El poder judicial es ya territorio de las mujeres, pero sigue gobernado por los hombres. La justicia no es más que un reflejo de la sociedad, pero debería ser un referente, ya que la composición de los órganos constitucionales, el Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional, compete a los partidos políticos. Los mismos que ahora se han puesto al frente de la manifestación del 8-M, pero que son incapaces de pactar listas paritarias cuando hay que renovar estas instituciones.
El éxito de la jornada del 8-M ha visibilizado las dificultades de las mujeres para ocupar puestos de poder. En el poder judicial este hecho es más incomprensible porque en la carrera judicial un 52% son mujeres y la cifra se eleva hasta el 67% en la fiscalía. De los 78 magistrados del Tribunal Supremo solo 12 son mujeres y ninguna preside una de sus cinco salas; de los 34 fiscales de sala (el generalato de la carrera fiscal) solo siete son mujeres y de los 12 magistrados del Constitucional únicamente dos son juezas.
Hasta 2002 no había una sola mujer entre los magistrados del Tribunal Supremo
Las explicaciones de esta anomalía son tan antiguas como falsas. Es cierto que las mujeres no pudieron ingresar en la carrera judicial hasta 1968, pero para acceder a la cúpula se exige a ambos sexos 15 años de antigüedad. Y ya no es válido el argumento de que los hombres son mayoría en los rangos de mayor edad o que sus currículos son más brillantes que los de las mujeres porque han dedicado más tiempo a otras actividades, como publicaciones, cursos o conferencias.
Por ello, las razones de esta discriminación hay que buscarlas en el sistema. Los hombres han ostentado un poder absoluto en el Supremo hasta el 2002, cuando fue nombrada la primera mujer. Y en el TC solo han sido elegidas seis mujeres frente a 57 varones en sus casi 40 años de existencia. Unas cifras que no casan con la mejor preparación de las mujeres que arrasan en las oposiciones para acceder a la carrera, pero a las que luego se discrimina a la hora de los ascensos.
Este problema real sigue sin ser una preocupación en el Consejo General del Poder Judicial, que guardó un significativo silencio el pasado 8-M. Y no de extrañar porque en sus casi cuatro años y medio de mandato solo ha designado a cuatro mujeres para el Tribunal Supremo, y a una para presidir uno de los 17 Tribunales Superiores de Justicia. La fiscalía, por su parte, reiteró su compromiso con las víctimas de la violencia machista y el TC celebró el día de la mujer, por primera vez en su historia, con un homenaje a la primera magistrada de esta institución, Gloria Beguè.
Los mismos partidos que han apoyado la huelga del 8-M son incapaces de pactar listas paritarias en las instituciones judiciales
La ex presidenta del Tribunal Constitucional María Emilia Casas fue la encargada de homenajear a Begué que llegó a ser vicepresidenta de esa institución después de romper muchos techos de cristal en la universidad. Casas agradeció a sus compañeros la celebración de este acto por la sensibilidad que “mostraron ante la desigualdad de la mujer”, y ofreció una explicación sobre la importancia de la jornada de huelga de las mujeres: “Se ha visto la necesidad de convocar un paro internacional de las mujeres como símbolo global de que es preciso parar para reflexionar y pensar qué sociedad futura queremos”.
Las mujeres interiorizaron esta necesidad y colapsaron las calles de casi todas las ciudades del país para decir “basta” el pasado 8 de marzo. Y es que la sociedad se enfrenta a grandes transformaciones con la llegada de la inteligencia artificial que los expertos vaticinan que va a favorecer a las élites. Por ello, en mi opinión, es preciso que todos, hombres y mujeres, nos pongamos a trabajar hombro con hombro y que se asuma de una vez por todas que “sin la mujer no puede haber justicia ni democracia”, como afirmó Casas en su discurso.
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