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Rafael Jiménez Asensio

Opinión

La (mala) imagen de España

España, un país moderno, con talento humano innegable y con buenas condiciones objetivas, se hunde en la mediocridad porque sus instituciones, su política y su sector público, no actúan de elemento tractor, sino de freno de mano

Una imagen de la bandera de España.
Una imagen de la bandera de España. EFE

“Una nueva bandera, cándida, resplandeciente, ha aparecido en el mundo; su lema es: Soberanía de la justicia. Sigámosla, ella sola es la bandera de la libertad; las otras, de la esclavitud; ella sola es la bandera del progreso; las otras, de los partidos”

(Donoso Cortés, Lecciones de Derecho Político, CEC, 1984, p. 26)

La marca España no atraviesa por buenos momentos. Al menos si ponemos el foco en su imagen institucional. Recientes acontecimientos, por todos conocidos, no parecen dar mucho crédito a nuestro sistema político democrático ni, en particular, al funcionamiento constitucional de los poderes del Estado. Y no creo que, frente a ese distanciamiento,  la solución sea volver a insistir en que somos unos incomprendidos o plantear incluso que no tiene sentido estar en la Unión Europea, como torpemente se ha dejado caer por algún responsable político.

Puede ser cierto que en algunas de esas reacciones políticas o judiciales de determinados países europeos resuenen los viejos tics de la superada leyenda negra que se proyectó sobre España.  Y, asimismo, también puede ser que muchas de esas reacciones se deban, sin duda, a la desinformación o a la manipulación sobre la naturaleza real de lo que realmente pasó o lo que sencillamente nunca se supo explicar cabalmente. A todo ello ha ayudado, no me cabe la menor duda, la pésima gestión política y los errores de bulto cometidos por el Gobierno central, tras los cuales, por cierto, nadie ha presentado dimisión alguna. Pero no me interesa ahora hurgar en esa herida, que puede ser profunda, sino poner de relieve que detrás de esas percepciones que se destilan desde varios rincones europeos se advierten, nos guste más o nos guste menos, las enormes limitaciones que el sistema institucional construido en 1978 presenta, así como la incapacidad de la clase política, de toda ella sin excepción, para renovar ese desgastado modelo y adecuarlo al momento histórico que nos toca vivir. Lo dijo de forma explícita Montesquieu, en su reconocida obra El espíritu de las Leyes: “Un Estado puede cambiar de dos maneras: o porque la constitución se corrige o porque se corrompe”.  Y creo que estamos yendo por el segundo camino.

El nuestro es un país donde el clientelismo exacerbado y la sociedad del favor (los amigos políticos) siguen siendo las ruedas que mueven el molino principal de la vida pública

España tiene un sistema democrático joven, pero una historia político-constitucional cargada de sombras. De eso hay que ser plenamente conscientes. No cansaré al lector con referencias de autores clásicos, por lo demás, muy leídos por las élites de determinados países, donde se pone el acento una y otra vez en los innumerables déficits o lacras que, en determinados momentos históricos, la política en España tenía (Adam Smith, Stuart Mill, Carlos Marx, Max Weber o el propio Montesquieu, entre otros). Y, entre esas lacras, hay algunas que siguen todavía hoy omnipresentes en nuestra escena política y, en cierto modo, en el imaginario colectivo de un débil demos. Se trata de un país donde el clientelismo exacerbado (con raíces principalmente locales y autonómicas) y la sociedad del favor (los amigos políticos) siguen siendo las ruedas que mueven el molino principal de la vida pública (también los Presupuestos y, hoy por hoy, hasta las Universidades), junto con un corporativismo fuertemente arraigado en la alta Administración del Estado (que domina la política y está presente asimismo en los consejos de administración de una parte de las grandes empresas, como ha estudiado recientemente Ángel Saz Carranza) y un igualitarismo sindical trasnochado en el resto del sector público.  Así, sigue siendo válida, a pesar de todo lo que ha llovido, la gráfica definición de Joaquín Costa: “La libertad se había hecho papel, sí, pero no se había hecho carne” (Oligarquía y caciquismo). No se puede describir mejor una democracia formal. Sin sustancia.

