De todo lo publicado tras conocerse los resultados de las elecciones en Cataluña, la noticia que más llamó mi atención fue esta de Jorge Sáinz: “El PSOE ve en el agradecimiento de Illa a Iván Redondo y Salazar un ‘palo’ dirigido a Ábalos”. La información de Jorge añadía que “el reconocimiento público de Salvador Illa, en la noche electoral, al director de gabinete de Presidencia, Iván Redondo, y a su adjunto, Paco Salazar, ha sorprendido en el seno del partido”. En contra de mi inicial suposición, la sorpresa nada tenía que ver con la irregularidad que, inconscientemente, había revelado Illa, sino con la lucha abierta por el control del poder en el seno del Gobierno y del PSOE. “Cualquier agradecimiento a Salazar es un palo para Ábalos”, escribía el periodista de Vozpópuli citando fuentes socialistas.
Se preguntarán ustedes qué es lo que tiene de sorprendente esta noticia. Pues precisamente eso, que no parece sorprender a nadie, que se asume con pasmosa naturalidad que dos altos cargos de la Administración Central, cuyo sueldo pagamos con nuestros impuestos, pueden dedicar gran parte de su tiempo a diseñar y dirigir la campaña del candidato socialista a la Generalitat, aprovechando de paso los recursos que el Estado pone a su disposición. Y, sin embargo, que el responsable de la política de Comunicación del Gobierno, y de la Estrategia de Seguridad Nacional, haya tenido siquiera la posibilidad de transmitir al candidato Illa información relevante para modular con éxito los mensajes de su campaña, constituye un episodio de extraordinaria gravedad que sin duda habría provocado un escándalo mayúsculo en países con mayor tradición democrática.
Aquí, por el contrario, que Redondo y Salazar, secretario de Estado y subsecretario de la Presidencia del Gobierno de España respectivamente, más un número indeterminado de funcionarios fijos o eventuales de La Moncloa, se hayan entregado en cuerpo y alma a construir un candidato de laboratorio con el dinero de todos, se despacha como un episodio menor que apenas salpica ese fango en el que estamos convirtiendo la política.
Que el responsable de la Estrategia de Seguridad Nacional haya tenido siquiera la posibilidad de transmitir a Illa información relevante para modular con éxito los mensajes de su campaña, constituye un episodio de extraordinaria gravedad
El “desliz” de Salvador Illa no ha desencadenado la menor reacción política. Ni siquiera una pregunta parlamentaria. Qué quieren que les diga: de alucinar. La Oposición sigue sin dar señales de vida. Empezando por un Pablo Casado entregado al tacticismo; sin aparente estrategia ni estrategas. Agotando etapas a toda velocidad, cometiendo errores de primero de Marketing y Comunicación, como el precipitado anuncio del cambio de sede, otro movimiento defensivo forzado por los malísimos resultados de Cataluña. “¡Teo, marchando un par de ocurrencias!”. Sin apenas pensar. Sin necesidad. Actuando como si fuera nuevo en esto, un manojo de nervios al que se le aparecen en cada esquina los espectros de Álvarez de Toledo y Abascal. Ya solo le falta salir un día a decirnos que se arrepiente de haber sido tan malo con Santi y soltar una lagrimilla. Una pena. Un tipo con la cabeza en su sitio que todavía no ha aprendido a mandar, pero al que el doble bofetón de Cataluña, a PP y Cs, podría ofrecerle, si es capaz de verla, su última oportunidad, la refundación del PP en un nuevo proyecto de más largo alcance tras negociar con Inés Arrimadas la nuda propiedad de un edificio al borde del desahucio.
Casado y Arrimadas son los grandes perdedores del 14-F, y parecen empeñados en fustigarse como si fueran los únicos que han mordido el polvo electoral. Pero no lo son. Porque la realidad es que nadie, salvo Vox, ha salido indemne de estas elecciones. Pablo Iglesias, sin ir más lejos, que ha visto cómo tras declarar siniestro en País Vasco y Galicia, Cataluña confirmaba el inexorable declive del podemismo. En Comú Podem conserva sus ocho diputados de puro milagro, gracias a una ley electoral arbitraria que una vez más se demuestra como un instrumento incapaz de servir para recuperar una añorada estabilidad. Pero la sociedad con Colau se agrieta: pierde el 40 por ciento de sus apoyos y 131.000 votos. Un desastre que debilita su posición frente a Pedro Sánchez, la gran victoria del presidente del Gobierno: arrinconar un poco más a Iglesias. Una victoria pírrica que ni de lejos compensa el fracaso cosechado en las elecciones del pasado domingo. Sí, fracaso, porque lo que se pretendía con la “Operación Illa” era un cambio político en Cataluña, y lo que tenemos es más de lo mismo, incluso peor, porque Junqueras es un peligro mayor que Puigdemont.
