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Miguel Ángel González

Opinión

A tanto el máster

Hay un fondo perverso que todos conocemos, porque parece consustancial al ser humano: lograr lo que se pretende sin esfuerzo, con trampas y, siempre que sea posible, gratis

La secretaria general del PP y ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal (i), el presidente en funciones de la Comunidad de Madrid, Angel Garrido, y la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.
La secretaria general del PP y ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal (i), el presidente en funciones de la Comunidad de Madrid, Angel Garrido, y la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría. EFE

La democracia liberal se compone, entre otras cosas, de fórmulas y formas. Es una parafernalia necesaria para mantener el statu quo y potenciar la responsabilidad cívica, que algunas veces da la impresión de oxímoron. La responsabilidad cívica empieza, y mucho más en estos tiempos transparentes, por los ciudadanos de gobierno más elevado: políticos, empresarios, intelectuales y así. Hay un fondo perverso que todos conocemos porque parece consustancial al ser humano: lograr lo que se pretende sin esfuerzo, con trampas y, siempre que sea posible, gratis. Pero sobre ese fondo, más o menos cultivado, debe imponerse una superficie bruñida e impoluta que dé la imagen exacta que debe darse. Esta argucia humana es vieja como el tiempo (aquello de la mujer del César) y ha hecho realidad la prosperidad de muchas sociedades. Quien quiera que lo llame hipocresía o incluso cinismo, pero es el aceite que lubrica los Estados, incluidos aquellos más dichosos en que se respetan y protegen los derechos fundamentales de los hombres.

Ahora bien, el ciudadano responsable es aquel que, cuando ha practicado esa doblez en cualquier asunto de su vida y resulta que ha sido descubierto, admite su trampa o su trampilla y asume las consecuencias, por dolorosas y frustrantes ―o hasta delictivas― que puedan a veces ser. Eso es todo. La mayoría de edad ciudadana se asienta, justamente, en la asunción de consecuencias. Buscar subterfugios, ampararse en excusas o culpar al de enfrente solo añade al desdoro una absurda y obscena capa de patetismo. La ley funciona así: puede suponerse o sospecharse que los políticos, por ejemplo, aprovechan su posición para obtener réditos personales más allá de las normas que rigen para todos, pero mientras nadie ofrezca pruebas definitivas y, en su caso, el juez que corresponda las verifique, el afectado debe seguir con su vida y sus puestos como si tal cosa y, si acaso, reaccionar contra las que puedan ser calumnias o infamias. Pero si las pruebas fueran evidentes y no hubiera forma de refutarlas, si la trampa se hubiese pillado, el interfecto no habría de esperar un solo minuto, de ser un tipo responsable, para agachar la cabeza, apartarse del lugar y aguardar a que el tiempo, tan traidor y a la vez tan curandero, ponga un borrón en el asunto y lo archive de la actualidad. Solo que a menudo el personal no ceja y gusta más bien de ampararse en ese infantilismo perpetuo con que trata de explicar su comportamiento torcido: yo no quería, ha sido culpa de ellos, soy un buen tipo, dos azotes y basta.

El ciudadano responsable es aquel que, cuando es descubierto en trampa o trampilla,  asume las consecuencias, por dolorosas y frustrantes que puedan a veces ser"

La ya ex presidente de Madrid (o ex presidenta, en fin, si se quiere el absurdo neologismo gramatical) es un caso de paradigma. Al parecer, consideró ―o admitió la sugerencia― que un máster en asuntos de Derecho sería un adorno nada desdeñable en el currículo, un máster de frase larga que luciese en las páginas web y en sus pedacitos de red social. Ningún problema: hay sitios llamados universidades que venden certificados de Máster a un precio nada desorbitado, y menos aún para una mujer con muchos meses de sueldo a las espaldas. La única contrapartida es que el interesado debe cursar unas asignaturas (a menudo la presencia se perdona) mediante algún que otro trabajo de menor cuantía. Y la guinda: debe redactar un trabajo final, que en créditos suele equivaler a una asignatura más, con la dirección de un tutor. Ella, según dicen, no lo hizo, y presuntamente se falsificaron papeles para pasar la actividad por verdadera. Si así fuera, no habría más que hablar: los que hicieron trampa y fueron pillados (ella misma, el tutor, las autoridades de la universidad concernida) debían asumir de inmediato las consecuencias que se presumían en ciudadanos responsables. Cada día pasado sin aceptar el desliz o tratando de ocultarlo con razones de sainete (como aquel desplante de decir pues fuera, lo devuelvo) ha sido un día más que se ha ido acumulando para su propia infamia. La reciente dimisión era cosa esperada, pero su tardanza la ha dejado sin valor real: una muestra más, en fin, de que los políticos no se creen su oficio.

Pero hay también en el asunto otro sesgo que cabría destacar. Si tantos políticos, empresarios o intelectuales tienen interés en poner titulillos en su historial y para ello recurren de preferencia a los másteres públicos, es porque posiblemente esos másteres públicos se vendan al peso. La palabra máster sonaba bien, y mejor todavía Máster de Investigación (el de Enseñanza Secundaria, que sustituía al antiguo Curso de Adaptación Pedagógica, sigue siendo igual de pedagógicamente fofo, pero se cobra más caro). Las universidades, tras Bolonia, atisbaron rápido la bicoca: se sustituyen los dos años dedicados a cursos de Doctorado por un solo año de asignaturas equivalentes, pero a un precio mayor porque, además de conceder paso también a una futura tesis doctoral, dan derecho a un papel que empieza con la palabra Máster. Todas las Universidades se lanzaron a ello y todos los profesores se vieron de pronto de profesores de máster, sin añadir un euro más a su sueldo.

La dimisión de Cristina Cifuentes era cosa esperada, pero su tardanza la ha dejado sin valor real: una muestra más, en fin, de que los políticos no se creen su oficio"

Las Universidades grandes no solían tener problema y había alumnos suficientes para los nuevos cursos. Pero las más pequeñas y de menor prestigio o implantación tuvieron que espabilar: presencia a menudo excusada, trabajos como de soslayo o fichaje de alumnos famosos, en una suerte de trueque de título por propaganda nominal. La cosa parece que fue bien, y a ello se sumaron ya en tropel todas las instituciones universitarias, incluidas algunas de prestigio internacional o directamente extranjeras, que incluso ponen sedes por el mundo. A tanto el máster. Así sigue el negocio y rueda la rueda, con más o menos sabiduría vendida según el rigor de cada profesor, la dignidad de cada departamento o la disciplina de cada rectorado. Pero lo grave está, una vez más, en que se pierdan las formas: la concesión de certificados, como cualquier otro asunto en la vida, se reduce casi siempre a una cuestión económica; pero si se saltan las normas mínimas y no se guardan las formas, el afectado, responsable y mayor de edad, debe aceptar de inmediato que metió la pata y asumir las consecuencias. Luego, quizá con más calma, pueda ya hacer un TFM como Dios manda, incluso ligeramente parecido a una antigua tesina de aquellas de cierto fuste, y decir bien alto ahí queda eso. Si se lo aprueba la Comisión, bien entendido, no vayamos a pensar que aquí los másteres se regalan.



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