De “pe a pa”, leído y transcrito el artículo 3.1 de la Constitución (C.E.) aprobada en referéndum, hecho insólito en la historia de España, con su punto seguido bien marcado por los padres fundadores de la democracia del 78: “El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla”. ¿Qué parte del texto no se entiende? Pues en manos de nuestros actuales gobernantes salta a la vista la falta de comprensión lectora, a sabiendas. Como los estados del sur de Estados Unidos, segunda mitad del siglo pasado, cuando se negaban a cumplir las leyes federales anti-segregación en defensa de la igualdad, ya fuera en las aulas o en los transportes, en la vida en general. Véase aquella imagen de una niña acompañada por la policía en el colegio vetado para su color de piel.
La portavoz de la Generalitat catalana rescata el viejo argumento de la supremacía frente a la sentencia del Tribunal Supremo que mantiene un 25% de la enseñanza en castellano: “Es una vulneración flagrante al derecho de la mayoría de las familias y los alumnos del centro […] Que un solo alumno obligue a cambiar la lengua al resto es por lo menos sorprendente”. ¿No será que el sistema educativo, no solo en Cataluña, incumple el artículo 3 en su punto 1? Después, no antes, aparece un también en el 3.2: “Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos”. Nada menos que 43 años después de la aprobación de la Constitución, quienes reclaman su cumplimiento sufren estigma y señalamiento.
La Generalitat, lejos de amparar al niño y a los padres que reclaman su derecho, al cobijo del 3.1 de la C.E., los abandona, expuestos a la lapidación y escarnio de sus vecinos y demás grupos de acción directa. De “Pe a pa", los ultranacionalistas avanzan hasta la eliminación total del castellano en la enseñanza. La inmersión en catalán se ha convertido en la herramienta de la ya imparable construcción nacional. Quienes se ponen en su camino con la Constitución en la mano solo tienen dos opciones: o someterse o marcharse. Lo demás, al inventario donde quedó en un intento malgastado por el partido Ciudadanos el día que decidió abandonar al millón largo de votantes y sus correspondientes anhelos en favor la convivencia bilingüe y constitucional frente al aplastamiento nacionalista.
La Generalitat, lejos de amparar al niño y a los padres que reclaman su derecho, al cobijo del 3.1 de la C.E., los abandona, expuestos a la lapidación y escarnio de sus vecinos
El 6 de diciembre de 2021, al sol de una mañana fría de invierno, el presidente Sánchez y la presidenta del Congreso, Batet, hicieron con su parte un todo al abrigo del aniversario constitucional. Como si la democracia no existiera antes de su llegada. La culpa de la falta de consenso es del PP, sin hacer examen de conciencia. Hasta tres veces el Tribunal Constitucional ha dejado bien claro que no se puede obviar al Parlamento en una situación de emergencia nacional como la actual pandemia. A Sánchez y a Batet les han resbalado las ilegalidades cometidas al prescindir del Legislativo como custodio de los derechos fundamentales que el confinamiento domiciliario recortó de un tajo.
Las formas, en las democracias, hay que guardarlas hasta la exageración. En cuanto se traspasan los límites, nace el autoritarismo
La necesidad por razones de salud de las restricciones a las libertades se puede entender con mucha pedagogía. En cambio, las maneras de tomar las decisiones sin el permiso previo del parlamento, en vez de la mecánica convalidación de un decreto para seis meses, quedan fuera de su lugar constitucional. La cuestión era el procedimiento. Las formas en las democracias hay que guardarlas hasta la exageración. En cuanto se traspasan los límites, nace el autoritarismo y en esta pandemia se ha avanzado hacia terrenos impropios de un sistema de libertades. ¿Cuál será el siguiente pretexto para quienes demuestran su alergia al control parlamentario y su falta de respeto a las formas de la democracia liberal
De “pe a pa” es una frase que suena hueca para defender la Constitución en boca de un presidente del Gobierno que negocia su sostenimiento en el poder con quienes practican el acoso al sistema del 78 sin matices y sonrojos como ocurre con el caso del niño de cinco años, y sus padres, en Canet de Mar.
El aniversario de la aprobación en referéndum de la Constitución, tras unas elecciones generales y otro referéndum de reforma política, se ha convertido en un trámite en manos de quienes creen que ha llegado el momento de acabar con el 78 mientras sostienen a cambio al actual presidente del Gobierno. Las consecuencias de los hechos presentes se van a ver mucho antes de lo previsto. La presión sobre el marco constitucional empieza a asomar las grietas de estructura.
Cada mes de vida de la legislatura saldrá más caro. Y en las actuales condiciones, dependiendo del nacional populismo, resultará casi impagable cuatro años más, aunque con Sánchez lo contrario siempre es viable. De “pe a pa” cumplirá con el artículo uno de su supervivencia.
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