El 22 de noviembre de 1975, dos días después de la muerte de Franco, Juan Carlos de Borbón se convirtió en Rey de España. En su discurso ante las Cortes del franquismo manifestó su voluntad de ser Rey de todos los españoles. Fuimos muchos los que dudamos de que consiguiera desembarazarse del entramado de la dictadura que tenía todo “atado y bien atado”. Nos equivocamos. El 5 de julio de 1976 nombró presidente del Gobierno a Adolfo Suárez, hasta ese momento ministro secretario general del Movimiento. Le encomendó la ardua tarea de implantar la democracia, “de la ley a la ley” [expresión de Torcuato Fernández Miranda] y, al mismo tiempo, incorporar al proceso al Partido Comunista y al Partido Socialista, que soñaban desde el exilio con la ruptura vengativa. Pues bien, cuatro meses después, las Cortes del régimen se hicieron el haraquiri al aprobar la Ley para la Reforma Política. Habría unas Cortes elegidas por sufragio universal y se restablecían todas las libertades cívicas. El 15 de diciembre de aquel mismo año, el pueblo español refrendó la reforma con una aplastante mayoría (95% a favor con un 77% de participación). En Cataluña votó el 73,94% del censo electoral, con un 93,39% a favor. El resultado dejó atónitos al PC de Santiago Carrillo, al PSOE de Felipe González. No obstante, no era tarea fácil sumarlos a la reforma. Suárez exigía que renunciaran a sus obsoletos sueños de una revolución social marxista-leninista. Al final, supieron aceptar la voz del pueblo. El PC aceptó la Monarquía y se envolvió en la bandera nacional. Al PSOE le costó algo más sumarse a la socialdemocracia europea.
El 1 de diciembre de 1976 se había constituido la llamada “Comisión de los nueve” para negociar con Suárez que actuaba siempre bajo el mandato del rey Juan Carlos. Comunistas y socialistas se unieron con grupos democristianos, liberales, socialdemócratas no marxistas y nacionalistas moderados, emergentes tras el inicio de la Transición. La legalización del PC y el regreso a España de Carrillo fue una exigencia sine qua non de la Comisión para la plena legitimación de la reforma. El siguiente paso fue elaborar de común acuerdo la ley electoral aplicable a las primeras elecciones democráticas del 15 de junio de 1977 y que prácticamente sigue vigente.
El otro gran acuerdo fue la amnistía. Se convino que sería la primera ley de las futuras Cortes Generales. Una ley para sellar la reconciliación nacional y poner borrón y cuenta nueva al pasado. Nunca más las dos Españas. Suárez no llevó a las Cortes constituyentes ningún proyecto de ley. Lo aprobado el 14 de octubre de 1977 de forma prácticamente unánime por ambas Cámaras fue una proposición de ley firmada por los grupos parlamentarios de UCD, PSOE, PSC, PC, PSUC, Minoría vasco-catalana y Grupo Mixto.
El 6 de diciembre de 1978, Suárez, González, Carrillo y Fraga, junto a una gran mayoría del pueblo español, dijeron “sí” a la Constitución de la libertad y de la concordia. El Rey podía serlo de todos los españoles
A mis 34 años fui elegido senador por Navarra. Me eligieron secretario segundo del Senado. Tuve el orgullo de poder vivir aquel 14 de octubre, una jornada de extraordinaria emoción al ver cómo se abrazaban los que habían estado en trincheras diferentes. Pertenecí a la Mesa del Senado constituyente. Me sentaba a junto al vicepresidente segundo Ramón Rubial, presidente nacional del PSOE desde 1974 hasta 1999. Por eso pude ver al luchador antifranquista con los ojos enrojecidos, visiblemente emocionado. Este auténtico espíritu de concordia nacional fue el que llevó unos días después a Manuel Fraga, exministro de Franco y líder de Alianza Popular, a presentar en el Club Siglo XXI una conferencia de Santiago Carrillo, el líder comunista. Algo impensable en momentos muy cercanos. “Los comunistas –dijo en el Congreso Marcelino Camacho-, que tantas heridas tenemos, que tanto hemos sufrido, hemos enterrado nuestros muertos y nuestros rencores... resueltos a marchar hacia adelante en esa vía de la libertad, en esa vía de la paz y del progreso”. Entre otros muchos, destaco unas palabras de Arzallus (PNV): “Es [la amnistía] simplemente un olvido, un olvido de todos para todos”. El 6 de diciembre de 1978, Suárez, González, Carrillo y Fraga, junto a una gran mayoría del pueblo español, dijeron “sí” a la Constitución de la libertad y de la concordia. El Rey podía serlo de todos los españoles.
