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Jesús Cacho

Opinión

El caso Jorge Pérez o la impudicia del Banco de España

Fachada del edificio del Banco de España en Madrid.
Fachada del edificio del Banco de España en Madrid. Eduardo Parra / Europa Press

Jorge Pérez Ramírez, 62, ocupaba la dirección general de Regulación del Banco de España (BdE) cuando, en diciembre de 2010, se creó Bankia, resultado de la fusión de siete Cajas de Ahorro reducidas básicamente a dos: una Caja Madrid que, con dificultades, hubiera podido vadear la crisis sin mayor problema, y una Bancaja que era en sí misma un pozo sin fondo capaz de arruinar la cartera más saneada. Para enmascarar el gatuperio de aquel SIP (Sistema Institucional de Protección, también conocido como “fusión fría”) que dio lugar a la operación, el engendro presidido por Rodrigo Rato, príncipe destronado del aznarismo, pretendió que las pérdidas detectadas en la coyunda se llevaran contra reservas, donde eran más fácilmente enmascarables, en lugar de contra resultados. El banco entonces gobernado por Miguel Ángel Fernández Ordóñez, alias MAFO, pidió un informe a la Dirección General de Regulación y otro a su homónima de Supervisión, siendo así que solo la primera era competente para entender del caso. Y Jorge Pérez dice que eso no se puede hacer, que es un fraude, y su colega de Supervisión dice lo contrario, que adelante. Primera vulneración de la legalidad y primer tropiezo de Pérez con la “autoridad competente”.

En julio de 2011 y ante la falta de liquidez para formalizar las reservas de capital exigidas por los acuerdos de Basilea II, Bankia saca a bolsa el 55% de su capital a un precio de 3,75 euros la acción, con la intención de conseguir dinero por la vía rápida apelando al bolsillo de los ahorradores. Engañando al prójimo, todo sea dicho, con el visto bueno del BdE. Apenas unos meses después, con la acción en caída libre (1,57 euros en mayo 2012), estalla el "caso Bankia" en los tribunales, y el juez Andreu (Audiencia Nacional) encarga un informe a dos peritos independientes que en diciembre de 2014 concluyen que aquella salida fue “fraudulenta”, lo que enciende todas las alarmas en el caserón de Cibeles. Solo ante el peligro, Luis Linde, sucesor de MAFO en el cargo a partir de junio de 2012, idea una ridícula estratagema consistente en que el FROB (dueño del 100% de BFA, matriz de Bankia, y presente en la causa) pida al BdE un contrainforme para desmentir aquél, olvidando que FROB y BdE son la misma cosa. Y vuelve a cometer la ilegalidad de pedir opinión a Regulación y a Supervisión, y ocurre lo mismo que antaño: que, resistiendo todas las presiones, Pérez le da la espalda: “Esto no se podía hacer y se hizo, de modo que ahora no contéis conmigo para desacreditar el informe de los peritos”. La cúpula del BdE ya tenía identificado al “enemigo” dentro de casa. Hasta el punto de que Pérez, que aspiraba a ganar posiciones en el escalafón por méritos propios, ve frenada en seco su carrera. Es lo que suele pasar en el antiguo banco emisor desde tiempo inmemorial, desde el famoso Mariano Rubio, protagonista del escándalo Ibercorp: que aquellos que no agachan la cabeza y no se pliegan a los dictados del mando, aquellos que levantan la voz ante prácticas infames, son degradados o enviados a galeras de provincias donde, entre otras cosas, ven su nómina menguada por falta de pluses, bonus y demás.

-Igual es mejor que no seas jefe ya…

Palabra de Fernando Restoy, subgobernador, en pleno 2015. Pérez decide entonces dimitir de su cargo al frente de Regulación, aunque opta por seguir en la casa como simple currito.

Convertido en testigo clave de lo ocurrido en Bankia, la Justicia sigue su lenta pero inexorable marcha y el 6 de mayo de 2019 llama a testificar a Pérez ante la juez Ángela Murillo, presidenta del tribunal, y lo que cuenta no tiene desperdicio: “El valor de Bankia no reflejaba la imagen fiel de sus libros", ya que, según éstos, la entidad valía 15 euros por acción y salió a cotizar en 3,75 euros, “un descuento de entre el 70% y 80%, una contradicción absoluta con los estados financieros que el propio folleto contenía. No puede ser que se muestre una compañía que parece oro y se venda a precio de cobre. Si te regalan una casa valorada en un millón de euros y me vendes la mitad por 100.000 euros, la casa vale 200.000, no puede valer un millón”.

¡Le hemos pillado!

Algún tiempo antes, octubre de 2018, se había producido la filtración de una grabación de la subgobernadora, Margarita Delgado (“Se acabó el defender a la banca española”), así como la publicación por el periodista Ernesto Ekaizer del correo de despedida del ex director general de Supervisión, Julio Durán. El nuevo gobernador, Pablo Hernández de Cos (nombrado en mayo por un Rajoy ya con un pie en el estribo de la moción de censura), ordena una investigación interna que descubre que treinta y tantos empleados han enviado el correo de Durán a otras tantas personas de dentro y fuera de la casa. Y uno de esos treinta y tantos se llama precisamente Jorge Pérez, que se lo ha remitido a su propio domicilio. Sorprendentemente, el BdE decide investigar sólo a Pérez (“indicios de quebrantamiento del secreto profesional”) olvidándose del resto, y a través de su ordenador personal descubren que durante dos semanas ha estado manteniendo contactos con Ekaizer. La conclusión es automática: ¡Le hemos pillado, ha sido usted el autor de la filtración!

