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Un juicio justo

Contrariamente a las intenciones del independentismo, el juicio que hoy arranca en el Tribunal Supremo debiera mostrar al mundo la solvencia de la Justicia española y la profundidad de nuestras convicciones democráticas

Fachada del Tribunal Supremo.
Fachada del Tribunal Supremo. EFE

El desarrollo del juicio que hoy se inicia en el Tribunal Supremo contra líderes de organizaciones independentistas y las autoridades que entre 2013 -con la aprobación en el Parlament de la primera declaración de soberanía- y el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 quebrantaron en Cataluña, consciente y reiteradamente, las leyes del Estado y de la comunidad autónoma, va a tener un indudable impacto político y social. Así lo han entendido en la fase preparatoria del mismo los magistrados de la Sala Segunda, quienes han actuado con reforzado escrúpulo a la hora de fijar el marco de garantías de los acusados.

También lo van a enfocar en clave de futuro los dirigentes políticos que se sientan en el banquillo, aunque por razones bien distintas a las que guían los criterios del Supremo. Las estrategias de los Junqueras, Forcadell, Rull, Turull o Romeva van a confluir en dos objetivos: usar el juicio como plataforma propagandística ante sus potenciales electores, e incidir en la estrategia de deslegitimación de la justicia española para captar apoyos internacionales a favor de la “causa”, hasta ahora manifiestamente escasos pero imprescindibles para sus objetivos.

El independentismo insistirá ante el alto tribunal en las tesis ya conocidas, tan falsarias como propagandísticamente eficaces: la justicia española no es independiente; la reivindicación de la autodeterminación ha sido en todo momento pacífica, no hubo violencia; no se juzgan delitos sino ideas; y España no es una verdadera democracia, como lo prueba, entre otras evidencias, la utilización injustificada, abusiva y contraria a los derechos humanos de la prisión preventiva.

Ninguna de estas falacias tiene la mínima posibilidad de influir en un tribunal que, a buen seguro, se va a atener, a la hora de establecer las pertinentes responsabilidades penales, a los hechos probados de acuerdo con las leyes vigentes. No existe en ese sentido riesgo alguno de contaminación; menos aún en un Tribunal que va a actuar con exquisito respeto a las garantías procesales para evitar ulteriores reconvenciones por parte de la justicia europea. No, el peligro es otro, y está directamente relacionado con la explotación propagandística que pretende hacer de esta causa el independentismo.

El Supremo va a actuar con exquisito respeto a las garantías procesales para evitar futuras reconvenciones por parte de la justicia europea

Es en ese punto, en el de la aparente ausencia de una estrategia de Estado que contrarreste la engrasada maquinaria de propaganda del secesionismo, donde aparecen las dudas sobre la capacidad de este Gobierno -empeñado hasta el ridículo en pactar en el tiempo de descuento con los golpistas- para coordinar eficazmente la respuesta a las permanentes acusaciones que van a realizar durante las largas jornadas del juicio los líderes independentistas y sus altavoces. La sustitución anómala de quien dirigió al equipo de la Abogacía del Estado durante la fase de instrucción no es precisamente un buen augurio.

De lo que no hay apenas dudas es de que los letrados de la mayoría de encausados han recibido instrucciones precisas para convertir la fase final de este proceso penal en un juicio político, a pesar de las contundentes evidencias de que son las ideas políticas las únicas que no van a ser motivo de escrutinio alguno. Ha sido el Supremo el que lo ha expuesto en uno de sus últimos escritos con sucinta y meridiana claridad: “No existe persecución por las ideas. No se criminaliza una ideología. De hecho, la ideología que con tanta legitimidad democrática profesan los recurrentes sostiene ahora al mismo gobierno autonómico y está presente en las instituciones de las que la mayoría de los procesados formaban parte”.

Asimismo, la consigna de que la Justicia española se ha extralimitado con una aplicación ilegítima de la prisión preventiva debiera ser contundentemente contestada durante el juicio, aludiendo precisamente a que ha sido la doctrina del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo -que establece que para valorar el riesgo de fuga debe ponderarse la existencia de “contactos en el extranjero” que puedan facilitar la huida- la que ha guiado en esta sensible materia las decisiones de los jueces españoles.

Por lo demás, durante el juicio quedará sobradamente demostrado el uso de la violencia, tantas veces negado por sus promotores; las coacciones, amenazas y agresiones sufridas por miembros de la Guardia Civil, el Cuerpo Nacional de Policía, jueces o periodistas no alineados; y, lo que es peor, por hijos de guardias civiles, de policías, de jueces, de periodistas y, en general, de cualquier ciudadano que no se plegara a las exigencias del supremacismo y sus comandos de la CUP.

Finalmente, convendría que cada vez que durante el juicio los acusados descarguen sobre el Estado la responsabilidad de lo sucedido, alguien se ocupe de recordar a la opinión pública que los que ahora se sientan en el banquillo son los culpables principales de su situación. Pudieron parar y no lo hicieron. Y por encima de todos ellos, hay que situar como máximo responsable de lo sucedido al ahora transformado en adalid del pacifismo y del diálogo: Oriol Junqueras.

La duda es si el Gobierno ha diseñado una estrategia de Estado que contrarreste la engrasada maquinaria de propaganda del secesionismo

Fue el líder de Esquerra Republicana (ERC) quien en la mañana del 26 de octubre de 2017, utilizando el chantaje y una irresponsable presión vía redes sociales (las 155 monedas de plata de Rufián), forzó el cambio de criterio de Carles Puigdemont, al que previamente el lehendakari vasco Iñigo Urkullu y otras personalidades del mundo político y empresarial habían persuadido de que la única salida para evitar el desastre era la convocatoria de nuevas elecciones.

En definitiva, no es que la acusación y el juicio oral que hoy se pone en marcha con las cuestiones previas estén plenamente justificados; es que sería inaceptable que en un país de la Unión Europea, y una de las 20 democracias plenas que hay en el mundo, quedaran impunes hechos abiertamente contrarios a la Constitución y a las propias leyes autonómicas que derivaron en acciones violentas, en algunos casos protagonizadas en primera persona por algunos de los acusados, o de nítida obstrucción de la Justicia, cuando no de intolerable falta de auxilio por parte de las autoridades políticas y policiales de Cataluña.

Estamos probablemente ante uno de los juicios más trascendentes de nuestra historia reciente. Un juicio inevitable, necesario y que, contrariamente a las intenciones del independentismo, debiera demostrar al mundo la solvencia de la Justicia española y la profundidad de nuestras convicciones democráticas. Veremos si la inconsistencia del Gobierno de Pedro Sánchez, la cercanía de unas elecciones vitales y la incapacidad del constitucionalismo para alcanzar consensos de Estado no convierten este obligado anhelo en una mera quimera.



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