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Opinión

Meros rehenes en manos de un truhan

Asistimos, casi sin enterarnos, al desmantelamiento progresivo del Estado y sus estructuras a conveniencia exclusiva del capo di mafia

  • Pedro Sánchez, María Jesús Montero y Yolanda Díaz en el Congreso -

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Perdidos en el bosque de la tragedia inabarcable de Valencia, la arrogancia de Begoña, la golfería del jefe policial de Delitos Económicos que escondía 20 millones entre ladrillos, o el navajeo inmisericorde que diariamente exhiben Sánchez y sus socios, entre otras cosas que acontecen en la rua de esta malhadada España, no estamos prestando atención a asuntos de gran importancia que desfilan ante nuestras narices en silencio. El elefante en la habitación. Asistimos, casi sin enterarnos, al desmantelamiento progresivo del Estado y sus estructuras a conveniencia exclusiva del capo di mafia. El miércoles nos enteramos por El Correo y el Diario Vasco que el Gobierno Sánchez ha ampliado casi en secreto “la soberanía fiscal vasca” (sic) concediendo al Ejecutivo de Vitoria mayor capacidad normativa en una quincena de impuestos (IVA, sobre depósitos en entidades de crédito y sobre la producción de la energía eléctrica, entre otros), al tiempo que le permite captar más recursos de contribuyentes no residentes y le otorga visibilidad en organismos internacionales como el Ecofin. La ampliación de la capacidad de Ajuria Enea para regular tributos (una “reclamación histórica”, como la presencia de las haciendas vascas en foros de fiscalidad internacionales) supondrá la modificación de una veintena de artículos del Concierto Económico. "Todo ello redunda en un impulso al autogobierno económico-financiero de Euskadi, que redunda en mayor bienestar del pueblo vasco", sostiene el Gobierno de un tal Pradales. Felicidad a la que gustosamente contribuye Sánchez y su tropa rebajando, en el marco de este vergonzante acuerdo, el cupo que el País Vasco abona al Estado por los servicios que este sigue prestando a esa Comunidad, que pasará de 1.682 millones en 2023 a 1.504,5 en 2024, según contaba aquí Mercedes Serraller el viernes. Al supuesto “bienestar” de los vascos sigue contribuyendo resignadamente Juan Español, que sigue pagando la cuenta del déficit de las pensiones vascas, las más generosas del país.

 

La reunión (telemática) que ha desembocado en este acuerdo no figuraba en la agenda del Gobierno vasco, ni constaba en la actividad pública de la ministra Montero, la firmante del nuevo regalo, que todavía no ha dado la menor explicación a la ciudadanía. Sánchez funciona así, dispone de los bienes del Estado a su conveniencia, regala lo que no es suyo, porque es de todos, a sus socios de investidura según se lo van exigiendo. Los españoles somos meros rehenes de un truhan, siervos de la gleba condenados a asistir en silencio al desmantelamiento de la nación de ciudadanos libres e iguales. Cuenta Serraller que las medidas fiscales que el PNV acaba de arrancar estaban recogidas en el pacto rubricado con el PSOE el 13 de noviembre de 2023 a cambio de la investidura de Sánchez, pero como ocurre siempre con las promesas de este sujeto, habían ido a parar al limbo de los justos. Ocurre que la práctica independencia fiscal (cupo catalán) que Sánchez ha pactado con los separatistas de ERC a cambio de su apoyo a la presidencia de la Generalidad de Salvador Illa, ha levantado las suspicacias de los independentistas vascos, que temen que el canalla de Moncloa, que lleva seis años cortando el jamón de lo público, haya llegado ya al puro hueso, de modo que puede estar cercano el día en que ya no tenga nada más que ofrecerles. El propio Otegi se ha mostrado preocupado por que al Estado no le quede dinero para financiar el cupo vasco.

