Sucedió en 2007 que 170 soldados suizos invadieron Liechtenstein sin quererlo. Se dieron cuenta muy tarde, cuando ya habían recorrido unos cuantos kilómetros del principado. No muchos, puesto que, de lo contrario, hubieran rebasado otra frontera, dado que el país es minúsculo. Como la Constitución suiza prohíbe las ofensivas en el extranjero, sus vecinos no tomaron precauciones, pues se entiende que las leyes y los consensos están para respetarlos. El problema es que a veces toman mando en plaza oficiales que opinan lo contrario; y ése es el gran problema político de España en estos días infames. Es la presencia en sus más altos puestos de iluminados y trabucaires que consideran que el Estado debe amoldarse a sus intereses, y no al revés.
Como cada cual sitúa el inicio de las hostilidades cuando mejor le conviene, habrá quien piense que los golpes al Estado de Derecho se intensificaron cuando los radicales de Podemos tomaron posesión de varias sillas en el Consejo de Ministros, pero no fue así. Todo se inició tras la moción de censura, cuando Pedro Sánchez decidió callar la boca del 'crítico' Óscar López situándole al frente de Paradores, pese a que no se le conocía experiencia previa en el sector hotelero. En esos días, contentó a afines como Juan Manuel Serrano y José Félix Tezanos poniéndolos al cargo de Correos y del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). En ese tiempo, aprovechó también para tomar el control de Radiotelevisión Española (RTVE) proponiendo para su más alto puesto a Rosa María Mateo, que tenía un perfil tan independiente que incluso había realizado campaña por Alfredo Pérez Rubalcaba en 2011.
Todo sucedió tan rápido que dudo mucho que a Sánchez le diese tiempo a cambiar el colchón de Moncloa antes de tomar el mando de ese grupo de empresas públicas.
Han transcurrido casi dos años desde entonces y este martes, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska ha anunciado la tercera subida de sueldo prevista para el Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil, para equiparar sus retribuciones con las policías autonómicas. Parece que no tuviera nada que ver este asunto con los precedentes, pero comparten el mismo origen: el nepotismo. Básicamente, porque la decisión se ha tomado para apagar el fuego que han generado los sucesos acaecidos en los últimos días, de sobra conocidos. Primero, el Gobierno 'se cargó' a Diego Pérez de los Cobos como jefe de la Comandancia en Madrid de la Benemérita, mientras realizaba un informe sobre la actuación de las autoridades durante las convocatorias de las manifestaciones del 8 de marzo. Posteriormente, dimitió el director adjunto operativo, Laurentino Ceña, como adelantó Alejandro Requeijo en Vozpópuli.
Ante el malestar ocasionado la cacicada, Moncloa ha decidido liberar una partida de 250 millones de euros para dar cumplimiento a una de las reivindicaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Así se fija el rumbo de este país: según sople el viento.
Una cacicada
Costará muchos años recuperar el desgaste que han sufrido en los últimos tiempos las instituciones del Estado como consecuencia del poder omnímodo que pretende ejercer el Gobierno sobre las mismas. Bien es cierto que 'pilares' como la monarquía han labrado a pulso su descrédito, pues no conviene olvidar que, casualmente, la Casa Real soltó la bomba sobre la renuncia de Felipe VI a ser beneficiario de la fortuna oculta de su padre al poco de que se declarara el estado de alarma, con el país pendiente de la evolución de una infección desconocida y los ciudadanos confinados en sus casas por un tiempo indeterminado. Ahora bien, la realidad es que el Ejecutivo ha expandido sus tentáculos durante los últimos años de forma progresiva hasta hacerse con el control de espacios públicos que no le corresponden.
El culmen se ha alcanzado durante las últimas semanas, cuando Moncloa ha acaudillado el país con la excusa de la covid-19 y ha establecido un dominio allende sus fronteras que habrá que ver si se elimina del todo tras el levantamiento de las restricciones impuestas el 14 de marzo. El problema es que como Lietchestein apenas si protege su territorio porque el enemigo tiene prohibido invadirle, es relativamente sencillo que el Gobierno conserve posiciones que tomó con la excusa de la aplicación del estado de alarma, pues ya se sabe que los consensos pueden romperse sin resistencia, pese a lo que costara alcanzarlos.
Es evidente que si la titular del Juzgado número 51 de Madrid ordenó una investigación sobre el 8-M y Pérez de los Cobos participaba de las pesquisas, el Gobierno ha intentado interferir en el proceso, saltándose otra de las fronteras que nunca debería cruzar. Podrá Grande-Marlaska justificar la sustitución en una “política razonable de reconstitución de puestos”, pero su decisión apesta a todas luces.
Huele mal el adelanto de la equiparación salarial a las Fuerzas de Seguridad del Estado, pues revela que este Gobierno no ofrece soluciones a los problemas reales de España, sino que se limita a poner parches para taponar las fugas.
También huele mal el adelanto de la equiparación salarial a las Fuerzas de Seguridad del Estado, pues revela que este Gobierno no ofrece soluciones a los problemas reales de España, sino que se limita a poner parches para taponar las fugas, sin un criterio claro sobre el rumbo que debe adoptar el país en este momento trascendental.
Como todo esto canta a la vista, presentarlo ante la opinión pública requiere de retruécanos, requiebros lingüísticos y todo tipo de maniobras de comunicación. Un buen día, Interior aparta al Guardia Civil que investiga el 8-M por una “política razonable de reconstitución de puestos”. El anterior, Sanidad establece el 'Lunes de Resurrección' y resta casi 2.000 muertos al dato oficial de víctimas del coronavirus sin ofrecer mayores explicaciones. Unos días atrás, obliga al uso de mascarillas tras haberlas desaconsejado. Y así hasta el 1 de junio de 2018, cuando empezó este penoso ciclo de la historia de España.
Lo peor es que, mientras todos nos quedamos atrapados en el fango que generan a su paso, de tapadillo, cada cual va cumpliendo su agenda particular en Moncloa. Unos, colocan a amigos asesores en el sector público. Otros, financian con el dinero de todos las asociaciones que contribuyen a expandir la labor de sus lobbies ideológicos de cabecera. Y, otros, reparten contratos a discreción con la excusa de la covid-19. Paga y sufre el ciudadano.
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