Fiebre alta ministerial

La torpeza del ministro del Interior Fernando Grande Marlaska en su intento de acceder al informe que los agentes de la Guardia Civil, activados como policía judicial, debían rendir a la magistrada del 51 Carmen Rodríguez Medel, se agravó cuando quiso enmascarar el cese del coronel Diego Pérez de los Cobos, que ocupaba la Jefatura de la Comandancia de Madrid. Presentar esa destitución, ocurrida el domingo, día 24 de mayo, a las diez de la noche como resultado de una restructuración que diera un nuevo impulso a la Guardia Civil era del todo inverosímil. ¿Quién puede creerse la milonga de que en la noche de un festivo se hagan ceses enmarcados dentro de una “nueva conformación de equipos” y se proceda a una destitución sin designar a quien deba tomar el relevo todavía pendiente diez días después?

Cuando el encuentro nocturno en el aeropuerto de Barajas entre el ministro José Luis Ábalos y la vicepresidenta de Venezuela, la cuestión no era el encuentro en sí. Todo el interés político residía en la ristra de mentiras que fueron encadenándose según iban sucediéndose, con precipitación y alevosía toda suerte de versiones contradictorias, que pretendían enmascarar lo que acabó sabiéndose. Era inevitable porque la sala de autoridades y el ingreso en el territorio nacional están bajo control de la Guardia Civil y la Policía Nacional que procedieron a poner a salvo sus responsabilidades.

En el cese del coronel Diego Pérez de los Cobos, sucede otro tanto. La lectura del oficio que remite el pasado 24 de mayo la Directora General de la Guardia Civil, María Gámez, al secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez Ruiz, nos instruye sobre cómo acceden los coroneles al mando de las Comandancias, como, por ejemplo, en el caso que nos ocupa. Averiguamos que lo hacen al ser destinados conforme al artículo 84 de la Ley 29/2014, de 28 de noviembre, de Régimen de Personal de la Guardia Civil. También quedamos enterados de que cesan de conformidad con lo dispuesto en los apartados 1 y 3 del artículo 83 de esa misma norma legal.

El oficio desmiente de modo frontal todas las negaciones del ministro del interior y confirma el intento de ingerirse en el procedimiento judicial

Pero la redacción del oficio con la propuesta de cese, tal como ha llegado a los medios informativos, además de las referencias legales más arriba señaladas, motiva la propuesta de cese indicando que se produce “por no informar del desarrollo de investigaciones y actuaciones de la Guardia Civil, en el marco operativo y de Policía Judicial, con fines de conocimiento”. O sea, desmiente de modo frontal todas las negaciones del ministro del interior y confirma el intento de ingerirse en el procedimiento judicial.

Así, todas las invocaciones al nuevo impulso y a la nueva configuración de equipos que de forma tan solemne en el Congreso y en el Senado ha sostenido el ministro del Interior Grande Marlaska caen con estrépito por tierra. De manera que al coronel cesado le pidieron lo que no estaba en su poder y que si hubiera estado tampoco hubiera podido entregarlo a la autoridad que lo reclamaba puesto que su único destinatario era el titular del juzgado número 51, sobre cuya actuación cada uno puede reservarse el parecer.

Pero, volvamos a la cuestión. Hay una Comandancia de la Guardia Civil, en este caso la de Madrid; a su mando hay un coronel, que resulta ser Diego Pérez de los Cobos; hay una magistrada, la del 51, que pide informes a unos guardias civiles activados como Policía Judicial; y unos responsables políticos que sintiéndose defraudados al ser desatendida su pretensión de acceder al informe sufren un calentón y cesan al coronel. Llegados a este desenlace interesa saber cuanto se pueda sobre las maneras del cese. Recordemos a Talleyrand il-y-a toujour la manière.

Conviene precisar que desde el 24 de mayo, fecha de la fiebre alta ministerial, pasaron dos días hasta el 26 en que apareció el primer Boletín Oficial de la Guardia Civil, que se edita semanalmente los martes y es de acceso reservado, sin que el cese fuera recogido en sus páginas. Así que, después de reiterados intentos y solicitudes a los directores y directoras de Comunicación del Ministerio del Interior y de la Guardia Civil, estoy en condiciones de asegurar: que el cese se ha publicado en la edición correspondiente al 2 de junio; que la resolución va firmada por el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez Ruiz; que se produce a propuesta de la directora general de la Guardia Civil, María Gámez; y que contra esa disposición, que no agota la vía administrativa, cabe recurso de alzada.

Calculemos la probabilidad de que se presente ese recurso y, entre tanto, asistamos al espectáculo del ministro sorprendido en un renuncio. Parecería un caso desesperado, pero sólo a quienes no conocen al presidente. Pedro Sánchez ya tiene la respuesta: la culpa es del PP.