Hará 20 años, mi madre me contó muy asustada el calvario por el que estaban pasando unos conocidos suyos, cuya hija se había divorciado de un vivalavirgen con problemas de adicciones. Poco después de la separación, el susodicho se había mudado a Andalucía, y ni ella ni sus dos hijos —que eran muy pequeños— habían vuelto a saber de él. Afortunadamente, ella tenía trabajo y no sólo ganaba suficiente para mantener a los niños, sino que, además, los tres contaban con el calor y la protección de la red familiar, de modo que las cosas les iban más o menos bien.  Pero cuando el hijo mayor tenía once años, ella murió en un accidente.

Los abuelos, rotos de dolor, se llevaron a los nietos a vivir con ellos; pero como estos cobraban unas buenas pensiones de orfandad, el exyerno reapareció cual Guadiana y los reclamó desde Sevilla. Aunque los abuelos intentaron impedirlo, el Estado no tuvo en cuenta sus antecedentes como padre y le concedió la custodia de los pequeños. Así, antes de que hubieran empezado a superar la muerte de la madre, los separaron de sus abuelos y los enviaron a cientos de kilómetros con un hombre al que ya no conocían. Pocos meses después, se confirmaron los peores temores de todos: los niños faltaban mucho a clase; y los pocos días que asistían, lo hacían en tan malas condiciones que el director del colegio llamó a Asuntos Sociales.

Aunque los abuelos se ofrecieron a hacerse cargo de los niños, Asuntos Sociales decidió dar otra oportunidad al padre y los mandó a una residencia de menores para que pudiera visitarlos, cosa que hizo un par de veces, al principio, a lo largo de cuatro años. Cuatro años. Ese fue el tiempo —además del dinero gastado en abogados— que tardaron los abuelos en recuperar a sus nietos. Ya entonces, las residencias de menores eran hospicios modernos gestionados por oenegés en los que cada menor es una cuenta de resultados. Por eso no hay prisa en que los residentes vuelvan con sus familias: a mayor número de niños, mayor negocio.

No tenemos dinero para construir viviendas de protección oficial o pagar medicamentos para la leucemia infantil, pero sí para que cada africano disponga de un piso a un módico precio

Si esto ya era así hace 20 años, antes de que hubiéramos oído hablar del Tercer Sector y del fundraising de Bego, calcula el multimillonario business que se mueve ahora con la inmigración ilegal. La tomadura de pelo llega a niveles que ya cuesta trabajo esconder: estos días hemos sabido que la subvencionadísima oenegé Provivienda ha comprado 100 pisos en Canarias para alquilarlas por 340€ a inmigrantes africanos. Todavía hay palmeros viviendo en contenedores, muchos valencianos no pueden regresar a sus casas tras las riadas y miles de españoles se ven obligados a compartir porque los sueldos ya no dan ni para pagar el alquiler.

No tenemos dinero para construir viviendas de protección oficial o pagar medicamentos para la leucemia infantil, pero sí para que cada africano disponga de un piso a un módico precio. Estoy segura de que, si yo pido una subvención para comprar pisos y alquilarlos por ese precio a chavales de ocho apellidos españoles, no sólo no conseguiría un céntimo del Estado, sino que, además, me acusarían de racista, xenófoba y hasta puede que acabara en la cárcel por incitar al odio o algún otro delito moderno.

Bajo el epígrafe Asuntos Sociales se esconde una poderosísima máquina extractiva que, además de enriquecer a las oenegés y chiringuitos aledaños, es la herramienta con la que la ultraizquierda impone sus políticas, esas que nadie ha votado y que pueden convertir la vida del ciudadano anónimo en un infierno. Como, por ejemplo, el decreto 11/2020, que se promulgó por imposición de Podemos durante la pandemia y que ha vuelto a prorrogarse, una vez más, en el mermado decreto ómnibus. Pero esta proliferación de okupas e inquiokupas no habría sido posible si no se hubiera concedido a las charos y los aliades de Asuntos Sociales el inmenso poder de otorgar a placer la condición de vulnerable: ese salvoconducto que te vuelve inmune a las obligaciones —como, por ejemplo, pagar el alquiler— y te convierte en un ciudadano que sólo tiene derechos.

Y, no contentos con practicar la caridad en casa, también la hemos institucionalizado allende nuestras fronteras; gracias a la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, nuestra clase política puede robarnos cómodamente y sin dar explicaciones. De todo esto, antes no se hablaba o hablábamos sólo unos pocos perturbados, pero desde que Milei arrancó ministerios de una pizarra y, más especialmente, desde que Trump ha puesto a Elon Musk a auditar las cuentas de EEUU y a cerrar organismos  inútiles y perjudiciales, hay más personas interesadas en conocer el destino de sus impuestos y preguntándose si no habría otra manera de hacer las cosas. Y, precisamente por eso, asustada por la posibilidad de que los europeos exijamos motosierra, Von der Leyen ha anunciado esta semana la creación del Escudo Democrático Europeo, esa triquiñuela con la que anularán las elecciones —como ya han hecho en Rumanía— cuando votemos mal.

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