a otros flagrantes y vergonzosos, como el de Marta del Castillo. La gente dijo basta, reunieron más de dos millones de firmas y las encuestas mostraron que un aplastante 80% estaba a favor de la medida punitiva. A partir de ahí, el tema, una vez más, se bastardea: Ciudadanos recula y el PP quiere agravar las penas, pensando ambos que de ahí pueden sacar rédito electoral.

Cuidado, porque todo ese discurso contra el bipartidismo, y las alharacas de los “nuevos” por su fin, según las encuestas, no viene con soluciones. Todo lo contrario: se está enquistando una crisis del parlamentarismo que se puede agravar si la reforma de la ley electoral es más proporcional aún.



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