La necesaria y urgente regeneración

Cuando el ilustrado británico G.K. Chesterton sacó a la luz hace un siglo su genial e imperecedera sentencia, recientemente recordada en esta columna: "El mundo moderno se ha dividido a sí mismo en conservadores y progresistas. El negocio de los progresistas está en seguir cometiendo errores. El negocio de los conservadores en impedir que los errores se corrijan", se refirió naturalmente a la sempiterna democracia inglesa, que con todas sus imperfecciones jamás bordeó su marco liberal y por tanto nunca cometió el error de cuestionar la separación de poderes, ni por supuesto ha recurrido a prácticas totalitarias bolivarianas como en la España gobernada por Zapatero y Sánchez.

La llevadera ironía británica aplicada a la España de nuestros días cobra, sin embargo, tintes mucho más graves y preocupantes dada la sinigual deriva totalitaria del actual gobierno recientemente glosada aquí. Mientras que los gobiernos conservadores de Aznar y Rajoy corrigieron los principales errores económicos de los progresistas; muy "chestertonianos" ellos, apenas hicieron correcciones en el ámbito institucional. La acumulación de actuaciones políticas progresistas degeneradoras de nuestro sistema democrático ya ha superado en España las peores expectativas "inglesas", para encaminarnos por una senda populista-bolivariana que nos aleja, cada día más, de las buenas prácticas de los países civilizados.

El nuevo Gobierno deberá no solo arreglar los desastres económicos que heredará, sino emprender contrarreformas de los desmanes –más que errores– progresistas

Si como es de esperar, tras unas próximas elecciones, dejan de gobernar quienes enzarzados en perversas políticas secesionistas, comunistas y socialistas han degenerado institucionalmente España, el nuevo Gobierno deberá no solo arreglar los desastres económicos –decrecimiento económico, desempleo, deuda pública desorbitada- que heredará, sino emprender contrarreformas de los desmanes –más que errores– progresistas. He aquí un catálogo de imprescindibles reformas institucionales que una sociedad civil responsable debiera exigir a un nuevo gobierno.

- Cumplimiento de la ley: Garantizar el cumplimiento de las leyes y las sentencias judiciales en todo el territorio nacional, sin excepción alguna.

- Decretos leyes: Uso extraordinario y claramente justificado.

- Leyes "ómnibus": Prohibición expresa de este recurso.

- Uso de la lengua oficial: cumplimiento del artículo 3º de nuestra Constitución: "El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla". En ningún caso el uso de la lengua oficial puede ser objeto de discriminación negativa en las administraciones públicas, con especial énfasis en la educación y la función pública.

- Justicia: Despolitización de sus órganos de gobierno, agilización de las sentencias y renuncia al uso de los indultos de políticos.

- Educación: Regreso al ejercicio de sus sempiternos valores: disciplina, rigor, jerarquía del saber, esfuerzo, mérito, autoridad del profesor, etc... amén de un cambio copernicano en la selección de los profesores de educación primaria y secundaria; de haber sido los peores estudiantes, a los mejores.

- Unidad de mercado: Supresión de todo tipo de limitaciones autonómicas al libre ejercicio de actividades personales, profesionales y empresariales.

- Despolitización de las instituciones públicas: Deben estar regidas por expertos independientes elegidos con criterios profesionales. Los asesores del gobierno deben ser radicalmente reducidos y estar tasados en su número.

- Simetría de responsabilidades público-privadas: Las obligaciones impuestas a los ciudadanos deben ser igualmente exigidas a las administraciones públicas: cumplimiento de normas, plazos, responsabilidad patrimonial, etc.

- Frenos a la proliferación legislativa: Establecimiento del criterio -de uso anglosajón– "two out & one in": cada una nueva norma exigirá la supresión de dos previas.

- Subvenciones públicas: Severa reducción en todos los ámbitos y transparencia de las adjudicaciones sometidas a reglas previas.

- Presupuesto base cero: En cada legislatura, todas las administraciones deben estar obligadas a practicarlo, al menos una vez.

- Mercado laboral: Supresión de sus rigideces para asimilarlo al de los países con mayor tasa de empleo (% de trabajadores / nº de personas en edad de trabajar), que en España se sitúa por debajo del 50% frente a Suiza, Holanda, etc que superan el 60%.

- Pensiones sostenibles: Sobre las bases de la reforma sueca: sistema mixto –reparto & capitalización-, imposibilidad de déficit, cuantía de la pensión según cotizaciones efectivas, libre edad de jubilación a partir de los 61 años y despido libre desde los 67, etc.

- Libre ejercicio de la función empresarial: Revisión a fondo y supresión de todos los obstáculos acumulados contra la libre empresa impulsora del crecimiento económico y del empleo.

Además de estas obvias y urgentes reformas para sanear nuestras instituciones e impulsar de nuevo la creación de riqueza, un Parlamento con mayoría suficiente integrado por fuerzas con una responsabilidad histórica equivalente a las que hicieron posible nuestra Transición, debiera afrontar la reforma de nuestro sistema electoral que ha quedado obsoleto y alejado del de los países de referencia.

El nuevo sistema electoral debiera:

- Garantizar la estabilidad de los gobiernos.

- Eliminar las injustificadas prebendas de los partidos nacionalistas.

- Atraer a la política a los mejores.

- Acercar a los ciudadanos a sus representantes políticos.

Los sistemas electorales mayoritarios basados en circunscripciones unipersonales a doble vuelta cumplen los anteriores requisitos, siendo Alemania la mejor referencia al respecto.

Los alcaldes deben ser los candidatos que obtengan más de un 50% de los votos, en primera o segunda vuelta; excluyendo así los trapicheos políticos que tanto abundan. Como en un sistema electoral mayoritario puro –tipo inglés– los perdedores en los distritos se quedan sin representación parlamentaria, para compensar este desequilibrio representativo cabría –como en Alemania– asignar un porcentaje de los escaños del parlamento a la suma de votos "perdidos" en cada circunscripción. De este modo, todos los partidos están representados, siempre que superen un mínimo porcentaje a nivel nacional, mientras que la estabilidad de los gobiernos quedaría garantizada.

¿Quién y por qué puede estar en contra de estas medidas regeneradoras de nuestra salud institucional y facilitadoras de un mejor porvenir económico –más crecimiento y empleo con menos deuda pública– para todos? España ha demostrado históricamente –Plan de Estabilización de 1959, Transición política de 1977, integración en la Unión Europea en 1986 y en el sistema monetario del Euro en 1999– que cada vez que se han llevado a cabo reformas adecuadas, los resultados han sido siempre muy buenos.

Sánchez y Zapatero han venido envileciendo, sin cesar,nuestras instituciones de la mano de partidos contrarios a nuestra Constitución e incluso a la mera existencia de España como nación

En lo que va de siglo, Zapatero y Sánchez, además de arruinar nuestra economía –como nunca había acontecido- han venido envileciendo, sin cesar, nuestras instituciones de la mano de partidos contrarios a nuestra Constitución e incluso a la mera existencia de España como nación. Afortunadamente, parece ser que una mayoría de españoles podría estar dispuesta en unas próximas elecciones a votar por opciones políticas con voluntad de Regenerar la democracia y reconstruir el Estado –título de un magistral ensayo del maestro Gaspar Ariño–; y si así resultara, todo lo dicho debería convertirse en un irrenunciable compromiso del nuevo gobierno.