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Manuel Alejandro Hidalgo

Opinión

El mal andaluz

Hay que poner fin a políticas que han fracasado basadas en la subvención y en la ayuda sin control y sin evaluación, y abordar el tratamiento quirúrgico de los problemas

El Parlamento de Andalucía.
El Parlamento de Andalucía. EFE

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha convocado las siguientes elecciones autonómicas para el domingo 2 de Diciembre. Con este anuncio, se abre un proceso de debate donde los diferentes partidos tratarán de ganarse la confianza de un electorado cuya mayoría, en las últimas cuatro décadas, y salvo una excepción, ha considerado que el PSOE debería regirles su destino.

Durante este tiempo, no obstante, los resultados de la gestión no han sido exitosos si lo relativizamos a nuestro entorno. Por poner una cifra, Andalucía, que en 1981 tenía un PIB per cápita que se elevaba al 75,5% de la media española, está hoy en el 73,2%. Para más inri, no hace mucho que la Unión Europea ha vuelto a considerar a Andalucía como región objetivo número uno, es decir, regiones que poseyendo una renta per cápita inferior al 75% de la media europea es destino de fondos y por ello de ayudas a la convergencia. Sin duda, parte de la responsabilidad de esta pobre evolución comparada es de quienes han gobernado y cuyas políticas no solo no parecen haber funcionado, sino que además estan más que agotadas.

Sin embargo, y creo que esto es muy importante, no es posible hacer recaer por entero y exclusivamente a la administración autonómica la responsabilidad de este aparente fracaso. Más bien, y en mi opinión, y al margen de cuestiones nada despreciables como son el clientelismo, el apoltronamiento de cargos con sus consecuencias más que esperadas, entre ellas la corrupción, o el uso indiscriminado y con escaso criterio de parte del gasto público, el mayor error de la Junta de Andalucía y de sus políticas ha sido no tener claro qué es lo que hay que hacer y qué poder hacer dadas las enormes restricciones existentes.

El PIB per cápita de Andalucía, que en 1981 alcanzaba el 75,5% de la media española, está hoy en el 73,2%

Para empezar, sobredimensionamos la capacidad de actuación de los organismos territoriales y por ello los responsabilizamos injustamente de parte de los males. Estas administraciones, en particular las autonomías, juegan en una liga muy diferente a aquella en la que lo hacen administraciones nacionales e incluso supranacionales. La capacidad de generar un entorno económico que facilite el desarrollo es muy complicado, pues gran parte de las herramientas necesarias para ello no se disponen a nivel territorial. Por supuesto, se pueden realizar programas industriales, de innovación y políticas educativas, pero todas ellas se engarzan en un esqueleto regulatorio que es ajeno a los reguladores regionales. Por ejemplo, la regulación laboral y el sistema fiscal que grava a rentas y al trabajo, y que son en gran parte causantes del enorme desempleo que acucia a España, y no digamos a Andalucía, es una variable exógena para los cálculos regionales. Por otro lado, quien piense que una administración remota de una región del sur de Europa va a poder manejar a su antojo movimientos globales que afectan no solo a España sino al conjunto de las naciones desarrolladas y en vías de desarrollo va demasiado lejos. La capacidad de maniobra de las regiones españolas, a pesar de su amplia lista de competencias adquiridas, no deja de ser limitada para lo que se espera de ellas. Más aún, el supuesto fracaso andaluz parece ser una norma y no una excepción si miramos en la Europa de las regiones.

Por otro lado, no es del todo correcto argumentar que la Junta haya dispuesto de un modo singular de un enorme e ilimitado flujo de financiación “gratuita”. Gran parte de las transferencias desde el resto de España han sido en el marco de la protección social que compartimos como españoles, no como andaluces. Las ayudas al campo, en su abrumadora mayoría de la UE y estimadas en 60.000 mil millones desde 1986, son un reflejo de una política agraria que no es menos generosa con otras regiones europeas. En cuanto a la renta agraria, tan denostada por crear clientelismo, supone una fracción muy pequeña de lo que pueden suponer otros flujos monetarios de los que no solo participa Andalucía. Por último, los famosos fondos europeos, aunque relevantes, distan mucho de ser una fuerza determinante para el desarrollo regional. Más aún,  la Comisión Europea evalúa este montante entregado a Andalucía en unos 36 mil millones de euros en concepto de fondos estructurales, de cohesión y social desde 1986. Otras fuentes lo elevan a 40.000 millones de los cuales 17.000 fueron gestionados por la Junta de Andalucía. A pesar de ser una importante cantidad de dinero, todo ello, incluida la PAC, supone escasamente el 3% del PIB generado en Andalucía desde nuestra incorporación a la entonces CE (1,2% si sólo son los fondos y el 0,5% si solo contabilizamos lo gestionado por la Junta). Creer que tales fondos puedan tener una capacidad transformadora profunda cuando la mayor parte ha ido a parar a un sector tradicional y de bajo valor añadido, es estar muy equivocado.

Deberíamos prestar más atención a cómo cambiar poco a poco la idea que sobre el desarrollo se tiene en esta región, ayudando a quien genera valor

Decir esto no implica excusar al Gobierno andaluz. Por centrar el debate, es evidente que Andalucía es una región con enormes carencias y su divergencia es en parte resultado de una política errónea. No comprender estas carencias y no aplicar las medidas adecuadas es el gran error cometido por la Junta. El atraso no se soluciona con más kilómetros de AVE o mejores suelos dispuestos a actividades industriales. No todo se soluciona con euros, fuertes inversiones o con el acceso directo e indiscriminado de la administración en los asuntos económicos. Debemos dejar a un lado la estrategia que se basa en el uso de la artillería pesada para tratar de promover el desarrollo empleando una guerra de guerrillas, pequeños objetivos pero muy estratégicos. La idea no debe ser continuar con políticas que han fracasado basadas en la subvención y en la ayuda sin control y sin evaluación, sino en el tratamiento quirúrgico de los problemas y en el análisis a posteriori de sus éxitos o fracasos. Hacer políticas de las pequeñas cosas allí donde tenemos opciones de actuar.

Como ejemplo puedo poner la educación. Esta, que sí supone una competencia regional, y por ello es responsabilidad de la Junta, tiene muy pobres resultados en Andalucía. Las razones son varias, y muy diferentes, desde la organización de los centros, la desmotivación de los alumnos o profesorado, o la falta de valores familiares con respecto a la importancia de la educación como vehículo para el desarrollo personal y laboral. Estas causas hacen que el problema de la educación en Andalucía sea secular. Sin embargo, los esfuerzos de las administraciones se han centrado especialmente en la escolarización, lo que no es poco, mientras se aseguraba café para todos, pero sin tratar de forma insistente en asumir que el problema de la educación es muy trasversal y con diferentes frentes que tratar.

Como argumentaba en su momento en otro artículo, los males andaluces son varios, y uno de ellos es el de una herencia institucional y cultural que sigue lastrando a nuestra comunidad. También el ecosistema empresarial que tras siglos de atraso se ha amoldado a una realidad monótona, estacional e institucionalizada ayudado por unas administraciones omnipresentes en todas las variedades posibles. Dado que las políticas aplicadas no han dado resultado, quizás deberíamos prestar más atención en cómo cambiar poco a poco la idea que sobre el desarrollo se tiene en esta región, ayudando a quien genera valor, prestando más atención a  quien se educa e inculcando que el futuro de Andalucía será lo que los andaluces queramos. Tenemos dos opciones, ser tierra de naranjas, olivos y hoteles con encanto, o ser habitantes de una tierra orgullosa capaz de hacer lo mejor.  



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