El ministro de Cultura y Deporte, Màxim Huerta, creó una empresa para defraudar a Hacienda. No hace falta decir mucho más. Lo que se espera de un alto responsable público tras una acusación tan concluyente no es otra cosa que la dimisión o el cese fulminante. Importa menos en este caso la cantidad, aunque tampoco es este un dato intrascendente. Más de 218.000 euros defraudados en tres años es un montante lo suficientemente elevado como para que de ningún modo pueda considerarse un “accidente” fruto de la inexperiencia o del desconocimiento.
Huerta montó un sistema para eludir sus obligaciones fiscales, y lo hizo con rapacidad, apurando al máximo la cantidad que “distrajo” cada año, durante el período 2006-2008, a la Hacienda Pública. A la vista del relato de los hechos que hace la sentencia ahora conocida, no es temerario llegar a la conclusión de que de haber facturado una cantidad sensiblemente superior a la reconocida, el hoy ministro muy bien podría haber cometido tres delitos fiscales consecutivos (defraudar una cifra anual superior a los 120.000 euros) castigados cada uno de ellos con penas de prisión de uno a cinco años y multa de seis veces la cuantía defraudada.
Huerta montó un sistema para eludir sus obligaciones fiscales, y lo hizo con rapacidad, apurando al máximo la cantidad que “distrajo” cada año a la Hacienda Pública"
No hay ministro que haya ideado un sistema para eludir sus obligaciones fiscales y que a partir del conocimiento público del desmán esté en condiciones de preservar la autoridad política y administrativa que le ha sido concedida. Mucho menos está capacitado para ejercer la autoridad moral con la que exigir a los demás un comportamiento irreprochable. Y el Gobierno del que forma parte no podía de ningún modo asumir el riesgo de verse contaminado a las primeras de cambio por un personaje cuyo nombramiento, al margen de este episodio, y por exclusivas razones de falta de idoneidad profesional, nunca debiera haberse producido.
Pero una vez solventado el episodio con la dimisión del interesado, no conviene dejar pasar, sin al menos un breve comentario, dos secuelas de esta mini crisis. La primera es el sorprendente silencio del presidente del Gobierno ante la primera corruptela relacionada con su Ejecutivo, cuando tan severo y raudo se mostraba cuando estaba en la oposición. Pedro Sánchez debe sacar las conclusiones adecuadas de un incidente que ha puesto en evidencia sus reflejos y, lo que es peor, la fiabilidad de sus principios.
La segunda, y no menor, es el enorme agujero negro que existe en la Agencia Tributaria y por el que se filtran sistemáticamente datos personales de los contribuyentes sin que los responsables de Hacienda hagan nada eficaz por evitarlo. Cierto que en el caso de Màxim Huerta lo que se ha publicado es un documento que es público, una sentencia judicial, pero es inevitable la sospecha de que estamos ante otro caso de filtración interesada y programada, y ante la misma mano que mece la cuna de la destrucción de reputaciones. Una práctica que ya dura demasiado y a la que debe poner coto urgentemente este Gobierno.
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