Pedro Sánchez ha consumado este miércoles otro deshonroso episodio en su proceso de claudicación ante el independentismo catalán. Dos delegaciones del Gobierno de España y del Govern de la Generalitat de Cataluña se reunieron durante tres horas en una mesa de La Moncloa para oficiar una supuesta negociación entre dos Estados. Y los propagandistas del Ejecutivo desplegaron una parafernalia acorde para la ocasión: retransmisión en directo de la llegada de los convocados y una coreografía ampulosa hasta el ridículo.
La singular ceremonia, bautizada con hipócrita artificio como el primer paso de la 'agenda del reencuentro entre España y Cataluña', ha sido un nuevo testimonio de la postración del Gobierno socialista ante las insaciables exigencias del independentismo. Desde la perspectiva de la ley, nada de lo que los secesionistas han colocado sobre la mesa es negociable. Tanto la autodeterminación como la amnistía a los condenados del procés son cuestiones que desbordan ampliamente nuestro actual ordenamiento jurídico, por lo que difícilmente se podrá llegar a acuerdo alguno que no suponga romper con el orden constitucional, de ahí la enorme inquietud que genera que este tipo de reuniones se vayan a celebrar a partir de ahora una vez al mes.
Media Cataluña, ignorada
Esta es una mesa de la vergüenza, porque Sánchez ha humillado a la Nación al sentarse a negociar con un condenado por desobedecer a la Justicia, Quim Torra, y también al aceptar como interlocutor a Josep María Jové, imputado como 'cerebro' del referéndum ilegal del 1 octubre de 2017. Por no hablar de que, aparte de tratar a Cataluña de igual a igual, insulta al menos a la mitad de los catalanes al considerar que los ocho independentistas presentes este miércoles en La Moncloa representan los intereses del conjunto de los ciudadanos de esa región. Nada más lejos de la realidad. El Gobierno se equivoca al tomar una parte por el todo y al asumir mansamente los postulados del secesionismo.
Además, resulta descorazonador que el Gobierno conceda a Torra honores de jefe de Gobierno, permitiéndole intervenir desde la sala de prensa donde sólo hablan los mandatarios extranjeros que visitan La Moncloa, y no desde la sala aledaña donde suelen intervenir los presidentes autonómicos. Y es quizás mucho más grave que el Ejecutivo acepte que un señor se dirija a los medios de comunicación hablando de "españoles y catalanes" como si los segundos no fueran parte de los primeros. Luego está la omisión deliberada de la palabra Constitución, como si produjese urticaria sólo mencionarla, y que se sustituye por la expresión "marco de la seguridad jurídica".
Se trata, por tanto, de la rotunda plasmación de una nueva derrota del constitucionalismo. Sánchez se aleja de las resoluciones de la Justicia, de los dictados de los tribunales y se alinea del lado de los delincuentes en una ignominiosa estrategia que, de momento, le permitirá mantenerse en La Moncloa. El problema es saber hasta dónde está dispuesto a llegar con tal de seguir en el poder y, en caso de que finalmente decida atenerse a la ley, cuánto aguantarán los secesionistas sin levantarse de la mesa.
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