Las preguntas retóricas y la ironía no suelen encajar bien en los discursos. Buena muestra de ello son las palabras sobre el Rey que pronunció la presidenta de la Comunidad de Madrid aprovechando su presencia en la manifestación contra los indultos que se celebró el domingo en la plaza de Colón. Ayuso se preguntó ante la audiencia y los medios: “¿Qué va a hacer el Rey, los va a firmar? ¿Van a hacer al Rey cómplice de estos indultos?”. Aunque para mí resulta evidente que lo que la reciente ganadora de las elecciones madrileñas pretendía resaltar era, precisamente, el brete en el que el Gobierno coloca al Monarca con la firma de los indultos de los secesionistas, lo cierto es que sus declaraciones han provocado un auténtico polvorín. Y no sólo entre la izquierda mediática, cuyo deporte predilecto es intentar ridiculizar a la presidenta en funciones por sistema, sino también en el centro derecha. Pero mientras que el ala más moderada de este lado del espectro político se dedicó a recordarle a Ayuso las funciones constitucionales del Rey, el ala más conservadora decidió, en cambio, tomarle la palabra -interpretada en su tenor más literal- y demandar explicaciones a Felipe VI.

Desde el “pero cómo va el Rey a firmar unos indultos que el Tribunal Supremo ha dicho que son ilegales” hasta el “si los firma dejará de representarme como español” pasando por “Felipe debería hacer como Balduino de Bélgica, que abdicó temporalmente para no tener que sancionar la ley del aborto”. Todas son afirmaciones que ponen de relieve un profundo desconocimiento del papel de la monarquía española en nuestro sistema constitucional -que no se me ofenda nadie, por favor-. Pero también brinda a Moncloa la ansiada polémica que tanto necesitaban para desviar la atención sobre los indultos, tras el fallido intento de crear una nueva confrontación con Ayuso a costa de las nuevas restricciones que el Gobierno pretendía imponer a los madrileños mediante acuerdos del Consejo Interterritorial, pero que la justicia se ha encargado de desmontar con prontitud.

La responsabilidad de conceder la medida de gracia excepcional que supone el indulto es, ha sido y será única y exclusivamente del Gobierno liderado por “Su Persona”, Pedro Sánchez. Cualquier debate que gire en torno a responsabilizar al Rey por estampar su firma en los indultos es, como ya he dicho, el sueño húmedo de Iván Redondo, que consigue casi sin hacer nada que el enemigo dispare la munición pesada contra sus propios baluartes defensivos. A cambio de nada, además, porque es un debate totalmente estéril, señores míos.

El artículo 62 de la Constitución impone al Rey la obligación de sancionar y promulgar las leyes y expedir los decretos acordados en el Consejo de Ministros, esto es, de firmarlas

Primero, porque el artículo 62 de la Constitución impone al Rey la obligación de sancionar y promulgar las leyes y expedir los decretos acordados en el Consejo de Ministros, esto es, de firmarlas. Se trata de una competencia relacional de la monarquía, a través de la cuál ésta complementa o perfecciona actos de otros órganos del Estado. Aquí cobra especial trascendencia la llamada teoría del “acto debido”, pues la actuación del Soberano no se puede aislar ni independizar de la de los órganos a cuyos actos la sanción real confiere efectos. Vamos, que el Monarca está obligado a cumplir, por imperativo legal, con estos actos, sin que pueda negarse a estampar su firma porque, a su juicio, la norma presente vicios o irregularidades. Es por esto por lo que, en España, muchas de las normas sancionadas por el Rey acaban siendo declaradas contrarias al ordenamiento jurídico por los tribunales años después. El control de legalidad lo realizan los tribunales a posteriori, tras la sanción real, y de ninguna forma el Monarca con carácter previo a su firma. Pretender lo contrario es conferir a nuestro Soberano una función pseudojurisdiccional, una especie de control de legalidad o de constitucionalidad previo que convertiría al Rey en juez y parte.

Derogar o reformar una ley antigua

En segundo lugar, pero hilando con lo anterior, el indulto a los secesionistas catalanes se concede por el Gobierno al amparo de una ley de 1870 que se mantiene en vigor desde el nacimiento de nuestra democracia, hace ya algo más de cuarenta años. Si, como a mí, les parece una aberración que el Ejecutivo pueda conceder un indulto a otros políticos en contra del criterio del tribunal sentenciador y de Fiscalía, a quien tienen que demandar explicaciones es a esos partidos políticos que ocupan escaños en el Congreso gracias a sus votos: son ellos quienes, pudiendo legislar, no han tenido a bien derogar o propiciar modificaciones en la ley del indulto que impidan arbitrariedades como las que el Gobierno está a punto de perpetrar.

Efectivamente, les habría bastado con una reforma que recogiese que el informe del tribunal sentenciador es, amén de preceptivo, vinculante (en la actualidad el órgano que dictó sentencia tiene obligación de emitirlo pero, en cambio, el Ejecutivo no está obligado a tomarlo en consideración). Algo tan sencillo nos habría ahorrado soportar que quienes rechazaban los indultos categóricamente hace apenas dos años, afirmen ahora que son una garantía para la convivencia de todos y adjudiquen a quien los critica la condición de facha o fascista. Son los tiempos del grouchosanchismo que nos ha tocado vivir, en los que los principios de los líderes y votantes socialistas mutan a la velocidad que requieren las necesidades de poder de Pedro Sánchez. Para muestra, las declaraciones del Juan Espadas, líder socialista andaluz, en un conocido programa de radio, afirmando que está a favor de los indultos pero que, si el gobierno cambiase de parecer, él también lo haría.

Mucho votante conservador cree que nuestro Soberano debería escenificar una suerte de objeción de conciencia como la interpretada por el monarca belga Balduino de Bélgica

En tercer y último lugar, mucho votante conservador cree que nuestro Soberano debería escenificar una suerte de objeción de conciencia como la interpretada por el monarca belga Balduino, que acordó con el ejecutivo y el legislativo de ese país ser declarado incapaz por unas horas para evitar firmar la ley del aborto y que lo hiciera el regente. Esto no sólo no está previsto en nuestro ordenamiento jurídico, sino que además su planteamiento choca con la propia Constitución: el artículo 57, apartado 5, de la Carta Magna preceptúa que las abdicaciones se resolverán por una ley orgánica, y ello requiere de la ineludible intervención de las Cortes Generales. Y hoy por hoy la oposición no goza de la mayoría requerida para perpetrar una trapacería de este estilo ni aunque se lo propusiera.

Se trata, en resumidas cuentas, de un debate que parte de premisas erróneas, cuyo planteamiento en las actuales circunstancias, aunque sea a modo de wishful thinking, es profundamente equivocado. No hay atajo legal alguno para que Felipe VI pueda negarse a firmar los indultos y la responsabilidad de tener obligación de dar cumplimiento a ese “trámite burocrático” no es en modo alguno suya. Me consta que la desesperación y ansiedad que genera en muchos ver al Gobierno maniobrar contra las instituciones del Estado y la separación de poderes es grande, pero eso no puede llevarnos a clamar para que el monarca se sitúe del lado de la ilegalidad. En esa orilla debemos dejarlos solos a ellos mientras esperamos pacientes a que se pronuncie la Justicia sobre el recurso que se plantee contra los indultos. Tampoco debemos concederle al gurú de Moncloa este balón de oxígeno precisamente ahora, cuando más asfixiado está. Como me dijo un seguidor tuitero, observadorneutral [email protected] – el verdadero negocio de Redondo somos nosotros mismos.