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Juan Manuel López Zafra

Big data

Un anillo para gobernarlos a todos

Muchas voces en la Unión Europea se están planteando si España no está avanzando demasiado en la destrucción de la democracia

El presidente del Gobierno Pedro Sánchez en Bruselas
El presidente del Gobierno Pedro Sánchez en Bruselas Europa Press

“Un Anillo para gobernarlos a todos. Un Anillo para encontrarlos, / un Anillo para atraerlos a todos y atarlos en las tinieblas / en la Tierra de Mordor donde se extienden las Sombras.”

Extracto del 'Poema del Anillo'. Anónimo

Se mostró dado al diálogo y al consenso. Habló de independencia de los jueces. Juró que jamás pactaría ni con independentistas, ni con filoetarras, ni con bolivarianos que le susurraban en cada ocasión controlar la TVE, el CNI, los jueces, como él mismo relató. Pero el viaje de Smeagol hasta el Mordor monclovita no fue para destruir el anillo en el fuego de Orodruin, como muchos creyeron, incautos, sino para descubrirlo en algún recoveco del Palacio, quizá bajo algún bonsái de los que cultivaba Felipe, o, quién sabe, enterrado bajo algún roble de los jardines por los que corre cada mañana.

El día que lo deslizó por su anular, Smeagol desapareció para siempre, y Gollum ocupó su lugar en el trono de Rohan. Una legión de más de 700 orcos vela para que nadie se atreva a poner en duda la imprescindible, dicen, transformación del reino, mientras que 22 Nazgûl, tan siniestros como festivos, le aplauden tras sus viajes a la Tierra Media de Bruselas, despreciando los miles de muertos que su pésima gestión está provocando. Con la población confinada durante meses, el parlamento bloqueado y gobernando por decreto, sólo queda el sometimiento del judicial al juego de las mayorías coyunturales para que se cierre el círculo virtuoso del poder entorno a Él. Tras la designación de Dolores Delgado, exministra de Justicia y militante del PSOE, como fiscal general del Estado y con la entrega prevista de la instrucción de las causas a los fiscales, en detrimento de los jueces, el golpe al Estado de Derecho está servido.

Esa última etapa, sin embargo, puede ser más complicada que las anteriores. Por un lado, muchas voces en la Unión Europea se están planteando si España no está avanzando demasiado en la destrucción de la democracia, y ponen en duda la asignación de los 140.000 millones de euros que Smeagol ha prometido a su pueblo.

El escenario económico que dibuja el FMI es aterrador, más en un organismo que siempre ha pecado de conservador en sus estimaciones 

El FMI apunta que la deuda de España alcanzará niveles récord superiores al 14% del PIB este año, y que se mantendrá en entornos excesivos al menos hasta 2025; prevé, asimismo, niveles de paro cercanos al 17% y confirma que nuestra economía será la más castigada por la crisis económica, con una caída estimada cercana al 13% del PIB. El escenario económico que dibuja el Fondo es aterrador, más en un organismo que siempre ha pecado de conservador en sus estimaciones de deterioro. Pero todas esas previsiones parten de un supuesto básico, que no es otro que el del mantenimiento del Estado de Derecho, de la separación de poderes, de la independencia del Poder Judicial de los avatares políticos.

Inversiones extranjeras

El abrazo de Gollum a las tesis Grima Lengua de Serpiente, su principal consejero, no hace sino dificultar aún más las imprescindibles inversiones extranjeras. El dinero es cobarde, y requiere de estabilidad política y de horizontes jurídicos despejados. El Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social de la covid-19, modificado por el Real Decreto-Ley 11/2020, de 31 de marzo, suspendió, con efectos desde el 18 de marzo de 2020, el régimen de liberalización de las inversiones extranjeras directas en España, con una duración indefinida, hasta que el Gobierno acuerde lo contrario; no sólo son causas objetivas las que pueden regir el veto del Ejecutivo (sectores de actividad que el Gobierno considere, en cada momento, estratégicos), sino también subjetivas, atendiendo a las características que pueda reunir el inversor.

Igual que nadie duda, a estas alturas, que la declaración del estado de alarma en Madrid el pasado 9 de septiembre no atendió a criterios técnicos (pues otras ciudades y regiones se encuentran ya en situación peor que la que se encontraba la capital y nadie del gobierno les amenaza con restricción de ningún derecho fundamental), es jurídicamente igual de claro que el citado RDL permite el veto ad-hominem. Las consecuencias son claras: cualquier inversión extranjera directa ejecutada sin autorización previa o sin cumplir las condiciones establecidas en el nuevo reglamento no tendrá validez ni efecto jurídico hasta que se obtenga la autorización necesaria. Además, el incumplimiento de la autorización previa o el incumplimiento de las condiciones establecidas por las autoridades constituirán una infracción muy grave, pudiendo desencadenar sanciones graves.

El Gobierno de España, tan dado a criticar el proteccionismo de Donald Trump, le imita en sus actos más contrarios al libre comercio

Con la excusa de “proteger” a las empresas ante posibles “ataques de los mercados” y “tomas de posición de inversores extranjeros” aprovechando “cotizaciones de empresas por debajo de su valor real” (siempre la misma cantinela, como si una bola de cristal al servicio del regulador le permitiese saber cuál es ese “verdadero valor”, distinto del que fijan quienes se juegan los ahorros de sus inversores en cada compra), el Gobierno de España, tan dado a criticar el proteccionismo de Trump, le imita en sus actos más contrarios al comercio. Su Departamento de Estado advierte de que “la situación fiscal del Gobierno español también se deteriorará a medida que despliegue estímulo fiscal, amplíe las prestaciones por desempleo y obtenga menos ingresos fiscales como resultado de la crisis.”

Las advertencias del deterioro del Estado de Derecho por parte de la Asociación Europea de Jueces son ya conocidas. Y resuenan las palabras de Joaquín Urías, el catedrático de la Universidad de Sevilla que perdió la Secretaría General sevillana de Podemos en 2015, cuando en enero pasado clamaba contra la falta de independencia del órgano de gobierno de los jueces derivada de las “deudas adquiridas en el momento de su nombramiento y el peso de sus posiciones ideológicas para dicha elección”; si eso ocurría con los 3/5 requeridos hasta entonces, podemos adivinar lo que se nos viene con la mayoría que plantea hoy el gobierno.

Por debajo de la media

Más allá de las posibles amenazas de la Unión Europea respecto de la asignación de los fondos, la literatura científica es clara: restringir al gobierno es crucial para el desempeño económico, como señalan Haggard y Tiede. En los seis indicadores mundiales de gobernanza que elabora el Banco Mundial (Voz y rendición de cuentas, Estabilidad política y ausencia de violencia, Efectividad del gobierno, Calidad regulatoria, Imperio de la ley y Control de la corrupción) estamos por debajo de la media de los 34 países con los que nos comparamos. No es descartable que una nueva intervención en la independencia de los jueces nos hunda un poco más en el epígrafe de Imperio de la ley.

Cierto es que muchos habitantes anteriores de Mordor se llenaron la boca hablando de una independencia judicial que jamás promovieron cuando tuvieron ocasión de hacerlo. Tanto como que ninguno se atrevió a convertir al Consejo en una sala anexa a la del Consejo de Ministros. En cuanto se consume la posesión del anillo, nada se podrá hacer para evitar su gobierno sobre todos los poderes del Estado.

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