Ahora resulta que la inviolabilidad por las opiniones vertidas es un privilegio legal del que no sólo gozan el Rey o los diputados y senadores cuando, en ejercicio de sus funciones, sueltan alguna barbaridad que, para el común de los mortales, podría ser constitutiva de un delito de injurias o calumnias. Parece que también es una prebenda de la que disfrutan los artistas, concretamente los cantantes, cuando se expresan rapeando.

No es que se lo haya leído a un tuitero random u oído a un youtuber en busca de likes: es lo que se infiere de las declaraciones de varios miembros del Gobierno, representantes de la soberanía nacional en el Congreso y otros cargos y cargas públicas que se han mostrado críticos con el ingreso en prisión del rapero Pablo Hasél por un delito de enaltecimiento del terrorismo.

Ahora entiendo yo por qué Concha Velasco le cantaba a su madre que quería ser artista, pues no difiere mucho de reina o congresista. ¡Ay pillina! Quién nos iba a decir que lo que seducía a la gran Concha del mundo del artisteo no era la fama o el dinero, sino la posibilidad de situarse por encima de la ley.

“Mamá, quiero ser artista,

¡Oh! Mamá, ignorar la ley como progresista”

Pues lamento comunicar a aquéllos que pretenden utilizar unas pretendidas expresiones artísticas como eximente, que ni tienen idea de arte, ni de derecho penal.

Respecto a la primera cuestión, me van a permitir citar este párrafo de Oscar Wilde incluido en el prefacio de El retrato Dorian Gray: “El artista no tiene preferencias morales. Una preferencia moral en un artista es un imperdonable amaneramiento de estilo”. He aquí un alegato maravilloso del autor contra la censura moralizante, ésa que pretende imponer a los creadores límites de índole subjetivo. El arte puede situarse por encima de la moral, revolvernos las entrañas y hacer que nos cuestionemos nuestras más profundas convicciones. A su sabio juicio dejo si Hasel es digno de ser considerado un artista o no da ni para mamarracho. Para gustos los colores.

Delitos de odio y terrorismo

No obstante, el arte ni es una eximente ni está por encima de la ley. Como manifestación de la libertad de expresión, no es un derecho absoluto, no importa si se canta, baila, recorta o colorea. El derecho del artista a expresarse acaba donde empieza el derecho de terceros, siendo el Código Penal el que establece, en base a una serie de criterios objetivos, cuáles son estos límites: la justificación y/o incitación explícita a la violencia – enaltecimiento del terrorismo, delitos de odio-, la calumnia y la injuria.

Otra afirmación escuchada estos días -que también es incierta- es que en España “la libertad de expresión está penada”, frase pronunciada por una exmagistrada del Supremo, Margarita Robles, que bien podrían haber perpetrado Adriana Lastra o Echenique. Necesitamos un comité de expertos integrado por epidemiólogos que explique por qué, en los partidos del Gobierno de coalición, la estupidez se propaga con la misma rapidez que el coronavirus. A Hasel no lo han condenado en firme por expresarse cantando, que parece mentira que haya que decirlo y explicarlo, sino por enaltecer el terrorismo. Es cierto que tiene otras condenas pendientes por otros delitos, ya que el muchacho gusta tanto de expresarse con sus cuerdas vocales como con sus puños, pero la sentencia que lo ha llevado a prisión es, entre otros delitos, por enaltecer el terrorismo de ETA, Tierra Lliure, los Grapo o Al Qaeda, en las letras de sus canciones.

En cualquier Estado democrático y de Derecho que se vanaglorie de serlo estas expresiones están y estarán penadas, precisamente para proteger la libertad y la dignidad de las personas a las que se refieren las letras

El “arte” de este personaje incluía expresiones como "¡Merece que explote el coche de Patxi López!", "No me da pena tu tiro en la nuca, pepero. Me da pena el que muere en una patera. No me da pena tu tiro en la nuca, socialisto", "Que alguien clave un piolet en la cabeza de José Bono", "Pena de muerte ya a las Infantas patéticas, por gastarse nuestra pasta en operaciones de estética", "Prefiero grapos que guapos. Mi hermano entra en la sede del PP gritando ¡Gora ETA! A mí no me venden el cuento de quiénes son los malos, sólo pienso en matarlos", "Merece también un navajazo en el abdomen y colgarlo en una plaza" etc. En cualquier Estado democrático y de Derecho que se vanaglorie de serlo estas expresiones están y estarán penadas, precisamente para proteger la libertad y la dignidad de las personas a las que se refieren las letras, cuyos derechos son igual de importantes que los del presunto artista.

