La convivencia no la quiebra la ley, sino quienes se sitúan al margen de ella. Cuando el poder deja de estar sometido al imperio del Derecho y transforma a éste en un instrumento al servicio de sus necesidades de Gobierno, la democracia cede ante la tiranía y los ciudadanos se convierten en súbditos.

Con la aprobación de los indultos, Pedro Sánchez ha roto la igualdad de los españoles ante la ley y ha volado por los aires la separación de poderes. Ha premiado con la impunidad a quienes han colaborado con su apuntalamiento en la Moncloa: la única condena que el Gobierno no ha perdonado a los sediciosos malversadores es la de inhabilitación para el ejercicio de cargo público. Atentar contra el orden constitucional a costa del dinero público que extrae Hacienda de nuestros exiguos bolsillos les ha salido prácticamente gratis.

Sin duda, una maniobra que el jurista nazionalsocialista Carl Schmitt, precursor de la visión utilitarista del Derecho, catalogaría como digna de su legado, pues con ella Sánchez ha constatado ante la Nación que no hay ni ley ni tribunal que él no pueda retorcer o doblegar. Los independentistas catalanes lo colocaron en la poltrona y Pedro, en justa recompensa, los recoloca por encima de la ley. Su Persona es el que mueve a placer la delgada línea roja de la legalidad.

Es lo que tiene confundir los intereses del Estado con los propios: que se ha acabado creyendo que no hay nada más útil para el país que el tener garantizada su gobernabilidad

Y mientras a ellos los indulta a nosotros nos insulta afirmando que lo hace por razones de utilidad pública. Es lo que tiene confundir los intereses del Estado con los propios: que se ha acabado creyendo que no hay nada más útil para el país que el tener garantizada su gobernabilidad. Porque con esta estratagema, Sánchez se ha garantizado la mayoría absoluta en el Congreso.

Los españoles, que fuimos las verdaderas víctimas de la ruptura de la legalidad en Cataluña en octubre de 2017, hemos pasado a ser victimarios por obra y gracia del Gobierno y de sus trovadores mediáticos. Efectivamente, quienes antaño negaron que se fueran a producir los indultos nos sermonean hoy sobre la concordia y la magnanimidad al tiempo que nos tildan de crispadores y de fascistas. Curiosa cordialidad es esa que adjudica la condición de extremista y totalitario a todo aquel que se atreva a disentir. Porque ahora resulta que en España hay dos extremos: los políticos sediciosos y quienes reclaman el cumplimiento de las sentencias judiciales y el respeto al Estado de Derecho. Eso sí, para el Gobierno sólo los primeros son dignos de conmiseración. A ellos les excusa mientras a usted le acusa.

En los próximos días nos van a someter a un bombardeo de medidas que serán aprobadas como “compensación” a los españoles por los indultos: terminar con la obligación de llevar mascarilla al aire libre, rebajar el IVA de la luz, etc., etc. Pero que nadie se despiste porque el partido se sigue jugando, esta vez en Estrasburgo.

Influir en Estrasburgo

Sánchez quiere, necesita, un aval exógeno al Gobierno en el tema de los indultos, que le permita cargarlos de las razones jurídicas de las que ahora carecen, para fortalecer así su relato. Y pretende obtenerlo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Efectivamente, la rebaja de la pena que va a suponer la reforma del delito de sedición que está ultimando el Ejecutivo persigue influir en la sentencia de este organismo por la vía de la desproporcionalidad de las penas. Si tras cometerse el delito, el Gobierno nacional no sólo rebaja las condenas previstas para el mismo, sino que además indulta a sus autores, es evidente que se está marcando al Tribunal el camino a seguir, más aún cuando el derecho interno prevé la retroactividad de la norma penal más favorable.

Lo peor será soportar a las vedettes del sanchismo cacarear que el TEDH respalda con esa sentencia al Gobierno y corrige al Tribunal Supremo, cuando la realidad es que será aquel, con su actuación y reformas, quien propiciará tal resolución. Se reactivará entonces la maquinaria de denostación y desprestigio del poder judicial español, bastión contra las arbitrariedades gubernamentales que demostró ser el único dique de contención que nos queda contra los envites del independentismo. Me permito sugerirle a Sus Señorías que se arremanguen las togas, porque es la independencia judicial la que está en la diana.