El próximo 7 de julio un puñado de hombres y mujeres van a celebrar en la Plaza Mayor de Madrid lo acaecido en la madrugada de ese mismo día en 1822, cuando las bisoñas Milicias Nacionales derrotaron a un contingente de militares profesionales que pretendían abolir la Constitución de 1812 y restituir en la deplorable figura de Fernando VII el poder absoluto. Los convocantes, agrupados en torno a un denominado “Foro Democrático de Madrid”, reivindican conceptos tan básicos como el diálogo y el encuentro entre diferentes, “en la más genuina tradición liberal española”, según afirman en su opúsculo fundacional.

Como aquellos milicianos, que fueron instrumento de movilización del liberalismo político en el siglo XIX, los promotores de la concentración defienden la libertad individual, la solidaridad y la igualdad como valores imprescindibles en una sociedad de progreso; el debate abierto y la transparencia como elementos esenciales de una democracia plena. No hay casualidad en la elección de la fecha, pero sí causalidad. Entre los firmantes hay un buen puñado de socialistas cuya capacidad de aguante hace mucho que caducó, decepcionados, infravalorados por mercaderes empeñados en devaluar la democracia en beneficio del populismo, en depreciar la buena política en favor de la comunicación política.

El 7 de julio es una excelente oportunidad para decirle a Sánchez que el poder no le da derecho a negociar con el supremacismo catalán asuntos que conciernen a la totalidad de los españoles

En realidad, para qué nos vamos a engañar, los inductores de la celebración no celebran nada. O, en todo caso, 199 años después, solo celebran la heroicidad de unos antepasados que tuvieron el coraje de jugarse la vida por la libertad. Y es que en su fuero interno saben que el 7 de julio de 2021 no hay nada más que celebrar. Que el debate y la transparencia son prácticas en claro retroceso; que el cesarismo ha disuelto los órganos de control interno; que nada tiene de heroico tolerar el asalto de los mercenarios de la política a los últimos cobijos de la democracia interna.

En la Plaza Mayor habrá quien utilice el socorrido recurso de confraternización que consiste en vituperar a Díaz Ayuso y a Casado, sabiendo, como muchos de ellos saben, que lo realmente insoportable es dejar que la derecha les arrebate conceptos, antes tan arraigados en la doctrina de la izquierda, como el de la igualdad y la solidaridad interterritorial. El 7 de julio habrá quien se pregunte, puede que en voz alta, cómo es posible que el Partido Socialista haya caído en la trampa de anteponer, como en la llamada 'ley trans', los intereses de las minorías (en muchos casos legítimos, pero no entro ahora en eso) a los de sus votantes naturales; o siga sin encontrar explicación convincente a la deslealtad cometida con mujeres sobre cuyos hombros ha descansado durante décadas el peso de los extraordinarios avances conseguidos en favor de la igualdad y el feminismo.

Vaciamiento del Estado

El 7 de julio es un buen día para que los socialistas que aún creen en la Constitución como marco indispensable de convivencia, se pregunten a sí mismos hasta dónde están dispuestos a alargar su silencio mientras el independentismo persiste, sin aparentes limitaciones, en su eficaz estrategia de deterioro de las instituciones; hasta cuándo van a permanecer impávidos sin que nadie contrarreste el inaceptable y disgregador relato secesionista.

El 7 de julio de los corrientes es una excelente oportunidad para decirle a Pedro Sánchez que el poder no le da derecho a negociar con el supremacismo catalán, de espaldas a cuadros y militantes socialistas, asuntos que transcienden con mucho sus competencias y que conciernen a la totalidad de los españoles; que ni se le ocurra tratarnos por enésima vez como adolescentes, pretendiendo que miremos para otro lado como si no supiéramos que el precio mínimo fijado por el independentismo para aceptar la oferta gubernamental de concordia pasa por el definitivo vaciamiento del espacio que aún ocupa el Estado en Cataluña.

Y es que muchos de los que coincidirán en la Calle 7 de Julio, hasta 1840 llamada Calle de la Amargura, son plenamente conscientes de que lo que pretenden Junqueras y Aragonés, para entre otras cosas pararle los pies a Puigdemont, es llegar a las elecciones municipales de 2023, y a las generales que en principio se celebrarán ese mismo año, con la campaña electoral hecha gracias a un trato preferente a la hora del reparto de los fondos europeos y a la cesión irreversible a la Generalitat de relevantes competencias: la Hacienda catalana, aeropuertos, puertos, retirada de nuevos contingentes de las Fuerzas de Seguridad, ¿Seguridad Social?...

La estrategia del independentismo pasa ahora por esperar a que para los catalanes que se sienten españoles pese más en la balanza la aceptación de la nueva realidad que el desgarro sentimental

Sánchez y Aragonés han pactado un proceso pausado y dos años para negociar. Simple casualidad. La estrategia de ERC está clara: saben que sin un incremento notable de la base social no hay independencia posible. Se han dado un nuevo plazo, pero todo pasa por conseguir que, excluyendo a priori lo referido a Defensa, Cataluña cuente en breve con una arquitectura institucional homologable a la de no pocos Estados de la Unión Europea. Y será entonces, pasados 2, 3 o 5 años, poco importa esperar algo más, cuando ya no haya nada que hacer, cuando en la balanza, para los catalanes que se sienten españoles, pese más la aceptación de la nueva realidad que el desgarro sentimental.

¿Piensan hacer algo al respecto los resucitadores del espíritu del 7 de julio o seguirán cruzados de brazos? ¿Tendrán alguna propuesta que hacernos a los españoles o darán definitivamente por buena la atávica consigna que defiende el paradigma de que todo vale con tal de evitar que la derecha vuelva al poder?

La postdata: Calvo en riesgo

Fue Carmen Calvo la que negoció con Soraya Sáenz de Santamaría, en octubre de 2017, la aplicación consensuada en Cataluña del artículo 155 de la Constitución. La vicepresidenta primera del Gobierno ha sido el comodín que ha utilizado Sánchez en la mayoría de asuntos espinosos. Hasta cuando había que defender lo indefendible, Calvo siempre se ha mostrado dispuesta a dar un paso al frente. Con la aprobación del anteproyecto de la llamada “Ley Trans”, la vice ha perdido la primera batalla con Irene Montero, pero no la guerra, aunque la munición se la faciliten los adversarios políticos, que llevarán la norma al Constitucional si no se corrige en el trámite parlamentario. Otra cosa es la continuidad de Calvo en el Gobierno. Por muchos marrones que se haya comido para salvar la cara del presidente, Carmen Calvo sabe que Sánchez es un témpano que hará lo que más le interese en cada momento.