“La política es el arte de buscar problemas, encontrarlos en todas partes, diagnosticarlos incorrectamente y aplicar los remedios equivocados.” E. Benn

Ha sido finalizar las autonómicas de Madrid y aparecer de golpe el proyecto fiscal del gobierno con toda su pureza. Lo han retrasado todo lo que han podido para no destrozar aún más a Gabilondo, con escaso éxito, ciertamente. Es curioso que un partido político que lleva en sus genes el control de la sociedad mediante la extracción de las rentas de los trabajadores para su teórico reparto, en función de una superioridad moral que les hace creer que saben, mejor que los ciudadanos a los que sirven, lo que necesitamos en cada momento, esconda esa subida para no perjudicar sus deseos de poder. Si tan orgulloso estás, si realmente crees en lo que piensas, no lo ocultas, a no ser que creas que el votante medio no está preparado para tan alto razonamiento. En eso siguen la estela de Juan Carlos Monedero y su última y, quizá, mayor aportación hasta la fecha al sosiego y a la ciencia política, con esa profunda reflexión que señalaba, y cito de memoria, “¿Qué hacemos con los gilipollas que cobran 900€ y votan a Ayuso?” No hay nada que un socialista no sepa del ciudadano, desde cómo quiere gastar el dinero que honradamente gana hasta a qué y a quién debe votar; eso explica el amor de tantos por las dictaduras, en las que se suprime el derecho real de sufragio porque “nosotros sabemos lo que te conviene.”

La suma de todos los impuestos directos e indirectos asociados a los vehículos sumaron más de 30.000 millones de euros en 2019

Las autopistas se pagan con impuestos. No importa. Volveremos a pagarlas con peajes las veces que haga falta. El razonamiento que esconde la “justicia” de que los usuarios contribuyan a su mantenimiento es tres veces pernicioso y tres veces falso; en primer lugar, quienes jamás las han usado ya las han pagado; en segundo lugar, porque se pretende que los vehículos pesados como camiones y autobuses, quienes más las usan y desgastan, queden exentos, no vaya a ser que se les ocurra bloquear el país; y, en tercer lugar, porque abre la puerta al copago de cualquier servicio público, desde la educación a la sanidad. La idea de que la educación y la sanidad presentan externalidades positivas y las carreteras no, palidece cuando nos bebemos un zumo de naranjas recién traídas de Valencia o unos berberechos de la ría de Vigo. Ya pagamos, además, un impuesto de matriculación y uno de circulación, que precisamente se establecieron para el mismo fin. La suma de todos los impuestos directos e indirectos asociados a los vehículos sumaron más de 30.000 millones de euros en 2019.

El diésel es contaminante, y quien contamina, paga. Esto supone que los usuarios de los vehículos con este combustible se verán, una vez más, penalizados por conducir, a pesar de que el 50% de cada litro en el surtidor vaya directamente a las arcas de Hacienda. Se pretende orientar y promover, de este modo, el parque de vehículos eléctricos, mucho más caros en la actualidad pese a las subvenciones y, de acuerdo con informes como el del prof. Buchal, del IFO de Colonia, tan contaminantes como los más modernos diésel si consideramos todo el ciclo de producción y generación. Claro que, para eso, tenemos al Ministerio de Transición Ecológica, que nos ayuda a desplazarnos en la dirección social correcta. En esa justa transición pagaremos más por los gases fluorados, por los plásticos, por viajar en avión, algo al alcance sólo de los ricos. Como también pagaremos más por el lujo que supone encender la luz o poner la lavadora. Porque este gobierno, recuerden, sólo subirá los impuestos a los ricos, nunca a las clases medias ni trabajadoras.

Ese impulso fiscalizador no tiene más origen que el ideológico. Cualquier gobierno, pero especialmente este, necesita dejar su huella en la sociedad, transformándola de acuerdo con sus propias normas de ingeniería social. Pensemos en las políticas públicas para lograr que nuestro mercado de trabajo sea “dinámico, resiliente e inclusivo”, tal y como destaca el Plan de Recuperación remitido a Bruselas. Un Plan con erratas (sic) menores, como la de eliminar la tributación conjunta de los matrimonios, que afecta especialmente a los que menos ganan, subiéndoles alrededor de 1.000 euros la carga fiscal anual. Al mercado de trabajo, como decía, se destinan 2.365 millones, y una tercera parte va a la promoción del empleo joven.

Repartir el empleo y repartir la renta, algo con lo que los socialistas llevan soñando desde que abandonaron las tabernas para elevar la conversación sin oler a berberecho y que, por ahora, ha acabado siempre con menos empleo y un mayor reparto de renta a los sindicatos, los verdaderos legatarios de los cursos de formación.

Para qué bajar los impuestos al trabajo en ese importe, algo que tendría un efecto más amplificador y más duradero y que fomentaría la creación de empresas. En vez de eso, el Gobierno prefiere establecer un tipo mínimo del 15% en el impuesto de sociedades, que penalizará a las empresas que ya han tributado fuera de España. “Alguien tiene que pagar una deuda pública del 120%”, se nos dice, olvidando quiénes son los responsables de haber seguido gastando y gastando como si no hubiese mañana. Pero es que ellos son más de quitar y devolver, porque así siempre recordaremos quién manda y a quién le debemos nuestro sustento; algo que los gilipollas de cañas y berberechos no somos capaces de entender.