En efecto, nuestro sistema institucional tiene una crisis de credibilidad innegable. Y si no la quieren ver, sigan con los ojos tapados. Los diferentes índices internacionales que miden la calidad de los gobiernos, la transparencia o la percepción de la corrupción, constatan año tras año (“erre que erre”) que España se hunde cada vez más en ese tipo de ranking, mientras que otros países de nuestro entorno, a quienes siempre nos gusta mirar por encima del hombro, nos superan con creces (por ejemplo, Portugal; por buscar uno próximo). Ellos han hecho reformas, nosotros nos hemos contentado con pintar la fachada. España un país moderno con un tejido empresarial en algunos ámbitos dinámico e innovador, con talento humano innegable y con buenas condiciones objetivas, se hunde en la mediocridad porque sus instituciones públicas, su política y su sector público, no actúan de elemento tractor, sino de freno de mano.

España se hunde cada vez más en los rankings que miden la calidad de las democracias, mientras que países a los que miramos por encima del hombro nos superan con creces

Las instituciones de la España constitucional se han construido con unos mimbres muy precisos, donde el liberalismo doctrinario ha tenido su peso dominante. Desaparecido de la escena francesa en la Revolución de 1848, como reconoció Luís Díez del Corral en su imprescindible obra (El liberalismo doctrinario, CEC, 4ª ed., 1984), esa corriente política hincó sus raíces en la España de mediados y finales del XIX, proyectándose hasta inicios del siglo XX. Y ha reverdecido en momentos puntuales del régimen de 1978, pero “disfrazado”. Hasta llegar a nuestros días. Lo cierto es que, bajo esas premisas, el principio de separación de poderes siempre ha sido algo ajeno a la cultura constitucional hispana. Y, en estos momentos, ese “equilibrio de poderes” que añoraba Julián Marías en plena transición, se ha convertido en pío deseo. Como expuse en su día (Los frenos del poder. Separación de poderes y control de las instituciones, Marcial Pons/IVAP, 2016), “España es un país sin frenos”, el poder político, a pesar de la densidad de instituciones de control o supervisión, actúa en España sin apenas cortapisas, pues todas esas instituciones de vigilancia están sencillamente capturadas por la lógica gubernamental o partidista, ya sea en el centro como en la periferia (y de esto no se libra ninguna Comunidad Autónoma, ni siquiera la más irredenta en estos momentos, lugar donde el clientelismo y la ocupación grosera de las instituciones campa a sus anchas). Y esto alcanza también al Poder Judicial, cuya independencia proclamada enfáticamente por la Constitución, se ve empañada por un perverso sistema de nombramientos en la cúpula judicial, así como por una colonización política por parte del Gobierno de turno (pues no es solo de ahora) de tal poder, algo que nadie al parecer quiere corregir realmente. También en este punto, GRECO nos sacó los colores. Y eso se lee en Europa. No es gratis.

Sigue siendo válida la gráfica definición de Joaquín Costa: “La libertad se había hecho papel, sí, pero no se había hecho carne”. No se puede describir mejor una democracia formal, sin sustancia

Así las cosas, no creo que quepan más opciones. O nos tomamos en serio realmente las instituciones y apostamos por una renovación profunda no solo del modelo formal sino de su funcionamiento real y efectivo, o terminaremos por derrumbar todas y cada una de las piezas institucionales de nuestro ya destartalado sistema.  Y no le den más vueltas, no hay otra vía que despolitizar y profesionalizar radicalmente las altas esferas de las Administraciones Públicas, del Poder Judicial, del Tribunal Constitucional, del sistema universitario, de los organismos de control o de las autoridades independientes, así como de todas las instituciones autonómicas y locales, también de su sector público institucional (“la cueva de Alí Babá”). Y ello requiere un Pacto de Estado de todas las fuerzas políticas sin excepción. Que la Política abandone su afán colonizador y actúe en aquellos espacios donde lo hace en todas las democracias avanzadas. Ni más ni menos. Pero además, aquí cabe añadir otro importante reto: que la política deje, además, ese enfermizo sectarismo que, atado a una miopía política encadenada al ciclo electoral, se manifiesta una y otra vez en cualquiera de sus expresiones, y que se plasma –tal como también recordó en su día Marías- en tres enormes patologías aún muy presentes en la vida política (España inteligible, Alianza, 2014): “a) Dividir el país en dos bandos (o en más, en nuestro caso); b) Identificar al ‘otro con el mal’; y c) Eliminarlo políticamente, quitarlo de en medio”. Esa es la locura cainita que siempre ha estado anclada en el funcionamiento político de este país y que, para desgracia de todos, aún sigue en pleno apogeo. Nada se ha aprendido.



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