El Gobierno ha aprobado la Ley de Memoria Democrática que, de acuerdo con lo trascendido este martes y al margen de modificaciones en su trámite parlamentario, va a resultar tan funesta como la Ley de Memoria Histórica de Rodríguez Zapatero y que Mariano Rajoy no se planteó derogar en momento alguno, dejándola latente aunque sin fondos, lo cual es aun peor.
Solo como botón de muestra de la naturaleza y el contenido de la polémica ley cabría mencionar una cadena de televisión privada aseguró este mismo martes que a los benedictinos de la Fundación que vela por la Basílica se les destina una asignación anual de 325.000 euros, lo cual es en parte falso pues hace cuatro años que no se les otorga cantidad alguna (es la mencionada fórmula Rajoy) y subsisten gracias a las donaciones particulares. Se incumple de esta forma lo establecido en los Estatutos de la Fundación del Valle de los Caídos, cuyo patrono es Patrimonio Nacional y que culminará con toda seguridad con la expulsión de los benedictinos de la Basílica.
Desde instancias gubernamentales se asegura que la Ley de Memoria Democrática aprobada en el Consejo de Ministros, se vertebra en torno a los principios de Verdad, Justicia y Reparación. Veamos que no es así.
¿Qué Verdad? La de que todos los que lucharon contra la República sublevada son fascistas.
¿Qué Justicia? La que señala que solo se aplique a partir del 18 de Julio de 1936, con lo que se deja fuera todo el latrocinio, asesinatos y quema de iglesias que se produjo entre 1934-1936.
¿Qué Reparación? Tan sólo la de los vencidos
Los verdaderos fines
Decir que los fines de la Fundacion de la Santa Cruz del Valle de los Caidos son incompatibles “con los principios y valores constitucionales” es no conocerlos o tergiversarlos. Conviene mencionar los siguientes:
-Rezar y oficiar una Misa diaria por todos los caídos de uno y otro bando.
-Mantener una Escolanía de casi 50 niños a la que se atiende, se da cobijo, se alimenta, se educa y que son los mejores del mundo en canto Gregoriano.
-Sostener asimismo una biblioteca de ciencias sociales que es fuente de consulta cada año de buen número de investigadores.
Es imprescindible subrayar que no se ha invertido en las obras ni un solo céntimo del Patrimonio del Estado ya que su coste de 1.159.503.687,73 pesetas se sufragó mediante donaciones y recursos netos de la Lotería Nacional. Esta Ley, resulta obvio subrayarlo, no favorece en absoluto la reconciliación entre los españoles que se alcanzó con la Constitución de 1.978, y que hora pretenden dinamitarla volviendo al pasado volviendo al pasado.
Cabe esperar que eso que se conoce como sociedad civil debería movilizarse para evitar que se consume esta injusticia perpetrada por el actual gobierno socialcomunista.
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