El nuevo desencuentro entre el PSOE y alguno de sus socios, sea en el Gobierno o en el Congreso, ha provocado que la ministra de Hacienda y con ella la política tributaria de Sánchez hayan quedado pública y absolutamente desnudas. En esta ocasión, la causa es el encontronazo se ha producido entre MJ Montero y Yolanda Díaz, vicepresidentas primera y segunda del Gobierno, y ha sido visibilizado incluso en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, evidencia retransmitida televisivamente del grado de descomposición existente en el Gobierno que preside Sánchez. El choque de trenes trae su causa en los efectos que provoca el último aumento del Salario Mínimo Interprofesional decretado unilateralmente por el Gobierno y las diferentes preocupaciones que suscita entre las dos principales colaboradoras de Sánchez. A fin de entender adecuadamente la cuestión, conviene recordar las consecuencias que se derivan del reseñado aumento.
La primera, incuestionable, es un aumento en el coste laboral de las empresas que tengan contratados a trabajadores perceptores del SMI. Su aumento de 700 euros anuales supone aumentar la cotización social a cargo del empresario en 250 euros lo que significa encarecer el coste por trabajador/año en 950 euros, poca broma. Considerado globalmente, dado el número de los trabajadores que perciben el SMI, este último aumento supone que los empresarios van a tener que pagar 2.400 millones de euros. Pero esta cifra no irá íntegramente al bolsillo de los trabajadores toda vez que de ese importe aproximadamente el 50% se lo quedará el Estado en forma de pagos a la Seguridad Social y al IRPF, en este caso por no actualizarse el mínimo exento del impuesto. En definitiva, el gran beneficiado del aumento del SMI será el Estado.
A Yolanda Díaz le resulta incomprensible que su colega MJ Montero quiera cobrar el IRPF a los trabajadores que perciben el SMI, y de ahí que haya montado en cólera y haya decidido mostrar públicamente que está encolerizada
Así las cosas, a Yolanda Díaz le preocupa que una parte del aumento del SMI se lo vaya a quedar el Fisco, 133 euros de los 700 en los que aquél ha subido individualmente. No le importa lo demás, ni el incremento de coste que individualmente vaya a suponer para cada empresa afectada ni el que globalmente suponga para el conjunto empresarial español. Visión solo parcial e incomprensible en una ministra de Trabajo por ignorar las consecuencias negativas que para el empleo pueda tener, va a tener, aumentar el coste laboral global de contratar y/o mantener contratado a un trabajador.
Y con esa visión solo parcial y técnicamente insuficiente, a Yolanda Díaz le resulta incomprensible que su colega MJ Montero quiera cobrar el IRPF a los trabajadores que perciben el SMI, y de ahí que haya montado en cólera y haya decidido mostrar públicamente que está encolerizada. A fin de cuentas, debe pensar ella, en función de la tarifa del IRPF y del número de trabajadores que perciben el SMI, lo que recaudará Hacienda por el aumento del impuesto será solo una cifra en torno a 300 millones de euros. Pensará ella que bien pudiera MJ Montero renunciar a su propuesta y adoptar las medidas necesarias para evitar que el aumento del SMI tributara en el IRPF.
Pero, claro, las cosas no son ni tan sencillas ni tan lineales como las percibe Yolanda Díaz porque el único modo, técnica y legítimamente aceptable, para evitar que los 700 euros en los que ha aumentado el SMI tribute en el IRPF consiste en elevar el mínimo exento del impuesto y ahí las cuentas son otras. Es así porque hacerlo afectaría a la totalidad de los contribuyentes del impuesto y eso implicaría una merma significativa en la recaudación global del IRPF. Basta con considerar que la base global gravada en el impuesto se reduciría en 15.000 millones de euros y dado que su tipo medio efectivo ronda el 16%, su recaudación se reduciría en aproximadamente 2.500 millones de euros. Reducción que sería lógica, justa, equitativa y legítima pues sería la consecuencia de una deflactación, al menos parcial, del impuesto, pero ya se sabe que la política tributaria de MJ Montero y de Sánchez está en las antípodas de lo que es justo, lógico, equitativo y legítimo. De ahí su negativa a aumentar el mínimo exento del IRPF y, consecuentemente, su decidida voluntad de hacer tributar el aumento del SMI.
El cuestionamiento legal es inevitable porque el modo en el que Sánchez y MJ Montero vienen utilizando fiscalmente a la inflación constituye el único impuesto que no es aprobado por ley, exigencia constitucional establecida en el artículo 133 de nuestra Carta Magna.
Una y otro siguen erre que erre utilizando la inflación como impuesto y no están dispuestos a que la pretensión de Yolanda Díaz les reduzca la dimensión de esa utilización pese a que resulte técnicamente aberrante, socialmente injusto y legalmente cuestionable. La aberración técnica consiste en que a los contribuyentes del IRPF se les aumenta la exigencia del impuesto pese a que sus ingresos reales se mantengan y su crecimiento sea solo aparente o en términos monetarios. La injusticia social obedece a que los afectados por lo anterior son principalmente aquellos cuyos ingresos provienen del trabajo o de una pensión. El cuestionamiento legal es inevitable porque el modo en el que Sánchez y MJ Montero vienen utilizando fiscalmente a la inflación constituye el único impuesto que no es aprobado por ley, exigencia constitucional establecida en el artículo 133 de nuestra Carta Magna.
En definitiva, sin saberlo y sin quererlo, Yolanda Díaz ha dejado públicamente al desnudo la ilegitimidad de una parte troncal de la política tributaria del Gobierno. Su bien intencionada pretensión de que los trabajadores que perciben el SMI no sean atracados por el Fisco ha permitido desvelar el atraco que Sánchez y MJ Montero perpetran al conjunto de los contribuyentes españoles. Por eso ni uno ni otra se lo perdonan. Pobre ministra de Trabajo, no sabe lo que le espera.
