Diecinueve de diciembre de 2016. En declaración ante el magistrado José de la Mata de la Audiencia Nacional, Carles Vilarrubí (Sir Charles, como se le conocía en el palco del Barça) admitió que en febrero de 1986, con 32 años, abrió una cuenta cifrada en el Crèdit Andorrà que se utilizó para traspasar fondos a favor de su amigo Jordi Pujol Ferrusola. En aquel lejano 1986, Vilarrubí estaba enfrascado en un estudio de mercado previo a la puesta en marcha de una lotería catalana, encargo que le había cursado el entonces todopoderoso secretario general de la Presidencia, Lluís Prenafeta, el hombre para todo de Jordi Pujol i Soley. El 9 de mayo de ese año, Vilarrubí, casado con una de las mujeres más ricas de Cataluña, fue nombrado consejero delegado de 1’Entitat Autònoma de Jocs i Apostes (EAJA), organismo encargado de adjudicar la explotación de esa lotería. La empresa adjudicataria resultó ser Luditec SA, asunto que se convertiría en el primer gran escándalo del pujolismo, entre otras cosas porque pronto se descubrió que su principal accionista era la irlandesa (Belfast) Imperial Trading & Development Ltd., a su vez participada por sociedades escondidas en paraísos fiscales varios.

Luditec se había creado el 27 de octubre de ese mismo 1986, apenas unas semanas antes de la adjudicación, con un capital social de 500.000 pesetas, en el que participaban el Banco Hispano, Caixa de Barcelona, el casino de Mallorca y la sociedad Inverama, el holding de Artur Suqué (a la sazón presidente de Luditec). La mayor aportación, con 140.000 pesetas, correspondía a Imperial Trading, una típica instrumental facultada para las cosas más variopintas. El 29 de febrero de 1987, Luditec ampliaba capital a 60 millones, mientras que Imperial Trading lo hacía el 22 de abril (cinco días antes de que saliera la Loto Rapid, la popular rasca-rasca), hasta el millón de libras, cambiando además sus estatutos para consignar su dedicación al juego y a las apuestas. En octubre de 1987, La Comisión Nacional del Juego, dependiente del ministerio del Interior, exigió aclarar “qué hay detrás de Luditec y de sus empresas asociadas, especialmente de Imperial Trading”. CiU no tuvo más remedio que admitir la formación de una comisión parlamentaria, pero vetó la comparecencia de los administradores de la sociedad irlandesa y de sus sociedades pantalla. Nunca se pudo averiguar quién era el propietario real de Imperial Trading, asunto que sigue siendo uno de los misterios del pujolismo.

El escándalo llegó a un punto que Prenafeta se vio en la tesitura de presentar una querella contra el secretario de Organización del PSC, Josep Maria Sala, “ante las calumnias basadas en falsedades que se han vertido”. En el Parlament, Sala había acusado a Imperial Trading de “ser una pantalla para devolver a bolsillos de poco honorables ciudadanos catalanes dinero procedente del juego". De catalanes y de alguno cercano a la Zarzuela. De Manuel Prado y Colón de Carvajal, por ejemplo. Tras instalarse en Barcelona recién divorciado de su  primera mujer, Paloma Eulate, el intendente real, además de amigo íntimo de Juan Carlos I, llegó dispuesto a proponer a Pujol, ya presidente de la Generalidad, un primer negocio conjunto: la creación de esa lotería catalana. Traía bajo el brazo el nombre de una compañía extranjera especializada en apuestas, y naturalmente exigió una parte del negocio, nada menos que el 50%. Como era habitual en Prado, la cosa tenía que salirle gratia et amore, porque él y “mon patron”, como solía referirse al monarca, nunca ponían un duro. Todo regalado. Su contacto con los Suqué era el amigo Vilarubí, que luego ocuparía en Madrid cargos en consejos de administración (caso Telefónica) de postín gracias a los buenos oficios de Zarzuela.

Despejado el escándalo en el Parlament y con la lotería en marcha, Prado quiso pronto hacer líquida la participación exigiendo el importe de su paquete. Como Suqué se negara, Sánchez Carretero (asesor fiscal de la familia Pujol) además de Prenafeta y el propio “honorable” le obligaron a pagar unas acciones por las que no había desembolsado un duro. Fue el primero de los business entre el rey de España y el presidente de la Generalidad de Cataluña. “Prado metió en la cabeza de Juan Carlos que Pujol era un amigo, un hombre de fiar, y que con él se podían hacer muy buenos negocios”. Fue Prado quien, por aquellos días, presentó al ya president a Arturo Fasana, el hombre detrás de la famosa cuenta “Soleado”, de modo que Pujol y Juan Carlos I comparten el mismo testaferro en Suiza. Por eso cuando el honorable ve tambalear su camino hacia la cima por culpa del escándalo de Banca Catalana, y decide envolverse en la cuatribarrada dispuesto a convertir lo que a todas luces había sido un desfalco en una afrenta intolerable para Cataluña, es la Zarzuela y el propio rey quien sale en su defensa sin ningún pudor. Había que defender al socio.

