La legislatura que empieza promete depararnos, si no grandes momentos, al menos un buen puñado de imágenes llamativas. Pudimos presenciar algunas en el mismo debate de investidura. No es habitual que una parlamentaria suba a la tribuna del Congreso para decir que le importa un bledo la gobernabilidad de España, entre otras afirmaciones de grueso calibre de la republicana Montserrat Bassa, antes de permitir con su abstención la investidura de Sánchez. Con estos socios anda en tratos el nuevo Gobierno.

Ahora ha vuelto a suceder en la solemne sesión de apertura de la XIV legislatura en el Congreso de los Diputados. "España no puede ser de unos contra otros. España debe ser de todos y para todos", afirmó el Rey en su discurso ante la Cámara. A este mensaje de concordia respondieron los diputados de ERC, Junts per Catalunya, Bildu, la CUP y BNG con un plante al monarca. Los cuarenta y nueve parlamentarios de las formaciones soberanistas se ausentaron del hemiciclo durante la sesión y sus portavoces leyeron un manifiesto contra la monarquía constitucional. ‘No tenemos Rey’, es la frase con la que abren el manifiesto y que Rufián ha difundido a través de Twitter.

Saber guardar las formas es importante en una democracia parlamentaria, lo que no es incompatible con el disenso político; significa sólo mostrar respeto por las instituciones, por los adversarios políticos y los ciudadanos a los que representan, pero sabemos que ese no es el punto fuerte de los que se marcharon. Más allá de los modos, el contenido del manifiesto es chocante, pues desconcierta una secuencia de clichés y frases manidas cuyo efecto es poner el mundo del revés.

Veámoslo por encima. Para empezar, un latiguillo que parece sacado de las asambleas del 15-M: el Rey no nos representa, dicen, sin distinguir el papel del jefe del Estado de la representación política. Luego vienen las críticas al uso: que si es una institución anacrónica, heredera del franquismo y, lo más importante, como simboliza la unidad de España es contraria "a los derechos civiles, políticos y nacionales (sic) que asisten a nuestras ciudadanías y nuestros pueblos".

Los soberanistas tienen por costumbre apropiarse del término 'democracia’, de modo que cualquiera que se oponga a sus aspiraciones, por ilegales que resulten, pasa a ser calificado de ‘antidemocrático’

La redacción del segundo punto tiene su gracia: "En el camino hacia la libertad que aspiramos (sic), el Rey no es un interlocutor válido para nosotras y nosotros". "Aspirar" en el sentido de "querer conseguir algo" lleva siempre complemento (lo querido) precedido por la preposición "a", de modo que no sabe uno si van a inhalar el camino (o la libertad). Aquí señalan lo que de verdad les escuece del actual Rey: el discurso del 3 de octubre de 2017. Sin embargo, aquel discurso medido en defensa del orden constitucional y la legalidad es visto como una imposición de "valores antidemocráticos". Los soberanistas tienen por costumbre apropiarse del término ‘democracia’, de modo que cualquiera que se oponga a sus aspiraciones, por ilegales o alocadas que resulten, pasa a ser calificado de ‘antidemocrático’.

En el tercer punto vuelven sobre la idea de que la monarquía es incompatible con "los valores republicanos de libertad, igualdad y democracia". Con ello, claro está, arrojan sombras sobre la democracia española: si tenemos Rey, no podemos ser una "democracia real". Lo que tendríamos es una mera fachada democrática, hasta que el Rey deje de ejercer supuestamente ‘su tutela’ sobre los ciudadanos y los parlamentos que emanan de la voluntad popular.