Afirmar como hacen muchos juristas que una condena por estos hechos se aparta del criterio de los tribunales europeos tampoco se sostiene. La jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) establece en los discursos de odio (entre los que se encuentran el enaltecimiento y justificación de la violencia terrorista) uno de los límites a la libertad de expresión. Para empezar, el Convenio Europeo de Derechos Humanos declara en su artículo 10 el derecho de toda persona a la libertad de expresión, lo que determina que por los Estados deba conferirse protección “no sólo a las ‘informaciones’ o ‘ideas’ que son favorablemente recibidas o consideradas como inofensivas o indiferentes, sino también para aquellas que chocan, inquietan u ofenden al Estado o a una fracción cualquiera de la población. Pero como reconoce el propio TEDH, este pluralismo y tolerancia intrínseco a las sociedades abiertas y democráticas ha de contar con límites. Ninguna libertad es absoluta, y el propio Convenio dispone que su ejercicio conlleva “deberes y responsabilidades” (art. 10.2 CEDH).

Injurias y calumnias a la Corona

En las sentencias del TEDH respecto a esta cuestión subyace una regla lógica y elemental: nadie puede ampararse en el ejercicio del propio derecho para destruir los derechos de los demás. Tal y como les decía antes, los señalados por Hasel no tienen menos derechos que él simplemente porque no se dediquen a rapear o no profesen la ideología del susodicho.

Es cierto que a España le han dado algún toque desde las instancias judiciales europeas por delitos relacionados con la libertad de expresión, pero no precisamente por los de enaltecimiento del terrorismo, sino especialmente por los de injurias y calumnias a la Corona y otras instituciones del Estado. No es que desde Europa nos impongan que aceptemos que uno pueda proferir las barbaridades que estime conveniente contra el Rey o la presidenta del Congreso de los Diputados, sino más bien que los requisitos para poder proceder contra el autor sean los mismos que se aplican a cualquier hijo de vecino. Básicamente, que se persigan a instancia del afectado y no de oficio por la Fiscalía o, lo que para mí es más importante, que quepa oponer frente a la querella por injurias o calumnias la exceptio veritatis: si el presunto calumniador prueba la verdad del hecho, la conducta será atípica. Pero éste es otro tema con el que pretenden entretenernos para que olvidemos lo fundamental.

La mayoría no ha escuchado un tema del cantante en su vida y simplemente repiten como loros que lo han condenado por cantar, que viene a ser como decir que Bárcenas fue condenado por emitir recibos

Porque nada de esto va sobre Hasel ni sobre su libertad de expresión. A los violentos que llevan noches provocando altercados y daños en el mobiliario e instalaciones públicas y privadas de varias de nuestras ciudades eso no les importa lo más mínimo. La mayoría no ha escuchado un tema del cantante en su vida y simplemente repiten como loros que lo han condenado por cantar, que viene a ser como decir que Bárcenas fue condenado por emitir recibos. Su lucha general es contra el sistema, ahora particularizada en el poder judicial ya que “los suyos” están instalados y campan a sus anchas en Moncloa. Los Tribunales son el último muro que protege el Estado de Derecho de quienes pretenden ideologizar el Código Penal.

Justicia ha anunciado la revisión de los “delitos de libertad de expresión” y les confieso que a mí me da pavor, aunque no me sorprende en absoluto. Con el pretexto del caso de La Manada agitaron las aguas con el objetivo de colarnos una reforma sectaria de los delitos contra la libertad sexual que profundiza en la lucha de sexos iniciada por la ley de violencia de género. De igual forma, la impostada alarma social activada y alentada desde el propio Gobierno a costa del caso Hasel va a ser el catalizador óptimo para otra reforma legislativa, que acabará con el enaltecimiento del terrorismo como delito mientras tipificará la apología del franquismo pero no la del comunismo. Porque la libertad de expresión acabará siendo patrimonio exclusivo de aquéllos que profesen la ideología correcta.