Malverse, que no delinque

Cada año, cuando se cumplen los plazos para la declaración de la renta nos aturden los oídos con los lemas publicitarios de "Hacienda somos todos" que intentan apelar a nuestros más nobles sentimientos de solidaridad para persuadirnos de que declaremos la verdad de nuestros ingresos con la pretensión última de incentivarnos para que contribuyamos con nuestra cuota parte al erario público, pagando los impuestos que nos correspondan según las leyes tributarias, sobre la base inexpugnable de no taxation without representation.

En esa línea, la Constitución Española en el Capítulo Segundo “Derechos y libertades” en la Sección 2ª “De los derechos y deberes de los ciudadanos” preceptúa, a tenor del artículo 31.1, que “Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio”. El apartado 2 del mismo artículo declara que “El gasto público realizará una asignación equitativa de los recursos públicos, y su programación y ejecución responderán a los criterios de eficiencia y economía”. Y el apartado 3 que “Solo podrán establecerse prestaciones personales y patrimoniales de carácter público con arreglo a la ley”.

Los incursos en estas actividades se nos aparecerían como agentes del mecenazgo investidos de un altruismo que les granjearía el reconocimiento ciudadano

Por parte alguna aparece aquí que el gasto público pueda asignarse de manera arbitraria ni tampoco que quepa la indulgencia ante la malversación de los caudales públicos. La figura admirada de Robin Hood, experto en hacer extracciones de caudales privados para entregarlos a los necesitados, llevaba así a cabo, por propia iniciativa, una encomiable redistribución de la riqueza. Y si se restringiera el tipo penal del delito de malversación, conforme a la proposición de ley surgida del grupo parlamentario de Esquerra Republicana de Cataluña, sucedería que las extracciones procedentes de otro yacimiento, como es el del erario público, quedarían despenalizadas. Los incursos en estas actividades se nos aparecerían como agentes del mecenazgo investidos de un altruismo que les granjearía el reconocimiento ciudadano.

El argumento es que debe diferenciarse de manera radical el malversador que echa en su bolsillo particular el fruto de la malversación lograda del que lo dedica a otros destinos inatacables por los ácidos como pudiera ser la campaña electoral del partido político en el que milita; la organización de un referéndum tan necesario como el de autodeterminación de Cataluña; la defensa de las condiciones ambientales amenazadas de deterioro de la laguna de la Ricarda en las inmediaciones del aeropuerto de Barcelona; o el Basque Culinary Center, en su calidad de cabeza tractora de la economía de Euskadi, por citar algunos ejemplos.

La figura admirada de Robin Hood, experto en hacer extracciones de caudales privados para entregarlos a los necesitados, llevaba así a cabo, por propia iniciativa, una encomiable redistribución de la riqueza.

Parecería en algunos altos fondos y bajas esferas, como apuntaba Jesús Pardo, que el único problema es el que plantean los de la mueca verde, los que nada quieren reconocer, los triunfalistas de la catástrofe incapaces de reconocer que maldita falta que hace la vuelta de los puigdemones para ser juzgados y a continuación indultados, vitoreados, elegidos, encumbrados e indemnizados de manera proporcional a los sufrimientos que durante todos estos años les hemos infligido. Abaratada la sedición, ¡ánimo!, atrévase, malverse que no delinque y ¡Viva España con honra! Continuará.