Democracias plenas en Europa

Da pereza replicar a tales cosas. Parece mentira que a estas alturas haya que explicar que un régimen democrático no depende de la forma que adopte la jefatura del Estado. Muchas de las repúblicas que hay en el mundo son regímenes dictatoriales o autoritarios, cuando no presentan graves déficits democráticos; por el contrario, si repasamos los índices internacionales de calidad democrática, como el que elabora cada año The Economist, veremos que buena parte de las consideradas democracias plenas, entre ellas el Reino de España, son monarquías parlamentarias. Si comparamos el modo en que la figura del Rey está regulada en nuestro orden constitucional con otras monarquías parlamentarias en Europa, en los países nórdicos, en Gran Bretaña o en los Países Bajos, es perfectamente homologable. Y nadie pondría en cuestión que estas son democracias reales, con los defectos que tiene cualquier sistema político.

En una monarquía parlamentaria las funciones del monarca están estrictamente tasadas en la Constitución y carece de discrecionalidad para participar en la dirección política del Estado. Ésta corresponde al Gobierno de la Nación, que responde ante el Parlamento que surge de la voluntad popular expresada por los ciudadanos a través de elecciones periódicas. Lejos de ejercer tutela alguna sobre el Gobierno, las Cortes o los ciudadanos, los actos del monarca están supervisados en todo momento por el Gobierno de turno, sin cuyo refrendo carecen de validez, y están sujetos a una estricta exigencia de neutralidad política. Su papel es meramente simbólico y arbitral; su influencia reside exclusivamente en la auctoritas de quien desempeña la más alta magistratura, exactamente como sucede en otras monarquías de nuestro entorno.

El republicanismo que enarbolan es un republicanismo de pega, que ignora lo mejor de esa tradición de pensamiento político

Pero nada de esto importa mucho a nuestros soberanistas, que se muestran impertérritos ante la realidad. El republicanismo que enarbolan es un republicanismo de pega, que ignora lo mejor de esa tradición de pensamiento político. Si la salvaguarda de las libertades y la igualdad entre los ciudadanos son los bienes más preciados de un orden republicano, entonces lo fundamental no es si hay rey o presidente, sino cómo se ejerce el poder sobre los ciudadanos. De ahí que Kant, uno de los clásicos del republicanismo, opusiera éste no a la monarquía, sino a la tiranía. Una constitución republicana por ello fija límites al ejercicio del poder para prevenir la arbitrariedad y el despotismo por medio del imperio de la ley o la separación de poderes, como única forma de garantizar las libertades de todos. Lejos de estar en oposición con el régimen político que tenemos, esos principios republicanos constituyen la médula de una democracia constitucional como la nuestra. Habrá que repetirlo cuantas veces haga falta.

Un ataque infantiloide

Que nadie se llame a engaño, el republicanismo de los independentistas es un subterfugio para atraer a incautos o tejer alianzas con los enemigos del actual régimen político. Por mucho que lo lleven en sus siglas, nada puedo imaginar más contrario al espíritu republicano que fomentar divisiones etnoculturales, sembrando la discordia civil, con el fin de romper una democracia constitucional, como intentaron en 2017. Basta ver el modo en que sitúan en el manifiesto unos inexistentes derechos nacionales de los pueblos al lado de los derechos civiles y políticos para darse cuenta de la suerte que correrían las libertades individuales y el pluralismo en sus anheladas repúblicas. Por eso, hay que tomar el ataque al Rey por lo que es, un ataque contra el orden constitucional que simboliza y del que la Corona es pieza clave.

Por lo demás, hay algo infantiloide en ese ‘no tenemos Rey’. O un caso acabado de wishful thinking, como aquellos que creían dejar de ser españoles por romper el DNI. El ambiente resulta propicio allí donde la acción política se torna en gestualidad exuberante y tiende a la sobreactuación. Se diría que en el mundo encantado de los secesionistas, no hay Rey pero sí república catalana. Mal que les pese, tienen Rey y lo tendrán mientras exista el orden constitucional. Se ha hablado con razón de las virtudes pedagógicas de la ley. Habría que ponderar más cuán valiosa resulta como principio de realidad, que pone coto a los deseos de políticos imprudentes y temerarios.