Los resultados de las elecciones catalanas del 14 de febrero trajeron consigo un resultado familiar: dos bloques prácticamente estáticos, uno independentista, otro unionista, que se reparten el voto entre ellos casi al cincuenta por ciento. Es el mismo resultado, siempre con pequeñas oscilaciones, que llevamos viendo en las autonómicas desde 1984. La agenda de los nacionalistas catalanes quizás ha cambiado, pero su apoyo social apenas lo ha hecho.

Los independentistas han alardeado mucho que, en estas elecciones, por primera vez han superado el umbral del cincuenta por ciento del voto. Dejando de lado que el cambio porcentual de voto es muy pequeño (apenas tres puntos), la escasa participación significa que este porcentaje lo han alcanzado con el menor número de votos desde el inicio del proceso independentista. Hace cuatro años, el independentismo movilizó casi un 38% de los votantes censados para apoyar su causa; el domingo pasado, poco menos del 27%. El supuesto votante incansable del secesionismo, esos dos millones de catalanes que siempre acudirían a votarles, resultó no ser del todo cierto. Concretamente, 641.000 se quedaron en casa.

El independentismo catalán tiene, a estas alturas, un marcado componente de clase social, así que en unas elecciones con mucha abstención los partidos constitucionalistas salieron perjudicados

Sabemos, porque es una constante de todas las elecciones democráticas en todos los países del mundo, que los votantes son más propensos de acudir a las urnas como mayor sea su nivel de ingresos. El independentismo catalán tiene, a estas alturas, un marcado componente de clase social, así que en unas elecciones con mucha abstención los partidos unionistas salieron perjudicados. Incluso con el desplome de la participación, sin embargo, mantuvieron el tipo; incluso con la práctica extinción de dos de los partidos dentro del bloque, esencialmente lograron empatar.

Por supuesto, en un sistema parlamentario, los votos son menos importantes que los escaños, pero incluso en este punto los resultados fueron esencialmente los mismos. Los independentistas ganaron cuatro escaños, gracias sobre todo al aumento de votos de los ligeramente estrafalarios señores de la CUP. La novedad (relativa) fue el sorpasso de ERC a los post-post-convergentes de JxCAT, pero la aritmética parlamentaria no ha variado. Los independentistas tienen mayoría y pueden formar gobierno, por mucho que un partido unionista haya sido la formación con más votos.

Batallas simbólicas

Visto este escenario, uno puede ahogarse no en el pesimismo, pero sí en la desilusión. La secesión de Cataluña sigue siendo una quimera; los partidos nacionalistas siguen sin ser capaces de expandir sus bases, y muchos de sus votantes parecen estar cada vez menos motivados. La política catalana, mientras tanto, permanece anclada en la misma lógica de bloques que no ha hecho más que producir un gobierno disfuncional tras otro. El independentismo, cuando no está andando por las ramas con tramas quijotescas para alcanzar la secesión, se ha ensimismado en inacabables batallas simbólicas contra la malvada España y tragicómicas peleas fratricidas. La lenta, triste decadencia de la región, tras años de provincialismo, inestabilidad, y desinterés por gobernar, seguirá sin interrupciones.

Tengo la intuición, o acaso la esperanza, de que este paréntesis desesperante de la última década quizás pueda empezar a romperse. Primero, porque, aunque los bloques siguen empatados, quien lleva la voz cantante en cada uno de ellos sí ha cambiado. En el lado nacionalista, ERC, aún con sus astracanadas y excesos, es claramente un partido más conciliador y menos intransigente que JxCAT. Los republicanos siguen siendo secesionistas, pero admiten abiertamente que la secesión, con el equilibrio de fuerzas actual, es imposible. Es difícil aventurar si eso se traducirá en una voluntad de gobernar, o al menos fingir que quieren hacerlo, pero es indudable que Aragonès es un personaje más serio que Torra o Puigdemont.

El partido naranja se vio atrapado en la chifladura de Albert Rivera, su abrazo al PP y Vox e implosión posterior en las generales les dejaron en tierra de nadie

En el lado unionista, mientras tanto, el PSC es un partido marcadamente más pragmático que lo que fuera Ciudadanos tras su victoria del 2017. El partido naranja se vio atrapado en la chifladura de Albert Rivera, su abrazo al PP y Vox e implosión posterior en las generales les dejaron en tierra de nadie. El aumento de Vox no ha bastado para compensar la caída del PP y Cs, así que Illa tendrá más margen de acción, y el respaldo de la Moncloa.

Se hablará, otra vez, de negociar, y quizás, sólo quizás, esta vez algo pueda acordarse. Una de las realidades más ignoradas del problema catalán es que fuera del imposible debate sobre el referéndum de autodeterminación (estoy en contra, es mala idea, y no debe celebrarse) hay muchos temas que merecen ser discutidos y que, de llegar a acuerdos, serían buenos no solo para Cataluña, sino para España. El más obvio, recurrente, y necesario el sistema de financiación autonómica, que es un galimatías absurdo que no hace bien a nadie, pero va más allá. Hay mucho, mucho margen para racionalizar cómo decidimos y repartimos el poder territorial en España, y clarificarlo nos ahorraría muchos dolores de cabeza a largo plazo.

Impuestos y gasto público

Encontrar soluciones estos temas no requieren concesiones al independentismo, porque los independentistas tienen razón cuando dicen que el sistema de financiación está roto. Es necesario arreglar este problema, y si lo hacemos bien, con un sistema en el que la administración que hace el gasto público sea quien recauda impuestos, estaremos quitándoles excusas; la culpa del raquítico gasto social en Cataluña será suya, no de Madrid.

Si eso sucediera y empezaran a cerrar acuerdos, ¿dejaran los secesionistas de serlo y arreglaremos “el problema catalán”? No, por supuesto. En democracia, los conflictos políticos nunca se acaban de solucionar del todo. Democracia es negociación, acuerdos imperfectos, y volver a hablar, una y otra vez, para pulir y redibujar pactos anteriores. La división social en Cataluña (y no lo olvidemos – este es, por encima de todo, un conflicto entre catalanes, no entre Cataluña y España) no va a desaparecer en dos días. El es país demasiado diverso, demasiado complicado, demasiado irreverente, demasiado aficionado a llevar la contraria para contentarse con cuatro reformas institucionales.

Pero los políticos catalanes no están en el cargo para salvar el mundo o traer la armonía social eterna al principado. Están para mejorar la vida de la gente, poco a poco, arreglando lo que buenamente puedan. Es muy probable que lo que consigan arreglar y pactar esta legislatura sea poca cosa; ERC tiene a los insufribles flipados de JxCAT en la chepa, y el PSC es ese partido que parece olvidar periódicamente en qué planeta viven.

Pasar del infinito, incesante griterío de los últimos años a algo que quizás no sea normal o produzca acuerdos, pero donde los actores en ambos lados al menos actúen con cierta buena fe, sin embargo, será una gran mejora. No estoy seguro de que suceda; ya he dicho que esto tiene más de esperanza que de certidumbre. Pero tras tantos años perdidos, tanta idiotez, tanta irresponsabilidad, tanto sabotaje del futuro de Cataluña desde el populismo más irresponsable, que los líderes de los dos bloques al menos no estén medio chiflados es un pequeño paso adelante.

Esperemos que no sea el último.