Madrid, ejemplo de fiscalidad inteligente

La función de los incentivos fiscales es una de las primeras cuestiones que se enseña a cualquier estudiante de Hacienda Pública explicándoles que son un instrumento mediante el que, ofreciendo una reducción de los importes de impuesto que han de pagar, se estimula que los agentes económicos adopten decisiones que son beneficiosas para la sociedad. Así entendido, el incentivo es una medida que supone una posible pérdida inicial de recaudación tributaria para el Gobierno que los aplica, pero que, al mismo tiempo, genera que se realicen las actividades incentivadas que proporcionarán los beneficios sociales y económicos perseguidos y, en última instancia, también aumentos en los ingresos tributarios inicialmente reducidos. Es un dato objetivamente cierto y estadísticamente demostrable que cuando están bien diseñados generan efectos positivos para el funcionamiento de la economía y, por ende, para el conjunto de la población. De ahí que uno de los requisitos de la fiscalidad inteligente sea la adecuada utilización de los incentivos fiscales.

Es en los términos expuestos en los que se enmarca la medida recientemente anunciada por el Gobierno de la Comunidad de Madrid, que se propone incentivar fiscalmente que inversores provenientes del exterior opten por realizar nuevas inversiones en la región. La idea es tan lógica como sugerente. Cualquier inversor externo que opte por utilizar su patrimonio invirtiendo en la región madrileña, fuera cual fuese el destino de lo invertido, dispondrá de una atractiva deducción en la cuota autonómica del IRPF. Y, en este caso, ni siquiera tendrá lugar la reducción inicial de los ingresos tributarios, toda vez que el capital ausente de España no está generando hoy recaudación fiscal alguna en Madrid. Poco tiempo hay que consumir en argumentar que lo anterior supondrá atraer capital hacia la economía madrileña, capital que se materializará en la adquisición y construcción de inmuebles, en la constitución y adquisición de empresas, en la capitalización de empresas ya existentes, en la financiación de proyectos industriales … Y menos tiempo aún en deducir que estas decisiones supondrán un impulso para la economía regional que verá aumentado su PIB, su censo empresarial, el volumen de sus inversiones y, por supuesto, su nivel de empleo. Como corolario de lo expuesto, se ensancharán las bases tributarias y aumentará la recaudación fiscal -sin necesidad de aumentar los tipos impositivos-, por lo que la región dispondrá de más recursos para mejorar la atención de los servicios sociales que presta a los madrileños. En definitiva, se trata de un caso paradigmático de lo que es la fiscalidad inteligente.

La última muestra es el Impuesto a las Grandes Fortunas o “Impuesto sobre el Patrimonio bis” como acertadamente lo denomina Javier Fernández Lasquetty

Contrasta el ejemplo de Madrid con la política fiscal seguida por el Gobierno de la nación que, secuestrado por su atávica ideología, está empeñado en una cruzada populista contra el capital sometiéndole a un castigo fiscal que irremediable y desgraciadamente va a ahuyentar la inversión en España. La última muestra es el Impuesto a las Grandes Fortunas o “Impuesto sobre el Patrimonio bis” como acertadamente lo denomina Javier Fernández Lasquetty que, además de una chapuza técnica, invade anticonstitucionalmente la autonomía financiera de las Comunidades Autónomas y cuyos inevitables efectos serán impulsar la salida de España de patrimonios hoy presentes en territorio español y refractar la entrada de los provenientes del exterior.

El atavismo ideológico al que hemos hecho referencia está claramente presente en la reacción de Nadia Calviño al anunciar Isabel Díaz Ayuso su nueva medida fiscal. Para la vicepresidenta de Sánchez, la presidenta madrileña solo busca favorecer a los millonarios. Así entienden las cosas los socialistas españoles. Que la región madrileña sea capaz de conseguir que capitales hoy presentes en Francia, Suiza, Luxemburgo o Panamá vengan a activar la economía madrileña, generen demanda de bienes y servicios para las empresas residentes en Madrid, creen empleo para los madrileños que lo buscan y acaben generando mayor recaudación fiscal para la región y para el país es, según Calviño, favorecer a los millonarios. Con esa concepción de los incentivos fiscales, la fiscalidad aplicada por el Gobierno Sánchez sigue anclada en el modelo económico del socialismo real, el mayor fracaso histórico de la humanidad.

Afortunadamente, para los españoles, el sistema autonómico consagrado en la Constitución posibilita que las nefastas consecuencias de una política fiscal estatal exclusivamente expropiatoria, pueda ser parcialmente compensada en el ámbito regional con políticas tributarias más inteligentes, favorecedoras de la actividad económica, de la inversión, de la creación de riqueza y, consecuentemente, impulsoras del empleo. La Comunidad de Madrid es el más claro ejemplo.