La justicia social sanchomarxista

En la reciente reunión de la Internacional Socialista, el flamante presidente de la misma y del Gobierno de España se vanagloriaba de las subidas del SMI, de las intervenciones en los mercados de hipotecas y alquileres, así como de los nuevos impuestos a la banca, a las eléctricas y a las grandes fortunas que ha instrumentado en nuestro país. Ponía todas estas medidas como ejemplo de una política de izquierdas comprometida con la justicia social y la mejora de la situación de los más débiles.

El concepto de justicia social es más resbaladizo de lo que parece y lo que unos pensadores consideran como socialmente justo otros estiman que su consecución violaría los principios de justicia general que deben dominar la elaboración de las leyes de la sociedad. Para juzgar la bondad de las afirmaciones del presidente de la Internacional Socialista, sin embargo, podemos eludir este debate y concentrarnos en si sus medidas mejoran la posición de los más débiles, como afirma. Empezando por las subidas del salario mínimo y ciñéndonos a los estudios del propio Gobierno, dichas subidas habrían aumentado marginalmente la renta de muchos trabajadores pero también habrían empeorado la de no pocos que han perdido su empleo y que difícilmente encontrarán otro a causa de dichas subidas. Estos son precisamente los más vulnerables, los más débiles de la sociedad que la justicia social sanchomarxista dice querer beneficiar o al menos proteger. La intervención en los mercados de alquileres e hipotecas, topando subidas de precios o pagos mensuales, tiene efectos similares. Como en el caso anterior, muchos se pueden beneficiar de estas medidas pero no pocos quedarán marginados del alquiler y de la contratación de una hipoteca por las restricciones de la oferta de lo uno y de lo otro que dichas medidas provocan. De nuevo, los más vulnerables y necesitados acaban estando peor de lo que estaban antes de las mismas. De hecho, estas medidas terminan teniendo efectos negativos sobre otros amplios grupos de ciudadanos, pero el análisis de esta cuestión nos alejaría del tema.

Se ha intentado justificar estas medidas como un remedio para reducir la supuestamente elevada desigualdad de rentas y fortunas en España en comparación con los países de nuestro entorno

Menos conocido pero igualmente contraintuitivo que los casos anteriores es el impacto negativo de los impuestos a las grandes fortunas y de la consiguientemente elevada progresividad del impuesto a las rentas elevadas sobre la situación de los más desfavorecidos. A veces, se ha intentado justificar estas medidas como un remedio para reducir la supuestamente elevada desigualdad de rentas y fortunas en España en comparación con los países de nuestro entorno. En lo que concierne a las fortunas esto no sólo no es verdad sino que es lo contrario de la verdad, como veremos a continuación. En cuanto a la desigualdad de rentas, España ocupa una posición intermedia en la Unión Europea. Utilizando el índice de Gini (a mayor valor del índice mayor desigualdad), los valores recientes que arrojaría la distribución de la renta en nuestro país estarían en torno a 0,33, prácticamente igual a los de Portugal e Italia, algo por encima de los de Francia y Alemania (en torno al 0,30) y sensiblemente superiores a los de los países escandinavos de la UE (alrededor del 0,27). Menos conocidos y mucho menos citados son los datos comparativos de la distribución de riqueza en los países europeos, según los cuáles España es uno de los países menos desiguales, sino el menos desigual. Así, el Gini de la distribución de la riqueza en España alcanza valores alrededor del 0,54 mientras que en Suecia, Dinamarca y Finlandia se sitúa en torno al 0,73. Esto es, la desigualdad de la distribución de la riqueza en estos países respecto al nuestro supera en mucho la desigualdad de nuestra distribución de renta respecto a las suyas.

No es descabellado aventurar que la pesada fiscalidad de la riqueza en nuestro país puede ser una de las causas de nuestra anormalmente alta tasa de paro

Estos datos nos indican que la desigualdad de rentas en España no obedece a que los individuos de rentas elevadas ganan más que los de otros países, de hecho ganan menos (antes y, sobre todo, después de impuestos), sino a que los individuos de menor renta ganan mucho menos. La razón principal de estas bajas rentas relativas reside en la baja tasa de empleo y elevado paro de nuestro país en comparación con la media europea y especialmente con la de los países escandinavos y países centroeuropeos. Según cálculos de la OCDE, si nuestra tasa de empleo se asemejara a la de los citados países, nuestro índice de igualdad/desigualdad estaría muy cerca del suyo. No es descabellado aventurar que la pesada fiscalidad de la riqueza en nuestro país, fiscalidad inexistente en los países escandinavos y otros países ricos y con altas tasas de empleo, puede ser una de las causas de nuestra anormalmente alta tasa de paro y baja tasa de empleo. La imposición patrimonial desincentiva la actividad empresarial y la asunción de riesgos, entre otros el de contratar personal, y también los riesgos de innovar. Si el premio del éxito de una actividad innovadora se merma exageradamente, como ocurre en nuestro país, muchos piensan que no compensa intentarlo. Debería ser evidente que con un impuesto de patrimonio como el nuestro, y no digamos con el añadido del gravamen a las grandes fortunas, se invierte menos y en actividades menos productivas y se crea menos empleo y de peor calidad de lo que lo que se conseguiría sin el pesado y dañino fardo de estos impuestos. En fin, cuanto más se restringen las posibilidades de generar y acumular riqueza mayor tiende a ser la proporción de la población en riesgo de pobreza.

Esta es una lección que aprendieron bien los socialdemócratas alemanes y escandinavos, por eso eliminaron el impuesto sobre la riqueza y tienen tasas impositivas sobre el ahorro y los beneficios empresariales sensiblemente inferiores a las nuestras. Acaso también por eso abandonaron la Internacional Socialista, dominada hoy por partidos africanos, latinoamericanos y dos o tres europeos, partidos en su mayoría que no han extirpado, o como el caso del PSOE, han reintroducido el marxismo.