Lo cuenta con maestría Jordi Amat en “El hijo del chófer (Tusquets), el estremecedor relato sobre la vida y muerte de Alfons Quintà, un enorme periodista que conocí y traté y a quien los agujeros negros de este perro oficio llevaron al borde mismo de la locura y más allá, un texto que, mucho más que eso, actúa como el crisol por el que desfila en pelota picada una elite empresarial y política absolutamente entregada al negocio del favor político y de la corrupción galopante. Es la campana de “vostès tenen un problema, i ese problema es diu 3%” de Pasqual Maragall y su estremecedor tañido, capaz de adormecer a un pueblo resignado. Una historia no por catalana menos española.

Un delincuente convertido en un mito

No se podía sentar en el banquillo a Pujol, y mucho menos meterlo en la cárcel. El que fuera hombre fuerte de Banca Catalana decide convertir su defensa en una causa política, transformar un delito penal en un drama político. En Cataluña, haciéndose víctima de una persecución, de un ataque que no va solo contra él sino contra lo que él representa: una ofensa a Cataluña. El victimismo se dispone a convertir a un delincuente en un mito. El principal motor de la movilización social será TV3 a las órdenes de Quintà. “Amb un poble no s’hi juga”. Y fuera de Cataluña buscando apoyos en la derecha española y en Palacio. “Quien mejor ha entendido la profundidad de lo que está en juego es quien lleva la corona del Leviatán del 78”, escribe Amat. “Juan Carlos I fijó posición desde el día que siguió a la investidura de Pujol. Lo abraza en público y los fotógrafos toman la imagen. Una condena podría poner el régimen en riesgo y lo mejor sería llegar a un pacto de Estado”.

De apoyar la idea en Madrid se encarga el Monarca a través de su representante plenipotenciario, el citado Prado, quien se entrevista con ministros del Gobierno, ex ministros de Suárez, colegios profesionales, reales Academias y, naturalmente, medios de comunicación. El 20 de enero de 1984 Felipe recibe a Pujol en La Moncloa y, en presencia de Miguel Boyer, le entrega el documento elaborado por el BdE sobre Banca Catalana. El FGE remite las actuaciones a la fiscalía de Barcelona y el 24 de abril los fiscales Carlos Jiménez Villarejo y José María Mena interponen querella contra el presidente y otros altos cargos de la entidad. Un pánico cercano a un temblor de tierra se apodera del Gobierno socialista. Javier Pradera editorializa en El País sobre el “potencial desestabilizador” de esta querella, especialmente porque cinco días más tarde, 29 de abril de 1984, Pujol vuelve a ganar las autonómicas y por mayoría absoluta.

Había que prestigiar a Pujol fuera de Cataluña, y en abril de 1985, ABC, el periódico monárquico, lo nombra “español del año”

Los amigos del “honorable”, con el monarca a la cabeza, han seguido trabajando. Había que prestigiar a Pujol fuera de Cataluña, y en abril de 1985, ABC, el periódico monárquico, lo nombra “español del año”. Y como desafío al Gobierno socialista, Pujol lanza la “operación Roca” con Florentino Pérez et al, mientras Prenafeta encarga a Quintà el lanzamiento desde Barcelona de un periódico nacional y en español: El Observador, una aventura tras la cual está también Zarzuela. Y, después de visitar en Zarzuela al Rey, Felipe González se achanta. Le da vértigo sentar al profeta del catalanismo en el banquillo. Temía que, además de ofender a no pocos catalanes, una condena a Pujol fuera a despertar al monstruo dormido del nacionalismo. Al final, nuestro Chamberlain andaluz tendría ofensa y nacionalismo. Un grave quebrando para la Justicia y un separatismo airado.       

Pujol gana la batalla política y en consecuencia, poco tiempo después, la judicial. El pleno de la Audiencia Provincial de Barcelona que debe decidir la suerte de Pujol y el futuro de Cataluña se reúne el 21 de noviembre de 1986. No es que quieran condenarlo, es que no quieren ni juzgarlo. 33 magistrados votan en contra del procesamiento mientras ocho lo hacen a favor. Muchos ya se habían manifestado contrarios a la imputación sin haber llegado siquiera a leer el sumario, y a no pocos de ellos les sobó le morro el abogado Piqué Vidal, el hombre de todos los secretos del pujolismo, mientras otros lograron después destinos ventajosos, algunos en el Supremo. A las 9 de la noche, Pujol hace una declaración institucional en TV3. La sala desde la que lanza su arenga luce un retrato: el del rey Juan Carlos I.

