Parece que Montero 'la mayor', tal y como es denominada cariñosamente por los periodistas parlamentarios a fin de distinguirla de “la menor” o 'la chica' que es la ministra de Igualdad, ha cometido un descomunal ataque al funcionamiento del Estado, una nueva muesca que grabar en la culata de su revolver repleta ya de agresiones al Derecho, a la democracia y al sentido común.
El caso es que el viernes pasado se publicaba en el Boletín Oficial del Estado la convocatoria de un proceso selectivo para ingresar en el Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda. Hasta ahí bien, pero sucede que el contenido de la convocatoria ha sido públicamente denunciado en su página web por la entidad asociativa de los inspectores, antes APIFE y hoy Asociación IHE. Según ésta, en función de sus remisiones a normas administrativas el texto de la convocatoria habilita que Montero 'la mayor' contrate como inspectores de Hacienda interinos a las personas que sin haber superado las pruebas para ser Inspector de carrera, así lo considere la ministra. La cuestión es una auténtica sinvergonzada, su gravedad es extrema, socava la independencia de las decisiones técnico-profesionales de los Inspectores y supone la puntilla definitiva para los ya debilitados derechos y garantías de los contribuyentes.
Según denuncia la Asociación de IHE, en la misma convocatoria Montero “la mayor” se ha autohabilitado la facultad de nombrar Inspectores de Hacienda de forma absolutamente libérrima a quien caprichosamente quiera
Según se refleja en el texto de la propia convocatoria, para ser Inspector de Hacienda de carrera es preciso superar un proceso de oposición que consta de cinco ejercicios -dos de ellos de carácter oral-, y cuyo temario incluye 190 temas de Derecho -en varias ramas-, Economía, Hacienda Pública y Sistema Tributario además de todas las materias que integran la Contabilidad Superior. Y una vez superado, debe aprobarse un curso selectivo impartido por la Escuela de la Hacienda Pública de un año de duración. Solo aquellos que superen la oposición y el curso serán Inspectores de Hacienda de carrera. Sin duda, un proceso como el descrito supone el cumplimiento de los principios constitucionales de mérito y capacidad para el acceso a la función pública así como la aplicación efectiva de la igualdad de oportunidades. Al tiempo propicia que, en el futuro desarrollo de su importante y delicada función, los inspectores de Hacienda así seleccionados pueden ejercer su profesión con independencia del poder político debido a que su condición profesional de funcionario la han adquirido al margen de decisiones políticas sin que tampoco éstas pueden hacérsela perder.
Frente a lo descrito, y según denuncia la Asociación de IHE, en la misma convocatoria Montero “la mayor” se ha autohabilitado la facultad de nombrar Inspectores de Hacienda de forma absolutamente libérrima a quien caprichosamente quiera, sin que los así nombrados hayan superado las pruebas que hemos descrito y sin que dispongan de más méritos que el haber sido elegidos por el poder político.
Lo expuesto supone que los convertidos en inspectores por decisión de la mayor de las Montero no habrán tenido que demostrar que disponen del nivel de conocimientos que se precisa para cumplir las tareas de la inspección tributaria y que tampoco habrán tenido que competir -en mérito y capacidad- con otros aspirantes. En estas condiciones, pocas dudas caben sobre la vulnerabilidad de este tipo de inspectores interinos a las órdenes y/o presiones del poder que los ha nombrado digitalmente y que, también de forma digital, puede dar por finalizada su condición de funcionario interino. No cabe mayor barbaridad y hay que convenir que la tropelía proyectada por Montero 'la mayor' es la vuelta a la Administración de los cesantes y cesantías que caracterizó una buena parte de la Historia no democrática de España. Por poner dos ejemplos de actualidad, con la aberración proyectada. cualquier Puente o Viondi podría ser investido sin más como inspector de Hacienda ¿Cabe mayor desamparo para aquél que sea inspeccionado por alguien así?
La relación de personas físicas y jurídicas a inspeccionar podría determinarse caprichosamente desde su despacho y los encargados de realizar las inspecciones serían los domésticos inspectores nombrados digitalmente por ella
Avisa la Asociación de los IHE que lo actuado por la ministra de Hacienda supone la colonización de la Administración tributaria. Siendo cierto, yo creo que es aún peor pues la medida significa acabar con las ya hoy insuficientes garantías de los contribuyentes españoles. De cumplirse lo que parece proyectado por Montero “la mayor”, la relación de personas físicas y jurídicas a inspeccionar podría determinarse caprichosamente desde su despacho y los encargados de realizar las inspecciones serían los domésticos inspectores nombrados digitalmente por ella. No es difícil aventurar que los motivos para ser inspeccionados por los Montero-boys y las Montero-girls convertidos en inspectores podrían ser los rivales políticos de quien les ha nombrado, los periodistas que le fueran poco afines, los empresarios que se atrevieran a cuestionar sus decisiones, los analistas críticos con su acción de Gobierno…
Es cierto que, visto con perspectiva, no debería extrañar que el Gobierno de Sánchez adopte una decisión como la expuesta. A fin de cuentas, ya ha enviado a sus peones más próximos a acabar con la independencia del Tribunal Constitucional, se ha encargado de que la Fiscalía General del Estado se convierta en el despacho legal de “su” PSOE, ha hecho del CIS un corral para sus gallinas, ha convertido el INE en un CIS estadístico, utiliza a la RTVE como su medio de comunicación particular... Y ahora le llega el turno a la Inspección de Hacienda. Ante este escenario es imposible obviar que, por el desequilibrio jurídico existente entre la Administración tributaria y los contribuyentes, los inspectores ejercen un conjunto de potestades administrativas claramente desorbitadas. Si ya es criticable su existencia y su ejercicio cuando está en manos de inspectores de carrera, resulta absolutamente inadmisible que esas potestades pasen a ser ejercidas por funcionarios interinos convertidos digitalmente en inspectores por obra y gracia de Montero 'la mayor' que, actuando como puntillera de Sánchez, está dando la puntilla a la profesionalidad e independencia que deben caracterizar a la Inspección de Hacienda.
En fin, malhadadamente parece claro que el sanchismo encamina a España hacia un autoritarismo atroz en el que el Estado dispondrá de un poder casi omnímodo sobre los individuos. En el caso que estamos analizando, y utilizando a los inspectores interinos a los que ella misma regale tal condición, Montero 'la mayor' entraría directamente a decidir sobre la hacienda, y por lo tanto la vida, de cualquier ciudadano. Dios salve a los contribuyentes españoles.
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Es lo que tienen las Dictaduras.
Aunque cuando se elige ese camino deben tener cuidado. Un "compañero" de Sánchez desde su atril y micrófono decía "Pedro haz lo que tengas que hacer para ser Presidente".
Al oír esto puede que alguien se sienta con el derecho de "hacer lo que tenga que hacer" para que Sánchez no lo sea.
Con ser ésto una barbaridad propia de una dictadura, lo que es un delito que instauró Montoro, es la mordida que se llevan los inspectores por hacer su trabajo o tal vez por forrarse. Y ahí está el interés de algunos por ser inspector. Una mordida sin repercusión penal cuando los tribunales demuestran su prevaricación. Ni son sancionados ni devuelven la mordida. Somos los contribuyentes, a los que expolian, los que pagamos el pato.