 

Sánchez funciona así, dispone de los bienes del Estado a su conveniencia, regala lo que no es suyo, porque es de todos, a sus socios de investidura según se lo van exigiendo

 

Regalos fiscales al PNV, cupo catalán a ERC (con perdón de 15.000 millones de la deuda catalana que pagarán el resto de los españoles), obliga al bandolero a seguir apretando las tuercas fiscales al resto de los españolitos. Le fuerza a seguir robándonos y lo hace con gusto. En efecto, esta semana hemos asistido al tenso tira y afloja entre Sánchez y sus socios a cuenta de una supuesta reforma fiscal que el Ejecutivo pretende colar, como de costumbre, por la puerta de atrás de la trasposición de una norma europea que establece un 15% de tributación mínima en Sociedades para los grupos multinacionales. ¿Por qué le llaman reforma fiscal cuando quieren decir subida de impuestos? El ministerio de Marichús Montero cifra el expolio que viene en 4.500 millones, pero el Sumar de Yolanda, que como los niños y los tontos dice la verdad, eleva la cifra hasta los 8.000 millones, ni más ni menos. El Gobierno de coalición socialcomunista pretende convertir en permanente el impuesto temporal introducido durante la pandemia a la banca (Sumar lucha por extenderlo también a las compañías energéticas), eliminar el régimen fiscal favorable de las socimis, acabar con la exención a los seguros sanitarios privados, implantar un IVA del 21% a los pisos turísticos, castigar fiscalmente los bienes de lujo, y elevar en 2 puntos (hasta el 30%) la tributación en el IRPF de las rentas del capital a partir de los 300.000 euros.

 

En su mayoría, son medidas con escasa racionalidad económica y tributaria, si alguna, movidas por el puro rencor de clase. Es populismo fiscal que, alentado por señoras y señores de izquierda radical que viven en grandes chalets o en pisos de 400 metros cuadrados, busca supuestamente castigar a los ricos para seguir administrando la alfalfa ideológica que mantiene prietas las filas de ese 30% del voto que sigue respaldando al canalla. Particularmente descabellada, a la par que injusta, parece la propuesta de acabar con la exención fiscal a los seguros de salud privados, sistema al que están acogidos cerca de 12,5 millones de personas, la  inmensa mayoría de clase media baja. El inevitable aumento de las cuotas que la medida llevaría aparejada, expulsaría a muchos de ellos hacia una sanidad pública ya muy colapsada, ello sin mencionar el efecto que sobre el sistema público de salud tendrá el caso Muface. Y otro tanto se puede decir de las Socimi (Sociedad Cotizada de Inversión en el Mercado Inmobiliario), firmas centradas en la  compra y rehabilitación de activos inmobiliarios tal que edificios de oficinas, locales comerciales, etc., con muy poca presencia en la vivienda habitacional y por tanto en poco o nada responsables de lo ocurrido con los precios de la vivienda o el alquiler. Las Socimi se han convertido en una alternativa a la inversión en ladrillo tradicional al permitir al pequeño inversor entrar en el sector inmobiliario sin necesidad de un gran desembolso.

 

El inevitable aumento de las cuotas que la medida llevaría aparejada, expulsaría a muchos de ellos hacia una sanidad pública ya muy colapsada, ello sin mencionar el efecto que sobre el sistema público de salud tendrá el caso Muface

 

Más que el huevo, es el fuero el que está en juego.  Es la negativa a seguir aceptando en una sociedad democrática la imposición de impuestos de tapadillo por la vía de una enmienda al articulado de un proyecto de ley en tramitación en el Congreso. “Es un sistema que impide el debate abierto, la audiencia pública de los afectados y la participación de los organismos constitucionales, lo que merma drásticamente la seguridad jurídica de particulares y empresas”, sostiene Íñigo Fernández de Mesa, vicepresidente de CEOE y presidente del Instituto de Estudios Económicos (IEE).  Con total ausencia de transparencia, particulares y empresas desconocen qué es lo que se está negociando. Los dos partidos que forman el Gobierno de coalición, en franca minoría parlamentaria, maquinan una subida de impuestos que, en medio de una indefinición absoluta, filtran a los medios amigos y tiene, al  parecer, efectos erga omnes y caiga quien caiga. Ambos partidos deben someter a continuación su “invento” al diktat de sus socios parlamentarios, de extrema izquierda unos, de recalcitrante derecha conservadora otros. Todo es susceptible de negociación en el mercado persa en que la extrema debilidad del Gobierno Sánchez ha convertido este país. Sin ningún debate, sin análisis previo de impacto, sin capacidad de defensa. Eso sí, la mera publicación de estos “acuerdos” genera demoledores efectos inmediatos: la cotización de las empresas afectadas cae drásticamente, un 5% en el caso de las socimis, con aproximadamente 1.000 millones perdidos por sus accionistas.

