El independentismo catalán se ha quedado sin aval. Entre sus bases no consiguen reunir la cuantiosa suma de 5.400.000 euros impuesta por el Tribunal de Cuentas para no proceder al embargo de los bienes de más de una treintena de encausados por malversación de fondos públicos en la estrategia propagandística sobre las bondades de la independencia en el exterior.
Llama la atención que ninguna entidad bancaria, ninguna, haya decidido avalar la causa. Cuando se trata de tocar el bolsillo en aras de unos ideales por medio de una vía legal inadecuada, es evidente que la banca es la primera que no se fía. Más que reprochar al contrario o al tribunal por su actuación, el independentismo debería tomar nota y no utilizar dinero público, dinero de todos, para cubrir esa ingente cantidad que requiere el Tribunal para que no se le embarguen los bienes a los 34 encausados.
Respeto al dinero público
No voy a entrar a valorar si durante los años que se juzgan se utilizó en forma irregular dinero de las arcas públicas en la acción exterior de la Generalitat para recabar apoyos en su cruzada independentista. Tampoco voy a entrar en que los nacionalistas defiendan su causa como es lógico. En lo que creo que, como sociedad democrática, deberíamos fijarnos es en si es correcto el uso de lo público para apoyar determinadas causas con las que sintoniza una parte de la ciudadanía, bajo la ideología política que sea. No lo es. No sé si en este país se tiene suficiente respeto por lo que significa la acción o el servicio público, el papel de una institución o del gobernante de turno.
El Gobierno catalán asegura que es “técnicamente impecable” el aval que les ofrece el Instituto Catalán de Finanzas, un organismo público que debe proteger los intereses de los independentistas y de los que no lo son. En 2017 las cosas se hicieron mal, los propios impulsores del procés lo han reconocido y han pasado en la cárcel casi cuatro años. Así y todo, se siguen cometiendo errores importantes en esta nueva etapa que se ha abierto bajo la presidencia de Pere Aragonés y tras la concesión de los indultos.
Aragonés rechaza la invitación
Se puede estar de acuerdo o no en que ahora, tras cumplir parte de la condena por la declaración unilateral de independencia, se les reclame estos más de cinco millones de euros, pero en lo que se ha de ser muy riguroso es en el uso de los recursos públicos. A este sectario proceder del mundo independentista, se le suma que Aragonés se niegue a asistir a la cita de la Conferencia de presidentes del viernes porque “no aporta valor” en palabras del propio Gobierno. Error. No se puede desmerecer al resto de comunidades autónomas con las que convives y con las que durante este año y medio has estado luchando para vencer a una pandemia aun sin control.
No no asistir a un foro a defender lo propio transmite una imagen de soberbia, de prepotencia, que en nada beneficia a la imagen de Cataluña en general ni de los independentistas en particular. No por sentarse con el resto de presidentes de las demás comunidades autónomas se deja de ser independentista, eso se lleva en las venas. Para poder dialogar lo primero es reconocer el mundo político que les rodea y trabajar desde el gobierno por el bien de todos. Con esta actitud de negarse a acudir a la cita ya se evidencia la manera de proceder de un Gobierno que aseguraba que iba a actuar en forma diferente. El aislamiento y el sectarismo solo conduce a más aislamiento y más sectarismo, algo a desterrar de la vida pública. Cuídense.
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