Por las cárceles españolas ha desfilado gente tan notoria como Mariano Rubio, Mario Conde, Ruiz Mateos o Rodrigo Rato, por citar solo algunos casos, pero no Jordi Pujol ni sus hijos

Por las cárceles españolas ha desfilado gente tan notoria como Mariano Rubio, Mario Conde, Ruiz Mateos o Rodrigo Rato, por citar solo algunos casos, pero no Jordi Pujol ni sus hijos. Es la bula de que disfruta la familia Pujol Ferrusola. Pujol es intocable. La parte conocida de sus negocios con el rey de España es apenas la punta del iceberg. El asunto de Grand Tibidabo/Port Aventura, que sentó en su puente de mando del proyecto a Javier De la Rosa, Piqué Vidal y Manolo Prado. O Vilassar Internacional, la sociedad de inversión propiedad de Prenafeta que presidía el propio Prado y de la que nombran consejero delegado a Vilarrubí, siempre como supuesto testaferro de los Pujol, con Artur Mas como gerente. Lo dijo el propio “honorable” en su comparecencia ante la Comisión de Asuntos Institucionales del Parlament, septiembre de 2014, dos meses después de confesar haber ocultado durante 30 años una herencia millonaria de su padre (experto en el contrabando de divisas) fuera de España: “Si vas segando la rama de un árbol, al final cae toda la rama con todos los nidos que hay, pero no solo caerá esa rama, no, no, caerán todas”. Si caigo yo, cae conmigo el rey de España y también el régimen del 78.

Maletines volando al Palau de la Generalitat

¿Había razones para llevar a Pujol al banquillo por la quiebra de Catalana? “Lo más peliagudo era determinar si se había enriquecido o no vendiendo acciones del banco mientras otros accionistas habían perdido todo el capital”, escribe Amat. Los periodistas Siscu Baiges, Jaume Reixach y Enric González trabajaron durante meses en un libro tratando de desentrañar la maraña con dificultades crecientes. La editorial Plaza & Janés, que había comprado el texto original, se atrevió finalmente a publicarlo pero sensiblemente mutilado. Del texto desapareció un documento esclarecedor en grado sumo: “Una escritura de venta de acciones que Pujol habría hecho tras las elecciones constituyentes  y con la que habría ganado 600 millones de pesetas”. Ello sin contar los sueldos y los millones cobrados en forma de dividendo durante años.

El caso Banca Catalana convirtió a Pujol en un mito. Empresarios alejados en cuerpo y alma del nacionalismo empezaron a virar en redondo en cuanto percibieron que lejos de su manto protector era muy difícil hacer negocios, que lejos de la Generalidad no había vida. Fue el caso del citado Artur Suqué, presidente de Inverama (monopolio de los Casinos en Cataluña) y Luditec, yerno que fue del industrial Miguel Mateu, primer alcalde franquista de Barcelona. Fundador del Círculo de Economía, Suqué, como tantos otros, evolucionó de posiciones críticas respecto al nacionalismo a manifestar públicamente adhesión inquebrantable a Pujol y a su doctrina. Había negocios a repartir y comisiones a pagar. Los maletines llegaban volando al Palau de la Generalitat. “Pujol tenía en su despacho, porque lo he visto yo y supongo que seguirá existiendo, una especie de puerta secreta, una pequeña puerta detrás de su mesa de trabajo por la que desaparecía cualquier semoviente que le entregaras. Esa puerta conducía a una escalera que llevaba directamente a la calle”. 

Esta es la Cataluña que hoy se dispone a elegir a sus representantes. La Cataluña ocupada no por un Estado opresor, sino por unos políticos capaces de agitar un conflicto artificial para poder seguir exprimiendo el becerro de oro

“¿Cómo sería Cataluña si el Gobierno de González se hubiera atrevido a sentarlo en el banquillo y condenarlo?”, pregunta el periodista Siscu Baiges al fiscal Jiménez Villarejo. “Posiblemente Cataluña sería un país distinto, alejado de mitos, banderas y futuros imaginarios, y centrado en la exigencia de más justicia, más igualdad, mejor reparto de la riqueza, mejor prestación de los servicios públicos, etc.” La respuesta de Pujol a la claudicación de Felipe González y su Gobierno fue el “Programa 2000” o el intento de creación de un Estado propio para esa elite capaz de torcer el pulso a “Madrit” con Banca Catalana, cuya bancarrota costó al erario público 345.000 millones de pesetas; una elite decidida a desplegar su poder para siempre y sin cortapisas lejos de la acción fiscalizadora de una Justicia independiente. Un Estado propio al servicio de los negocios del grupo. Sin oposición. Y con el pueblo embebido en el engaño de la “nació” y la “llengua”. Esta es la Cataluña que hoy se dispone a elegir a sus representantes. La Cataluña ocupada no por un Estado opresor, sino por unos políticos capaces de agitar un conflicto artificial para poder seguir exprimiendo el becerro de oro, unos políticos que han degradado la convivencia hasta convertir la rivalidad entre los mejores en el navajeo entre los ruines. Y ante la creciente y espantada indiferencia de cada vez más españoles.