Sabido es que late en el nacionalismo una pulsión xenófoba y totalitaria. Esta semana hemos conocido también una pulsión caníbal, hasta ahora inadvertida. “Guardia civil andalús (sic) a la brasa”. “Manitas de jueces y fiscales”. El menú del restaurante “Nova Font Blanca”, de Balaguer (Lérida), que regenta un Toni Punyet, incluye (o incluía) entre su oferta gastronómica tan singulares platos, tal y como han recogido profusamente los medios informativos. Se desconoce si las manitas van acompañadas de verdura, mongetes o ensalada.
El independentismo pretende hacerse con la cabeza del juez Pablo Llarena, instructor de la causa contra los golpistas catalanes. Pedro Sánchez, en pasmosa decisión, ha decidido cruzarse de brazos y no amparar al magistrado del Supremo tras la demanda presentada por los cabecillas de la rebelión ante la Justicia belga. Es decir, podría decirse que le sirve en bandeja la cabeza del juez a quienes perpetraron el golpe de Estado contra la democracia española el pasado 27 de octubre.
Dolores Delgado, ministra de Justicia, no ha escuchado las exhortaciones del Consejo General del Poder Judicial, ni los dictámenes de la abogada del Estado, ni los escritos de las asociaciones de jueces y fiscales que, abrumadora a imperiosamente han reclamado al Ejecutivo socialista que actúe en amparo del magistrado perseguido. “Son declaraciones en el ámbito privado”, es la excusa del Gobierno para mirar hacia otro lado. Es decir, “son cosa suya” y ahí se las componga.
Escraches y persecuciones
El juez Llarena es, junto con el Rey, el plato estrella del menú que ansían los golpistas catalanes. El magistrado del Supremo, que envió a la cárcel a los promotores del ‘procés’, ha sido objeto de todo tipo de persecuciones, escraches, acosos mediáticos, pintadas en su domicilio, señalamiento a la familia sin obtener respaldo físico, político, moral o cívico alguno por parte de la Moncloa. Ha debido abandonar su refugio estival del Ampurdán ante el riesgo cierto de violencia. Para más escarnio, al conocerse la demanda de Carles Puigdemont y su pandilla, el ministro de Exteriores, Josep Borrell, tuvo la ironía, rayana en la desfachatez, de pedirle al gobierno belga que defienda a la Justicia española. “¿No lo defendéis vosotros, que es vuestro juez y vuestra Justicia y pretendéis que los defendamos nosotros?”, podrían haberle respondido desde Bruselas.
La demanda en cuestión se basa, como es sabido, en unas palabras pronunciadas tiempo atrás por Llarena en un acto público en Oviedo en el que, luego de advertir que “no voy a referirme a ningún asunto que no esté bajo mi jurisdicción”, osó negar que en España haya presos políticos. Una infamia, una tropelía, una enormidad, respondieron los letrados de los golpistas, quienes, inmediatamente procedieron judicialmente en su contra. Una demanda civil por la que Llarena ha sido citado a declarar el próximo día 4 de septiembre ante los tribunales belgas en un hecho con escasos precedentes.
Una burda ofensiva que busca desacreditar no sólo al magistrado, sino a la Justicia española, explica el texto elevado por el CGPJ al Gobierno. “Fueron manifestaciones privadas ajenas a su función”, responde el departamento de Delgado. Sólo moverá un dedo en el caso de que la Justicia belga mencione entre sus argumentos o datos “la causa penal abierta en España” contra los promotores del ‘procés’.
El independentismo se frota las manos. Su ‘bestia negra’, su peor pesadilla, el juez responsable de que quienes intentaron sacudir los cimientos de la democracia española estén ahora entre rejas, va a ser objeto de persecución, oprobio y humillación en ‘un tribunal europeo
El independentismo se frota las manos. Su ‘bestia negra’, su peor pesadilla, el juez responsable de que quienes intentaron sacudir los cimientos de la democracia española estén ahora entre rejas, va a ser objeto de persecución, oprobio y humillación en ‘un tribunal europeo’. Ya lo fue, a su parecer, con la sentencia de los jueces regionales alemanes tan favorable a al expresidente fugitivo. Ahora se acerca otra dolorosa estación del calvario. Sabido es que la Justicia belga raramente actúa en pro de los intereses españoles. Numerosas decisiones sobre terroristas etarras avalan esta actitud. De ahí que Puigdemont se encuentre cómodamente refugiado en Waterloo, en un biotopo favorable, donde, por razones históricas, políticas, sectarias o de otra índole, todo lo español se mira con recelo.
La recusación de Llarena, según cómo evolucione el caso en Bruselas, será el siguiente paso de los abogados de la gavilla golpista. Esta vía apenas tiene visos de prosperar, según señalan los expertos. Poco importa. Ya se ha logrado lo más importante. Embadurnar con la ciénaga de la sospecha al magistrado responsable de todos sus pesares, al togado que ha sabido defender, en forma valiente e insobornable, la dignidad de la Justicia española.
Arranca el juicio oral
El Gobierno se cruza de brazos, hace oído sordos al clamor del mundo judicial, de los partidos constitucionalistas de buena parte de la sociedad española. ¿No se trata de Llarena. Se trata de la Justicia, del poder judicial, uno de los pilares básicos de nuestro andamiaje constitucional. Y, por ende, del Estado. ¿Quién lo defiende?, es la reflexión general que se expande como una espesa marea negra sobre nuestro horizonte político, mientras el presidente del Gobierno se traslada en helicóptero al retiro espiritual de Quintos de Mora.
La demanda se produce a pocas semanas de que, supuestamente, arranque el juicio oral contra los cabecillas del ‘procés’. La estrategia es bien sencilla. Cuestionar toda la instrucción de la causa por ‘parcial y arbitraria’. Nadie duda de la astucia y la habilidad de la defensa de los separatistas. Nadie duda tampoco de que se lo han puesto fácil. La torpeza de Rajoy frente a la rebelión secesionista facilitó algo las cosas. La pasividad, que algunos dicen complacencia, de Pedro Sánchez, redondea el cuadro. El presidente del Gobierno le debe el cargo, entre otros apoyos, a los votos del independentismo catalán y no cabe pensar en que mueva una sola ficha que pueda desagradarles. Tiene agendado un nuevo encuentro con Quim Torra, estra vez en Barcelona. Para entonces ya sabremos si en la mesa del diálogo se servirán como entrante las manitas de juez a la parrilla.
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