Juristas de reconocido desprestigio

La mentira es una carta de presentación que pretende agotar al ciudadano medio y alejarlo de la política con el fin de que sólo acudan a las urnas los más fanatizados, los lobotomizados para los que no existe realidad que cuestione su ideología.

Es en este fango de engaño, crispación y eslóganes en el que han transformado la política donde retozan cómodos, porque les permite soslayar tanto su propia mediocridad como la de aquéllos a quienes colocan gracias al dedazo y al contubernio. Hasta tal punto llega el descaro que, sin pudor alguno, pretenden hacer pasar por caballos frisones a lo que no son más que mulas de arrastre. Y encima con recochineo.

Miren sino lo que está sucediendo con la renovación del Tribunal Constitucional o del Tribunal de Cuentas, donde presentan como caviar algo que no llega a la categoría de mejillón en conserva. Y es que algunos de los nombres del acuerdo provocan un enorme bochorno y una indescriptible vergüenza ajena.

Porque una cosa es que el nombramiento de los miembros que los integran responda a un acuerdo político, y otra muy distinta es que, en nombre del pacto, se pisoteen no sólo los requisitos de imparcialidad que exige la ley, sino también su mera apariencia. Al igual que sucedía con la esposa del César, la rectitud y la integridad de quienes son designados para formar parte de esos dos órganos no sólo ha de serlo, sino también parecerlo. Y por desgracia no acontece ni lo uno ni lo otro.

Para que ustedes entiendan mejor mi indignación, voy a repasar algunos de esos nombres que, en palabras textuales del propio García Egea, representan a perfiles técnicos, de reconocido prestigio y -atiendan- independientes, gracias a los cuales las instituciones saldrán reforzadas y los órganos judiciales despolitizados (siguiendo con el razonamiento de don Teodoro).

En lo que respecta al Tribunal Constitucional, debemos partir de la premisa de que sus miembros han de ser nombrados entre ciudadanos españoles que sean magistrados, fiscales, profesores de universidad, funcionarios públicos o abogados, todos ellos juristas de reconocida competencia con más de 15 años de ejercicio profesional o en activo en la respectiva función, los cuales deberán ejercer su función de acuerdo con los principios de imparcialidad y dignidad inherentes a la misma.

Pues la primera en la frente nos la dan con María Concepción Espejel, que tuvo que apartarse del enjuiciamiento de varias piezas de la trama Gürtel tras haber sido recusada por su afinidad con el Partido Popular. Una señora que no pudo formar parte del tribunal sentenciador de los casos de corrupción de un partido político por sus lazos ideológicos con él, va a resolver los recursos de inconstitucionalidad que se presenten por ese mismo partido o contra normas que él apruebe. Vergonzoso.

En el otro lado tenemos a Juan Ramón Sáez Valcárcel, reemplazo del deseado De Prada, pero igual de politizado. En su haber está la absolución de Trapero o la de los acusados de asediar el Parlamento de Cataluña en 2011, siendo esta última revocada por el Tribunal Supremo.

Y no me quiero dejar en el tintero a Inmaculada Montalbán, destacada “miembra” de juezas y jueces para la democracia y precursora de la introducción de la perspectiva de género en la interpretación de las normas y defensora de la formación de jueces y magistrados en estas lides, para lo que contarán con la ayuda inestimable de un libro sobre esta concreta temática del que ella es autora. En la monografía, describe la perspectiva de género así: “Es un instrumento de análisis que permite descubrir y comprender los mecanismos que en la práctica, a pesar del reconocimiento formal del derecho de igualdad, mantiene la subsistencia de la primacía cultural de los valores androcéntricos tanto con la sociedad como en el derecho. Simultáneamente, es una técnica que permitirá avanzar en la consecución de la igualdad material, sustantiva y real”. Pues en el Constitucional va a coincidir con otra jurista que considera que, tras la igualdad ante la ley, subyace algo a lo que llaman “un pacto sexual”, en cuya virtud nosotras ponemos nuestros cuerpos a cambio de derechos, o algo así. Seguro que se llevan fenomenal las dos, si es que aún no se conocen. Vienen malos tiempos para la presunción de inocencia de los varones, me barrunto.

Ni qué decir tiene que otra de las consecuencias de estos nombramiento es que van a valorar la constitucionalidad de las sentencias del Supremo señores cuyo perfil no alcanza para ocupar un puesto en el alto tribunal.

En cuanto al Tribunal de Cuentas -que no olvidemos que es quien se está encargando de meter la mano en el bolsillo de los independentistas para intentar corregir el daño en el erario que provocaron con el referéndum ilegal- el perfil de los nombramientos dista mucho de ser mejor.

Sale Mariscal de Gante, jueza azote del independentismo por su condición de exministra con Aznar, y entra el que, hasta ayer, era el jefe de Gabinete de la ministra de Defensa Margarita Robles, anteriormente magistrado de un juzgado de lo contencioso administrativo de Bilbao. Menuda despolitización de mercadillo, Teodoro.

Lo de Podemos colocando a su abogado es ya de aurora boreal. Este señor tiene una empresa inmobiliaria en la misma sede social que el diario de propaganda de Podemos, La Última Hora. Efectivamente, la mercantil DESARROLLO INMOBILIARIO SOGTULAKK SL tiene su domicilio en la calle Jorge Juan, 78, 3º 28001 - Madrid, compartiendo así espacio y confidencias con Dina Bousselham. No sé a ustedes, pero esto para mí es escandaloso, y que se justifique en nombre de la independencia es una broma de mal gusto.

Debo de ser una de las pocas personas de este país que no ha visto la serie: “El Juego del Calamar”. A pesar de ello, me voy a permitir la licencia de utilizar su nombre para intentar trasladar al lector, a través de una metáfora, la idea clave que me inspira el acuerdo entre PSOE y PP para renovar los órganos constitucionales: la política bipartidista como un cefalópodo que atrapa en sus enormes tentáculos a las instituciones. Y todo ello ante la mirada impertérrita del ciudadano, que al igual que en la ficción de Netflix, asiste desde sus casas al espectáculo dantesco del deterioro institucional sin ser consciente de que el apetito del calamar no se saciará una vez sus apéndices lo hayan colonizado todo: nuestras libertades individuales son su próximo bocado. La neutralidad de las administraciones públicas es tan sólo el aperitivo.