Animados por este descubrimiento, el Banco decide investigarlo retrospectivamente desde el 1 de enero de 2016 en adelante, sacando a relucir cerca de 47.000 correos extraídos de su ordenador durante ese periodo, la mayoría de los cuales sin la menor relación con el litigio de marras. Después de una reunión con tintes amenazadores (“tenemos pruebas más que suficientes para concluir que desde hace tiempo usted ha estado filtrando información reservada a personas ajenas a la institución”), Pérez, un hombre que se las tuvo tiesas tanto con MAFO como con su sucesor, Linde, es despedido (“deslealtad”) el 31 de julio de 2019, apenas tres meses después de que declarara como testigo en el caso Bankia, dejando a los pies de los caballos a la cúpula de la institución.

El estrambote del caso lo pone la propia dirección del BdE que, para dar una cierta apariencia de legalidad a lo que, en apariencia, no pasaba de ser un acto de represalia contra un funcionario dispuesto a cumplir con su deber, no se le ocurre cosa mejor que contratar los servicios de un auditor externo, que curiosamente resultó ser Deloitte (una de sus filiales), una firma metida hasta las cachas en el barro del escándalo Bankia, que auditó las cuentas de la entidad antes de su salida a bolsa, y que como persona jurídica está imputada por la juez que lleva el caso. Contratan a Deloitte para que realice un informe “forensic” sobre un funcionario que ha declarado ante esa misma juez en contra del trabajo de Deloitte. Y como no podía ser de otra forma, Deloitte se limita a corroborar las conclusiones que la cúpula del BdE había extraído previamente.

Contratan a Deloitte para que realice un informe “forensic” sobre un funcionario que ha declarado ante esa misma juez en contra del trabajo de Deloitte

De esta sorprendente contratación nos hemos enterado esta semana, con ocasión del juicio por el despido de Pérez que el jueves 12 tuvo lugar en un juzgado de Madrid, asunto que fue desvelado en la sala de vistas por el propio equipo jurídico del BdE, se supone que de forma obligada y para disgusto de los rectores de la casa. En el juicio, el ex alto funcionario ha sostenido que su despido fue una simple represalia por haber denunciado las irregularidades que rodearon la salida a bolsa de Bankia, haber advertido que algunas de las cosas que se hicieron no se podían hacer, y haber puesto, en suma, a la cúpula del antiguo banco emisor contra las cuerdas. Las fuentes consultadas sostienen que la “cacería” perseguía dos objetivos: dañar la reputación de Pérez, por un lado, haciéndole partícipe de algún tipo de conspiración para desacreditarle como testigo (“pensaron que si se cargaban a Pérez acababan con el caso Bankia”), y enviar una advertencia, por otro, a aquellos funcionarios de plantilla con espíritu crítico bastante como para discrepar de la línea oficial.

Miedo en el Banco de España

Poner en la calle a Pérez, en efecto, buscaba asustar al resto del personal y forzarle al silencio. “La verdad es que hay mucha gente acojonada, porque, más allá de los correos, todo el mundo se manda temas para leer y trabajar en casa”. Provocar una situación de pánico interno que permita a la pequeña elite rectora seguir haciendo de su capa un sayo, ocasionalmente al margen de la ley y casi siempre en contra de los intereses generales, como ha venido siendo norma en el caserón de Cibeles desde hace décadas. No se puede negar que a los MAFO de turno les ha funcionado la estrategia del miedo. Responsables casi únicos de la quiebra del sistema de Cajas que obligó a España a aceptar un rescate en el que se emplearon 42.000 millones, los causantes del desastre, que previamente se habían encargado de desactivar a los servicios de Inspección para que no incordiaran al lobby político atrincherado en las Cajas con sus anuncios catastrofistas, se han ido de rositas, pasean tranquilamente por la calle e incluso dan conferencias, cuando muchos de ellos, empezando por el tan mentado MAFO, deberían estar entre rejas, estos sí, y por mucho tiempo.

Enfrentados al incierto futuro de un Gobierno frentepopulista con el respaldo de un partido como ERC que quiere acabar con el régimen constitucional, es posible que mucha gente considere lo aquí descrito como un asunto menor desde la perspectiva de la tormenta que viene. Hace un par de semanas se comentaba aquí (“El Gobierno de Pedro y Pablo y las instituciones”) que “La salud de una democracia se mide por la calidad de sus instituciones, por su independencia frente al Ejecutivo, y por su capacidad para defender los intereses generales por encima de los particulares”. Y se citaban tres ejemplos de buen funcionamiento reciente, caso de CNMC, CNMV y AIReF. El Banco de España, que curiosamente goza de un Estatuto de Autonomía garantizado por una institución supranacional como el BCE, se encuentra, por el contrario, en las antípodas de cualquier clase de elogio, como ejemplo lacerante que es de ese tipo de servidor público que, en lugar de cumplir con su deber, opta por servirse del cargo, elude las responsabilidades inherente al mismo, y se esconde en caso de conflicto. Se trata de medrar y que salga el sol por Antequera. Toda una flagrante evidencia de lo que nos pasa.

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