Cuarenta y seis años después de aquel día histórico, Pedro Sánchez, candidato a la presidencia del Gobierno, secretario general del PSOE, está dispuesto a conceder la amnistía a quienes el 1 de octubre de 2017 se sublevaron contra la democracia constitucional, celebraron un simulacro de referéndum de autodeterminación y proclamaron la República de Cataluña. El artífice de semejante desafío a la concordia nacional, Carlos Puigdemont, violando la Constitución mayoritariamente votada por el pueblo catalán, rompiendo el Estado de Derecho y poniendo en gravísimo peligro la convivencia ciudadana, que huyó cobardemente de España, razón por la que está en situación de prófugo de la Justicia española, está a punto de cobrar el precio que ha exigido para la rendición del Estado español, todo porque un político sin escrúpulos está dispuesto a vender España por un puñado de escaños que le permitan disfrutar de una segunda legislatura en la Moncloa.
¿Cómo puede hablar en nombre de España para borrar la responsabilidad penal a quienes llegaron a romper, aunque fuera por unos instantes, la unidad nacional?
Sánchez miente cuando, entre los fervorosos aplausos de sus incondicionales, dice que “Cataluña está lista para el reencuentro total. Los representantes de más del 80% de los catalanes respaldan esta medida. (Supongo que eso se lo dirá Tezanos.) Y por esas mismas razones, en el nombre de España, en el interés de España, en defensa de la convivencia entre españoles, defiendo hoy la amnistía en Cataluña por los hechos acaecidos en la década pasada”. ¿Cómo puede hablar en nombre de España para borrar la responsabilidad penal a quienes llegaron a romper, aunque fuera por unos instantes, la unidad nacional, y manifiestan por activa y por pasiva que están dispuestos a volver a hacer lo mismo si no se reconoce el derecho de Cataluña a la independencia y se convoca un referéndum de autodeterminación? ¿Qué derecho ampara esa sedicente autodeterminación? El 11 de setiembre de 1714, el presidente de la Generalidad Rafael Casanova convocó a los barceloneses “a fin de derramar gloriosamente sa sanch y vida, per son Rey [legítimo de España], per son honor, per la patria y per la libertat de tota Espanya”. Cada 11 de septiembre los separatistas catalanes le ponen flores a un legitimista español. El 9 de septiembre de 1932, las Cortes de la República aprobaron el Estatuto de Cataluña. Lluis Companys, líder de la minoría catalana –que poco después sería presidente de la Generalidad- exclamó: “¡Viva el pueblo español!”. Dos años después, fiel a ERC, proclamó el Estado Catalán en el seno de la República Federal española. En 1978, el líder catalán Jordi Pujol, que también accedería al Palau de San Jaime, dijo: “Desde nuestra perspectiva catalana, desde la cual a veces hemos fracasado doblemente, por nuestra condición de españoles y como catalanes”, comprometemos “nuestra firme aportación para que, entre todos, consigamos eso que la Constitución nos va a permitir; un país en el cual la democracia, el reconocimiento de las identidades colectivas, la justicia y la equidad sean una realidad”.
La amnistía de 1977 selló la reconciliación nacional. El 1 de octubre de 2017 fue todo lo contrario, un intento de hundir la nación española. Ante la rebeldía de la Generalidad hubo que aplicar el artículo 155 de la Constitución que prevé medidas extraordinarias cuando una Comunidad Autónoma agrede gravemente el interés general de España. Sánchez estuvo a la cabeza de la represión. Ahora está dispuesto a reconocer que actuó contra el interés general de España y por tanto a declarar que la proclamación unilateral de la independencia de Cataluña no merece ningún reproche penal, aunque para ello acuse al Tribunal Supremo y al Tribunal Constitucional de ser injustos y arbitrarios. No por convencimiento sino por un puñado de votos. ¿Qué legitimidad tiene Sánchez para hablar en nombre de España y ponerla de rodillas ante quienes reniegan de ella? Sánchez es el Judas de España. Y se queja si se utilizan palabras gruesas contra él cuando se le reprocha que detentar el poder con el compromiso de facilitar al independentismo la posibilidad de dar pasos de gigante hacia la ruptura con España deslegitima su permanencia en la Moncloa. ¿Cuándo el pueblo español, que es el titular único de la soberanía nacional, le ha habilitado para semejante felonía?
Por un puñado de votos
La Constitución no prevé la concesión de amnistías porque en una democracia no cabe indultar a quienes la ponen en grave peligro. Se ha dicho que todas las Constituciones desde 1808 regulaban la amnistía. Pues razón de más. Si no lo hizo la Constitución de 1978 fue porque los constituyentes no quisieron que se borrara el delito de quienes abusan de las instituciones autonómicas para destruir la piedra angular de nuestro sistema democrático y constitucional. Por un puñado de votos y, para mayor sarcasmo, utilizando en falso el nombre de España, Sánchez vende a los separatistas la pólvora dialéctica que necesitan. Por un puñado de monedas vendió Judas al Salvador, pero no pudo soportar la magnitud de su traición. A nuestro Judas político nada le remueve la conciencia. Al fin y al cabo, no tiene mayor importancia que un mero cambio de opinión.
Jaime Ignacio del Burgo fue senador constituyente