Hemos asumido con pasmosa naturalidad que dos altos cargos de la Administración Central, cuyo sueldo pagamos con nuestros impuestos, hayan dedicado tiempo y recursos del Estado a dirigir la campaña del candidato Illa
La resaca electoral deja la sensación amarga de que no hay nada que hacer, de que todo se deja en manos de un independentismo que, a pesar de obtener un magro resultado (apenas el 25% del electorado), repite mayoría absoluta en el Parlament -gracias, insisto, a un tramposo sistema electoral- y que manejará los tiempos y los dineros como más convenga a sus intereses. Habrá acuerdo Junqueras-Puigdemont, entre otras razones porque Junts, para mantener su maquinaria propagandística, necesita seguir teniendo acceso al presupuesto de la Generalitat. Pero no lo van a tener fácil. Conviene repetirlo, a diario, aun a riesgo de resultar cargante: de los más de 5,6 millones de catalanes con derecho a voto, únicamente 1,3 se ha inclinado por opciones independentistas. Hay que reiterarlo, machaconamente, para que no se salgan con la suya, para que no impongan de nuevo el relato que más les conviene, para que no distorsionen la verdad hasta hacerla, otra vez, irreconocible. Están contentos, pero es pura fachada. La operación les ha salido mal. Tienen mayoría en el Parlament, pero han quedado muy por debajo del que fue su techo social. Su consuelo es que a los demás, salvo excepciones, no les ha ido mejor. Y ese es el drama, que el frenazo independentista no se ha visto acompañado por el resurgir de los demás.
El independentismo gana, pero pierde
Las opciones independentistas han perdido un 12 por ciento de los apoyos obtenidos en las elecciones autonómicas de 2017. Esa es la buena noticia del 14-F. La suma de Esquerra, JxCat y la CUP pasó del 37,4% del electorado, alcanzado hace poco más de tres años, a solo el 25,3 % del último domingo de carnaval. La conclusión es bien simple: con ese magro respaldo ciudadano no existe la menor posibilidad de que el secesionismo imponga algún día su programa de máximos. Si, como ha reconocido en más de una ocasión Oriol Junqueras, para lograr la independencia antes es preciso ampliar la base social del soberanismo, la lección que los independentistas debieran extraer de la jornada electoral, después de haber sometido al conjunto de la sociedad a un estrés intolerable, de haber hundido la reputación y la economía de Cataluña, es que el único camino aceptable es el de la rectificación.
No lo harán. Optarán por negar la evidencia. Necesitan mantener viva la ficción, imponer el discurso falaz de que, a pesar de haberse dejado en el camino un tercio de los sufragios, el hecho de superar por poco el 50% de los votos emitidos (ese raquítico 25,3% del electorado) proporciona a sus decisiones una legitimidad reforzada. Pero la realidad es otra bien distinta, por mucho que la quieran retorcer. Junqueras y Puigdemont saben que el bagaje obtenido el 14-F aleja cualquier posibilidad de que la comunidad internacional vea con ojos más benevolentes la aventura independentista. Y esa, en tanto que debilita la posición del independentismo ante los que debieran convalidar su ensoñación rupturista, es probablemente una de las consecuencias más relevantes de estas elecciones.
Habrá acuerdo Junqueras-Puigdemont, entre otras razones porque Junts, para mantener su maquinaria propagandística, necesita seguir teniendo acceso al presupuesto de la Generalitat
Pero tan inútil como esconder el creciente hastío que el procés provoca dentro y fuera de España, es camuflar el fracaso de lo que conocemos como constitucionalismo. Los partidos soberanistas presentaron la cita electoral del día de los enamorados como una oportunidad para avanzar hacia la independencia, pero quienes realmente han tenido delante de sus narices una inmejorable ocasión para frenar la dinámica autodestructiva en la que Cataluña está instalada, y negligentemente la han dejado pasar, son las opciones no nacionalistas, que han pasado del 40 al 24,80% del censo electoral. Ni PP, ni Ciudadanos, ni tampoco el PSC, a pesar de su estimable resultado, han sido capaces de inocular las dosis de confianza y certidumbre necesarias para movilizar a una significativa parte de ese sector de la sociedad que en mayor medida se siente concernido con la idea de una Cataluña sólidamente integrada en España. Y la pandemia, que opera en ambos bloques, no me vale como excusa.
Aunque el problema tiene su origen mucho más atrás, los cinco años transcurridos desde que Carles Puigdemont recibiera el visto bueno de la CUP como presidente de la Generalitat han sido los más perniciosos de la reciente historia de Cataluña en términos de destrucción del tejido empresarial y retroceso económico, además de peligrosamente corrosivos en lo que atañe a la convivencia. La gestión del secesionismo se ha caracterizado por el pertinaz fomento de la confrontación, la neutralización del discrepante y el deterioro de los servicios públicos. Especialmente lastimosa ha sido, y está siendo, la administración de la sanidad durante la pandemia. Y es la constatación de esta nefasta evidencia la que convierte en aún más desconsoladores los resultados del pasado domingo. Desconsoladores, que no inexplicables, ni tampoco inesperados, porque desde mucho antes de que se anunciara la fecha de los comicios no ha habido ni un solo momento en el que asomara la más leve esperanza de que los partidos constitucionalistas pudieran conformar una mayoría alternativa. Y lo peor es que sus líderes no parecen capacitados para aprovechar los signos de desfondamiento que en estas elecciones ha mostrado el independentismo para construir un espacio compartido de consenso que ponga fin algún día a la alucinación soberanista.
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