Estos días de eterna campaña electoral oiremos comentar insistentemente que la gente vota de manera distinta según se trate de elecciones municipales, autonómicas o generales; no necesariamente se desliza una papeleta del mismo signo en la urna. Se dice que en las poblaciones, sobre todo en las más pequeños, los electores votan a las personas más que a los partidos, por la cercanía, porque los vecinos se conocen y saben de qué pie cojea cada candidato. También en las regiones influye la personalidad del líder y su programa. Esto es verdad, aunque no del todo. Pesan las siglas de los partidos, para bien o para mal, tanto en los municipios como en las autonomías.
Lo que haga el partido a nivel nacional tiene su trascendencia, aunque se vote en clave local o regional. No hay que olvidar que los candidatos son designados por el aparato y éste respalda a los suyos en campaña.
Decenas de diputados, incluidos los ministros, se pasean por los pueblos y capitales de la piel de toro para arropar al representante local de su grupo político, cuando no graban vídeos de apoyo prêt-à-porter, como el que le ha dedicado Miquel Iceta a la alcaldesa socialista de mi pequeño pueblo valenciano hablando de la ciudad de Alborache. Es obvio que no conoce ni el uno ni a la otra.
Estar afiliado a un determinado grupo político conlleva unos derechos y unas obligaciones, y no digamos si, además, uno es el cabeza de lista electoral
En las actuales circunstancias de zozobra nacional, debemos preguntarnos en qué medida un candidato de una población o de una comunidad autónoma es corresponsable de los aciertos y tropiezos de los dirigentes nacionales de su partido. Estar afiliado a un determinado grupo político conlleva unos derechos y unas obligaciones, y no digamos si, además, uno es el cabeza de lista electoral. En el artículo 8 de la Ley Orgánica 6/2002 de Partidos Políticos, se dice que los afiliados deberán, entre otras obligaciones, “compartir las finalidades del partido y colaborar para la consecución de las mismas” y “acatar y cumplir los acuerdos válidamente adoptados por los órganos directivos”.
Parece que convivir bajo el mismo paraguas de siglas exige un tributo. Formar parte de una agrupación política demanda un compromiso y una responsabilidad. Si alguien se ve gravemente afectado en sus principios por la orientación que toma su partido, debería apurarse y tomar las de Villadiego.
En las listas de la izquierda vasca figuran personas como Sara Majarenas, condenada a 14 años de prisión tras ser detenida cerca del Ayuntamiento de Valencia cuando planeaba un atentado contra Rita Barberá
El escándalo de las listas electorales de EH Bildu para las municipales y autonómicas en el País Vasco y Navarra, nutridas de exetarras que han sido condenados, algunos por delitos de sangre. No es una novedad que este partido recurra a la cantera exterrorista para cubrir cargos públicos. Bildu es lo que es y nunca ha escondido su reconocimiento a los considerados gudaris de la causa. La novedad es que el gobierno de Sánchez le ha dado un protagonismo inmerecido a este partido, tomándolo como aliado. Han pactado, por citar dos datos relevantes, la Ley de Vivienda y la Ley de Memoria Democrática. No, no es una broma. El gobierno de España negociando la memoria democrática con los que humillan a las víctimas de ETA colocando en sus listas electorales a exterroristas.
La novedad es que el gobierno de Sánchez le ha dado un protagonismo inmerecido a Bildu, tomándolo por aliado
Y no entramos en el debate jurídico sobre los motivos para ilegalizar el partido. Solo apuntaremos que, en el artículo 9 de la mencionada Ley Orgánica 6/2002, se indica que “incluir regularmente en sus órganos directivos o en sus listas electorales personas condenadas por delitos de terrorismo que no hayan rechazado públicamente los fines y los medios terroristas.”
Otros como Ximo Puig son más pusilánimes y no renuncian a su apego sanchista, a pesar de los múltiples desaires del gobierno central hacia la Comunidad Valenciana
Entre los candidatos de Bildu mucho arrepentimiento no se ve. Barones socialistas como Lambán o García Page, temerosos de la influencia que pueda tener en las urnas, han querido marcar distancias de los pactos del presidente Sánchez con la izquierda abertzale, aunque se quedan siempre en las palabras y esto no los exime de su cuota de responsabilidad como parte orgánica del mismo partido socialista. Otros como Ximo Puig son más pusilánimes y no renuncian a su apego sanchista, a pesar de los múltiples desaires del gobierno central hacia la Comunidad Valenciana. Puig aquí, además, se sostiene con el apoyo de Unidas Podemos y Compromís, y estos grupos son hermanos de leche de Bildu.
Estaría bien que el votante valenciano, a la hora de elegir su papeleta, tuviera presente, entre otras cosas, que en las listas de la izquierda vasca figuran personas como Sara Majarenas, condenada a 14 años de prisión tras ser detenida cerca del Ayuntamiento de Valencia cuando planeaba un atentado contra Rita Barberá, entonces alcaldesa de la ciudad.
Ya no se pueden votar ni publicar comentarios en este artículo.
Todo votante de Castilla - La Mancha, (por ejemplo) aunque sea de un pequeño pueblo, tiene que saber que votar al PSOE es votar a la ETA. Si Page gana las elecciones y se asegura 4 años de Gobierno, sus críticas se apagarán y se quedará "mudo". Pedro Sánchez podrá hacer lo que quiera y García Page no dirá ni "mú".