El nacionalismo tiene el objetivo de ir avanzando hacia la independencia. Es una guerra de posiciones. Una vez ganada la competencia o el presupuesto no hay marcha atrás. De esta manera se plantea la carta de Junqueras pocos días antes de la manifestación del 13 de junio. Es ingenuo, o un engaño, considerar que las cesiones van a satisfacer al nacionalismo.

El problema no es que se negocie dentro de la legalidad, como dice Ábalos, sino para qué y quiénes. Si ese pacto es solamente para sostener a Sánchez en el Gobierno, mal, porque no es cuestión personal o de partido, sino de Estado. Es aquí donde entran los actores del pacto. Es cierto que el Gobierno tiene la legitimidad para hacerlo, pero al tratarse de una cuestión que trasciende un programa de investidura sino a la unidad de España y al orden constitucional, no puede solo pactar el PSOE y Podemos en nombre de todos.

Si realmente se tratara de arreglar una cuestión histórica, un supuesto desencaje de una parte de los catalanes, es preciso que sea una solución que cuente con la oposición. No es responsable achacar al PP el golpe de Estado en Cataluña, la violación de la ley, la República de los ocho segundos, el asalto a la Consejería de Economía y los disturbios, y, además, dejarle fuera de la resolución de un problema nacional.

Ese apartamiento de los populares se debe a que se va a ceder más de lo que desean la mayoría de españoles, y a lo que está dispuesto a aceptar la oposición. El motivo es que solo se van a tener en cuenta dos intereses: el de Sánchez y el de los golpistas. El resto de España no cuenta.

Una rotunda derrota del sanchismo

Quizá sea preciso recordar que no estamos en un sistema presidencialista, sino parlamentario, en el que las grandes decisiones se han de tomar con la anuencia de la oposición. Máxime si las encuestas otorgan una victoria al partido opositor, y una rotunda derrota del sanchismo a dos años del fin de la legislatura. Ya cometió Zapatero ese error, el arrogarse la voz de toda España, cuando prometió a los nacionalistas catalanes aceptar el Estatuto que saliera del Parlamento catalán. Fue ZP quien nos introdujo en esta crisis nacional, y ahora sufrimos las consecuencias. 

Lo que hay detrás es lo mismo que en la época zapaterista: dejar fuera a la oposición en una maniobra de cambiar el sistema por la puerta de atrás. El sanchismo pretende atribuirse, como hizo Zapatero con ETA, la “paz en Cataluña”, ser el pacificador, y colocar ese relato delante de las urnas en 2024. Al tiempo, esas nuevas normas de juego dejaran fuera al PP, Vox y Ciudadanos -si es que sobrevive a todo esto-.

A esto seguirán los indultos, en quince días, como una demostración de que se abandona la vía judicial y de que todo queda en manos de la voluntad política de los interesados

El camino se ha iniciado ya con dos maniobras propagandísticas: el Gobierno pide un gesto y Junqueras se lo devuelve con una carta, que no es solo para Sánchez como pretenden, sino para toda la España constitucionalista. A esto seguirán los indultos, en quince días, como una demostración de que se abandona la vía judicial y de que todo queda en manos de la voluntad política de los interesados.

Esta anulación del poder judicial se seguirá con una mesa de negociación con Pere Aragonès en la que se pactará una amnistía para los “3.000 procesados en la causa general contra el independentismo” o algo similar, y un referéndum a la escocesa o a la zapaterista: sobre un nuevo Estatuto de autonomía.

Soluciones generosas

Tienen tiempo hasta 2023, plazo que se han dado mutuamente, antes de las elecciones generales. La propaganda irá durante ese tiempo en el sentido de inocular en los españoles que la democracia -solo entendida como votar- no hace daño a nadie, que por qué no poner unas urnas, que es hora de soluciones generosas. Y así es como se cambia, por la puerta de atrás, por “nuestro bien”, un régimen político, con unas nuevas normas y otra clase dirigente.

El sanchismo y el independentismo han coincidido en la solución para sus respectivos problemas. Les une el mismo interés e igual desapego a la democracia liberal de la Constitución de 1978, al esfuerzo de la generación de la Transición, y al deseo mayoritario de los españoles. La voluntad nacional habrá sido sustituida por el despotismo personalista.

En estas circunstancias, la protesta del 13 de junio será importante pero no decisiva para que Sánchez tome la decisión de ceder al golpismo a costa de la letra y el espíritu del sistema del 78. De hecho, ya lo ha decidido. Tendrá relevancia si de ahí sale un movimiento de la sociedad civil capaz de continuar hasta las urnas, si es que no se celebra antes ese referéndum.