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Jesús Rul

Opinión

Cuatro propuestas para mejorar la representación electoral

El sistema de representación está decantado a la ideologización partidaria, un sesgo mantenido en el tiempo que degrada la democracia

Urna electoral
Urna electoral Efe

Los españoles hemos sido llamados a comicios generales el 28 de abril.  La maquinaría de los partidos ya invade nuestra intimidad con un mensaje ubicuo y una mezcla de ideologías, liderazgos, propuestas que buscan tanto convencer como desprestigiar a los competidores. Los ciudadanos de a pie asistimos a la fiesta de la democracia como la llaman con posturas diversas: los que tienen la decisión tomada de antemano, los que han decidido cambiar su voto, los indecisos y los abstencionistas. Intereses diversos contratan agencias de encuestas electorales, incluido el Gobierno a través del CIS, y como los antiguos arúspices escrutan las entrañas de las opiniones y hacen cálculos y apuntan tendencias.

Pero, ¿cuál es el fundamento de todo esto? De entrada, es lo propio de las democracias: los españoles (ciudadanos electores)  eligen a sus representantes (ciudadanos elegibles) con arreglo a dos referentes básicos: el territorio nacional dividido en circunscripciones, en nuestro caso, las provincias (art. 68.2 CE) con la asignación de representantes en proporción a su población (art. 162 Ley 5/1985, electoral), y el pluralismo político expresado  por los partidos políticos (art. 6 CE).

La confianza entre representante y representado es sustituida por la identificación ideológica con los partidos, mediatizada por liderazgos

Recientemente, por poner un caso, el ministro Grande Marlasca, ha sido elegido por los jefes de PSOE primer candidato de la lista por Cádiz y  preguntado sobre su vinculación con esa provincia declaraba, en una entrevista de radio, que la visitaba de vacaciones durante una semana al año. Al escucharlo no pude evitar pensar que el Sr. ministro  si es elegido  representará  a su partido; lo de Cádiz es un requisito formal de distribución provincial al que hay que ajustarse. Por tanto, el sistema de representación está decantado a la ideologización partidaria que, en nuestro caso,  presenta tres adscripciones: derecha, izquierda y nacionalismos. Este sesgo mantenido en el tiempo degrada la democracia y la representatividad y contribuye a explicar tres efectos:

  1. Partidocracia. Los partidos determinan las listas de elegibles -cerradas y bloqueadas- de manera que la capacidad de los electores queda limitada a escoger  una entre las listas de los partidos, en cuyos  primeros puestos van los notables con fichajes estrella y luego, de mayor a menor,  los que destacan por su obediencia al líder. El efecto de esta mecánica se percibe en la vida parlamentaria cuyo valor se ha ido degradando en competencia y eficacia. Para muestra esta última legislatura. En resumen, prevalece el poder de los partidos por encima de la participación de los electores.
  2. Desequilibrios territoriales como, por ejemplo, las diferencias en inversión pública,  la precaria red ferroviaria de las provincias extremeñas, el abandono de las provincias rurales interiores, la gestión de los recursos hídricos...
  3. Auge de los nacionalismos periféricos que amenazan la integridad de la Nación y la igualdad de los españoles por las sinergias entre su capacidad de influencia ideológica en el territorio que controlan y las ventajas obtenidas por su voto para que PP y PSOE tengan mayoría parlamentaria en las Cortes.

Las democracias presentan límites estructurales de representatividad, pero, en nuestro caso, está agravada, como se ha expuesto, por la partidocracia y los nacionalismos fragmentarios con intereses ajenos y contrarios a la Nación. En general, un representante es una persona que obtiene la capacidad de otro para actuar en su nombre haciéndolo presente sin estar presente, estableciéndose una relación de “represente-representado”, basada en la confianza y la responsabilidad. Llevar esta realidad inmediata al plano sociopolítico de sociedades complejas conlleva representar a la “voluntad general” (Rousseau) como agrupación de individuos diversos, pero con intereses comunes encarnados en la idea de “nación” (Sieyès),  de manera que los representantes lo son de la nación entera a través del Parlamento como cuerpo representativo.

Las democracias presentan límites estructurales de representatividad, en nuestro caso agravados por la partidocracia y los nacionalismos fragmentarios

Pero, la nación, como colectivo soberano de ciudadanos, es diferente del parlamento como colectivo de ciudadanos representantes. Esta alteridad constitutiva se resuelve con una representatividad política limitada: la confianza, entre representante y representado,  es sustituida por la identificación ideológica con los partidos mediatizada por liderazgos, imagen y propaganda; el control y la fiscalización de los representantes queda limitada, sin responsabilidades, al voto cada cuatro años; el consentimiento dado a través del voto temporal se transforma en obediencia imperativa al mandato del parlamento (leyes), del gobierno y de la administración (normas, impuestos). 

Este modelo ideal expresa la soberanía de la Nación mediante el modelo expuesto de representación política, el sistema constitucional de pesos y contrapesos para corregir los abusos de poder, la  separación de poderes y la eficacia del Derecho. En este marco, la cultura representativa de la democracia española es muy mejorable por lo que urge incorporar cambios en la vigente ley electoral para superar las lacras antes indicadas. He aquí cuatro propuestas básicas:

  1. Listas de candidatos abiertas y desbloqueadas. En este escenario, los medios de comunicación ofrecen información veraz sobre su trayectoria, competencia e integridad. Los ciudadanos eligen a cada uno de los candidatos sobre los que pueden formarse un juicio de valor más allá de la ideología. Esto es relevante para superar el sectarismo y la mejora de la cultura democrática.
  2. Exigencia de un mínimo del 4% del total de votos para obtener representación y escaño en las Cortes Generales.
  3. Partidos con implantación nacional al menos en el 70% de las provincias españolas como condición de representatividad de la Nación.
  4. Interdicción de partidos en que sus programas o acciones promuevan la fractura de la Nación y del orden constitucional.

La calidad y lealtad de los representantes de la Nación guardan relación con la cohesión y el desarrollo de las sociedades libres.

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