¿Será legal instalar Pegasus en los teléfonos de los periodistas?

La información es y será la diferencia entre el éxito y el fracaso, entre la riqueza y la pobreza; y entre el llegar pronto o tarde. Estrenaron en 2022 una interesante película llamada LOLA en la que un par de chicas inglesas inventan una máquina que es capaz de interceptar las transmisiones de radio del futuro. Eso altera el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial, dado que la capacidad para predecir dónde y cuándo caerán las bombas alemanas en las ciudades británicas permite salvar millones de vidas y destruir los bombarderos de la Luftwaffe.

Si existiera ese artilugio, sería posible anticiparse a los movimientos bursátiles y a los ataques del enemigo. A las tormentas y a los sorteos de lotería. Por desgracia, esto es sólo ciencia ficción, aunque existen tecnologías en el mundo actual que poseen un poder que también puede llegar a ser decisivo. La principal es internet, que sobre todo aporta, pero que también resta.

A lo mejor, haría falta una mayor reflexión sobre esto último para evitar sorpresas y malos ratos. Entre otras cosas, porque cada día se mueven alrededor del mundo millones y millones de datos en la Red y eso siempre implica un riesgo, dado que cada comunicación que emitimos es susceptible de ser interceptada. Eso ha comprometido la defensa de los Estados, pero también puede poner en riesgo la seguridad de los ciudadanos. Incluidos los periodistas y sus confidentes.

El proyecto de Reglamento Europeo de Libertad de los Medios de Comunicación -aprobado por el Parlamento de la UE hace unos días- pone el foco sobre este problema, que a lo mejor no es creciente, pero sí es inevitable, dado que la experiencia demuestra que luchar contra cualquier actividad ilícita en internet equivale a jugar un partido de fútbol entre 11 contra 1. En concreto, el texto se refiere a la existencia de programas espía que pueden instalarse en los teléfonos de los periodistas sin que sean conscientes de ello; e interceptar todas las comunicaciones con sus fuentes. A partir de ahí, expresa su vocación de proteger a estos profesionales contra estas técnicas, que, por cierto, no sólo se practican desde tierras lejanas en las que se redacta en cirílico. En el caso del BBVA y Villarejo, aparecieron documentos que presuntamente aludían al espionaje a varios periodistas españoles.

La nueva norma pretende evitar estas prácticas a través, entre otras cosas, de la “promoción” de “herramientas de anonimización" y protección de las comunicaciones de los trabajadores de los medios de comunicación. ¿Qué ocurre y qué preocupa en el caso del nuevo Reglamento europeo? Quienes han votado en contra y la Federación de Periodistas Europeos (EFJ) han avisado de que esta nueva norma deja la puerta abierta a la instalación en el teléfono de los periodistas de software espía -al estilo de Pegasus- bajo circunstancias excepcionales, como, por ejemplo, las que puedan llegar a comprometer la seguridad nacional.

Resulta normal que en las democracias occidentales se utilicen todos los medios al alcance para evitar atentados terroristas, descubrir el espionaje sobre las infraestructuras críticas o impedir que quien planea un asesinato lo ejecute. El problema es que los Estados de derecho pueden llegar a degenerar a una gran velocidad cuando vienen mal dadas. En estos casos, cualquier norma que pudiera llegar a restringir la libertad de expresión podría llegar a tener un efecto muy nocivo.

Legislar sobre la prensa

Aquí puede plantearse una cuestión que ha estado a debate durante los últimos años, y que no es menor: ¿conduce la regulación sobre el periodismo y la libertad de expresión a la censura? Hubo un momento, tras el brexit, en el que un grupo de expertos fue convocado por Bruselas para debatir sobre las posibles medidas coercitivas que podrían adoptarse para intentar frenar el fenómeno de las fake news. Entonces, se decidió que cualquier acción de este tipo podría afectar al ejercicio libre del periodismo. Por tanto, no se adoptó ninguna medida en este sentido. Las asociaciones profesionales siempre lo han tenido claro: la mejor estrategia es la auto-regulación y, en caso de que determinadas noticias incumplan la legislación vigente, acudir a los tribunales.

La relación entre el poder y la prensa ha sido compleja; y la libertad de expresión siempre ha sido mayor o menor en función de la predisposición de los periodistas a acatar ciertas normas que son impuestas por el propio poder.