 

Sánchez utiliza los impuestos como el atracador de bancos la recortada. Cualquier sector puede convertirse el día menos pensado en enemigo del Gobierno socialcomunista y sufrir las consecuencias. Pedro apunta, la comunista Yolanda jalea y Marichús dispara. Cada día se conoce una nueva víctima. Ángel de la Fuente, director ejecutivo de FEDEA, lo definía acertadamente hace escasas fechas: “Más que impuestos son multas a sectores que caen mal”. Castigos a Comunidades gobernadas por enemigos políticos, caso de Isabel Díaz Ayuso en Madrid, a la que hay que impedir que los baje bajo el mantra de la “armonización” fiscal. Se sanciona a bancos y energéticas, los tradicionales “enemigos del pueblo” en la terminología marxiana, pero luego se levanta el cepo a las últimas porque así lo exige el cinismo del PNV, quedando la banca como el sector señalado, discriminado y estigmatizado. Por cierto, el impuesto extraordinario a la banca se ha traducido en un recorte del crédito a empresas y familias del orden de los 40.000 millones. Todo son ventajas para el españolito de a pie con este Gobierno delincuencial. Otra ventaja más: la no deflactación del IRPF, algo que debería ser obligatorio por ley, ha costado a los trabajadores españoles una suma cercana a los 16.000 millones, dinero con el que Sánchez tratará de cumplir con la modesta exigencia de Bruselas en el terreno del ajuste fiscal. El resultado de este pandemonium legislativo es que, a poco más de un mes para que acabe el año, nadie sabe qué impuestos se van a aprobar, y si lo serán con carácter retroactivo, en sectores tan relevantes como el energético, el bancario, la construcción, las socimis, el diésel o los seguros privados de salud, solo por poner algunos ejemplos de los que están en boga estos días.

 

Castigos a Comunidades gobernadas por enemigos políticos, caso de Isabel Díaz Ayuso en Madrid, a la que hay que impedir que los baje bajo el mantra de la “armonización” fiscal

 

La falta de garantías jurídicas y de interlocución con el Gobierno se traduce en que la única respuesta posible ante estas agresiones sea la amenaza de paralizar futuras inversiones o salir por pies como en su día hizo Ferrovial, instalar la sede social fuera del país, una posibilidad con la que acaba de amagar Ismael Clemente, consejero delegado y principal promotor de Merlin Properties, y también Inmobiliaria Colonial. Es el destino cruel que espera a los españoles más talentosos que quieran hacer carrera y progresar. De lo que no hay duda es de que habrá subida de impuestos, convertidos en un instrumento político con el que perseguir a los enemigos del nuevo régimen. Se trata de ordeñar la vaca. Urgido por las constantes exigencias de sus socios, Sánchez necesita seguir exprimiendo al contribuyente para mantener la loca carrera de un gasto público orientado en exclusiva a la compra del voto. Y ello en un año récord de recaudación fiscal, casi 50.000 millones más que antes de la pandemia. Curioso, por eso, que no haya dinero para arreglar los desastres de la gota fría y haya que pedirlo a Amancio Ortega. El ciudadano español es hoy un mero rehén en manos de Sánchez, un amoral que no se siente obligado a dar la menor explicación. “¿Ante quién responde el Gobierno?”, se preguntaba ayer el subdirector de este medio, Manuel Marín. Ante nadie. Pedro se fuma un puro. Sus socios le tienen bien amarrado por salvada sea la parte, pero él también les tiene a ellos en idéntica tesitura. Jamás encontrarán personaje más dispuesto a vender España al mejor postor. En este equilibrio del terror pierden los españoles, tratados como siervos desprovistos de todo derecho. “He venido aquí a decir que no reconozco que nadie tenga derecho a un minuto de mi vida, ni a un átomo de mi energía, ni a cualquier logro mío, sin importar quién lo reclame”, escribió Ayn Rand, una mujer nacida en San Petersburgo, que detestaba la revolución de 1917 que esclavizó a Rusia y empobreció a su familia, en “El Manantial”. “He venido aquí para ser escuchado en nombre de todos y cada uno de los hombres independientes del mundo. He querido exponer mis ideas. No me interesa trabajar ni vivir por otras. Defiendo por convicción el sagrado derecho que tiene el hombre de vivir con total libertad de elección”.

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