La pandemia populista

Algunos ya habíamos advertido sobre lo nefasto que sería para el país este Gobierno homeopático cuya principal misión es la de la autopromoción institucional. Pero una vez más afloró esa mentalidad española que abraza al que promete un arcoíris perpetuo y gratuito, mientras expulsa al que advierte de los sacrificios para salir de la ciénaga. Nos hemos convertido en un país con una población envejecida, pero con una mentalidad infantil, que sólo acepta las malas noticias cuando su portador viene con una solución simplista bajo el brazo. Caso contrario, matamos al mensajero. Somos el caldo de cultivo perfecto para que aflore el populismo y se asiente en el poder por esa preferencia nuestra de primar el relato frente al dato.

Pero ni siquiera el populismo sanchista ha resistido los envites de la pandemia. El virus importado de China ha evidenciado que el Gobierno de “Su Persona” está desnudo, dejando sus vergüenzas a la vista de todos. La ineptitud y la escasa formación de muchos de sus ministros ya no sólo para prevenir, sino para afrontar esta situación de crisis, no es opinable. Lo demuestran día sí y día también en cada una sus intervenciones públicas pese a que el gabinete de prensa de La Moncloa les filtra las preguntas. Pero, lo que es peor, lo dejan patente en el BOE.

Nuestro boletín oficial se ha convertido en un intento de panfleto propagandístico de la gestión gubernamental de la crisis con el que camuflar un arma de destrucción masiva de empleo.

En un momento de confinamiento poblacional y desasosiego, en el que la situación requiere que las medidas adoptadas conlleven la menor proactividad posible por parte de los ciudadanos, el Gobierno se ha dedicado a parir normas de difícil comprensión que generan un enorme lastre burocrático. Algo que no debería sorprendernos viniendo de quienes conciben lo público como una coartada para aglutinar poder, y no como una herramienta para garantizar de formar efectiva y eficaz la igualdad ante la ley y la libertad. La burocracia es una correa de transmisión del poder hacia la sociedad, su particular manera de hacernos dependientes y someternos al decisionismo político. O dicho con otras palabras: de crear una ciudadanía mendicante.

El fin de semana anunciaron una prohibición del despido que no fue tal. Comunicaron un parón económico cuyas medidas se especificarían en un Real Decreto Ley (RDL) que se acabó concretando en una chapuza jurídica infame, con numerosas lagunas, errores e imprecisiones, y que se publicó escasos minutos antes de su entrada en vigor sumando en el desconcierto a ciudadanos y empresas.

Para no desmerecer todo este bochorno, inauguran la semana con la publicación de otro RDL con medidas urgentes en el ámbito social y económico. La lamentable técnica jurídica de la norma no puede ocultar su profundo trasfondo ideológico, en el que se vislumbra claramente la mano de Podemos. Decisiones enfocadas a satisfacer, aunque sea superficialmente, a su potencial bolsa de votantes mientras menosprecian a los autónomos y empresarios de nuestro país. Al fin y a la postre, ellos odian el libre comercio, porque el emprendimiento empresarial genera formas de sustento al margen del poder, y bien es sabido que los estómagos agradecidos están en la base del pensamiento cautivo.

La norma crea un entramado de trámites y papeleo ininteligible, que por momentos te teletransporta a la genial película de René Goscinny y Albert Uderzo “Las doce pruebas de Astérix”

La norma crea un entramado de trámites y papeleo ininteligible, que por momentos te teletransporta a la genial película de René Goscinny y Albert Uderzo “Las doce pruebas de Astérix”. Concretamente al momento en el que los romanos exigen al galo y a su compañero Obélix que se enfrenten a la burocracia romana para conseguir un formulario administrativo. Algo que lleva a estos héroes de ficción al borde de la locura.

En el RDL se contemplan moratorias o aplazamientos para el pago de alquileres, hipotecas y cuotas de la Seguridad Social. Les intentaría hacer un resumen claro de los requisitos para acceder a cada una de estas “ayudas”, pero me lo impide la verborrea legislativa empleada: les confieso que hay trabalenguas que no me siento capaz de desentrañar en el espacio limitado de una columna de opinión.

Lo que sí que les puedo confirmar es que, en lo que a autónomos y empresas se refiere, el adjetivo “urgente” de la denominación es incierto. No es más que parte de una enorme muestra de los fuegos artificiales autocomplacientes y mitineros a los que, tristemente, nos tienen ya acostumbrados. Muestra de ello es que la norma no contempla los requisitos para que los autónomos puedan acceder a la moratoria en el pago de las cuotas de la Seguridad Social. No, no estoy de broma: habrá que esperar a que se publique la orden ministerial correspondiente que los regule. Medidas urgentes, pero para mañana.

A falta de urgencia, lo que sí que tenemos es imprecisión, inflexibilidad e ineficacia. Los autónomos sólo podrán aplazar las cuotas de mayo y junio, a pesar de que la vicepresidenta Nadia Calviño aseguró que la moratoria abarcaría la de marzo. No es que improvisen, es que mienten. Porque lo que les queda en la retina a aquellos a quienes no afecta la medida es el anuncio. Y a los autónomos ya se nos pasará.

De lo que sí que no se han olvidado nuestros legisladores pandémicos es de comprar la complicidad y los silencios informativos de los medios de comunicación afines

Quienes soliciten la moratoria del pago del alquiler o de la hipoteca tendrán que cumplir, sin excepción, una larga lista de requisitos que dejan fuera a buena parte de la clase media trabajadora española. Por ejemplo, para el aplazamiento del alquiler ninguna de las personas que integran la unidad familiar podrá tener más de una vivienda en propiedad o usufructo. Da igual que se trate de una vivienda heredada en régimen de copropiedad, que de esos otros inmuebles no se obtenga ingreso alguno o incluso que sean generadores de un gasto (hipoteca).  Es más: si ese otro inmueble esté alquilado pero el arrendatario no satisface el alquiler, se aumentan las trabas legales para desahuciarlo. Un totum revolutum absurdo que sólo cobra sentido cuando se examina desde el prisma del odio ideológico hacia la clase burguesa propietarista por parte de quienes predican a la clase obrera desde su chaletazo en Galapagar.

De lo que sí que no se han olvidado nuestros legisladores pandémicos es de comprar la complicidad y los silencios informativos de los medios de comunicación afines. Bajo el empalagoso y pomposo encabezado de “compensación temporal de determinados gastos de cobertura poblacional obligatoria del servicio de televisión digital terrestre de ámbito estatal”, ocultan una subvención de quince millones de euros a sus súbditos mediáticos. Porque son conscientes de que en esos medios recae la tarea de anestesiar nuestro espíritu crítico como ciudadanos, de embadurnar con la melaza de la unidad la cruda realidad, de que sigamos prefiriendo el arcoíris y los unicornios al conocimiento y a la verdad. Que lo consigan o no, ahora más que nunca, es nuestra responsabilidad.

El tiempo que se pierde en recurrir a una mentira y sostenerla es proporcional al que se deja de invertir en la necesaria transformación de la realidad.