Sea como sea, el espíritu de la futura norma europea no es ni mucho menos el de alentar la censura en los medios comunitarios, por mucho que algún eurodiputado lo haya denunciado (tan ciegos con Rusia, tan avispados con la UE). En realidad, lo que se deduce del texto es que Europa quiere blindarse contra las injerencias exteriores (caso de Russia Today) y contra cierto tipo de desinformación que desde hace unos años es común. De ahí que haga referencia a la necesidad de redoblar esfuerzos para controlar los contenidos que se difunden en las grandes plataformas digitales. Entre otras, Google Discover, la cual concede una excesiva importancia a las noticias “polarizadoras” o a la “desinformación”; mientras margina a otras que se han realizado con diligencia periodística.

El texto también pretende clarificar cuáles son los verdaderos propietarios y financiadores de los medios de comunicación que operan en el espacio comunitario. La ley española ya obliga a las empresas informativas a aportar los datos sobre sus socios, sus directores y su tipo de actividad económica, pero el problema es que con la llegada de internet y el surgimiento de cientos y cientos de publicaciones en línea esta tarea se volvió mucho más compleja. Ahora bien, este punto resulta muy interesante. Por ejemplo, ¿se verán obligados quienes inician colectas en webs como Goteo a revelar la identidad de sus financiadores?

Hace alrededor de un año, Pablo Iglesias iniciaba un crowdfunding para poner en marcha Canal R(e)d en el que obtuvo más de 400.000 euros. ¿Será posible a partir de ahora obligar a estas empresas a desvelar la procedencia de sus aportaciones? Desde luego, sería muy interesante saber el nombre y los apellidos de quienes aportan fondos a estos medios.

Evitar los malos usos de la publicidad institucional

El borrador de la norma -que ahora analizará el Consejo Europeo- también exige transparencia para con el reparto de la publicidad institucional y prohibirá que un mismo medio de comunicación reciba más del 15% de los fondos asignados a una campaña. Con esta decisión, la UE pretende evitar que los gobiernos de los Estados miembros moldeen a su imagen y semejanza el sector de la información. ¿Afectará también este punto a las comunidades autónomas? Lo digo porque el 'caso catalán' es especialmente sangrante en este sentido. Allí, incluso revistas musicales y religiosas han llegado a publicar alegados políticos después de recibir miles de euros de la Generalitat.

En España queda trabajo por hacer en ese sentido. La transparencia en el reparto de la publicidad institucional es nula en algunas Administraciones, con el Gobierno a la cabeza. A lo mejor, cuando se difundan los datos sobre la asignación de campañas gubernamentales se pueden responder determinadas preguntas cuya respuesta se intuye desde hace muchos años. A lo mejor, hay quien no ha quebrado por haber recibido constantes inyecciones de dinero público a cambio de defender al Ejecutivo. Ya saben.

Cuesta imaginar que los partidos españoles que han manipulado hasta extremos sorprendentes las televisiones públicas vayan a afanarse en buscar, una vez se apruebe la norma, consejeros y directivos independientes para las televisiones públicas

Las asociaciones de periodistas europeos han aplaudido esta iniciativa regulatoria porque consideran que podría aliviar determinados padecimientos que sufre esta profesión. Ahora bien, tampoco conviene lanzar las campanas al vuelo. La relación entre el poder y la prensa ha sido compleja; y la libertad de expresión siempre ha sido mayor o menor en función de la predisposición de los periodistas a acatar ciertas normas que son impuestas por el propio poder.

Un buen ejemplo del valor que otorgan los gobiernos al periodismo es el de las televisiones públicas, que siempre -y digo siempre- han orbitado alrededor del poder ejecutivo y del legislativo. En España, ese fenómeno ha sido y es muy evidente... y será difícil que cambie. Por eso, será muy interesante observar los requiebros que realizarán los dirigentes para evitar aplicar el criterio de independencia editorial -y de sus órganos de decisión- que sugiere el nuevo reglamento europeo para los medios públicos. Desde luego, cuesta imaginar que los partidos españoles que han manipulado hasta extremos sorprendentes las televisiones públicas vayan a afanarse en buscar, una vez se apruebe la norma, consejeros y directivos independientes. De los que no puedan controlar.

Ni que decir tiene que la figura de “autoridad independiente” que impone el Reglamento para abordar determinadas funciones de control y regulación de los medios de comunicación tampoco actuará con libertad en España. Lo veremos todos. Y a lo mejor tenemos que volver a pensar que la libertad de expresión y la empresa informativa no necesitan legislaciones adicionales, dado que cada nueva norma deriva en un mayor control de los medios de comunicación por parte del poder. Todo ello, en el campo incontrolable de internet en el que los delincuentes saben que es imposible poner puertas al campo... y no van a dejar de delinquir.