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Manuel Alejandro Hidalgo

Opinión

¿Impuestos? Sí, gracias

Los impuestos disuasorios, como los que gravan la contaminación, pueden resultar muy rentables económicamente a medio y largo plazo

La boina de contaminación que cubre Madrid
La boina de contaminación que cubre Madrid EFE

Es muy difícil entender que siga siendo necesario a día de hoy tener que explicar ciertas cuestiones. En particular, y en el caso de este artículo, me voy a referir a la necesaria existencia de ciertos impuestos o, más en general, de la necesidad de que el Estado intervenga mediante medidas fiscales o regulatorias en ciertas parcelas de las economías. Aún hoy, muchos siguen considerando la bondad absoluta del mercado como creador de bienestar y eficiencia, lo que les lleva a continuación a considerar que cualquier injerencia en él solo genera costes. En conversaciones con estos “radicales” defensores del mercado se deprecian u obvian los famosos fallos del mercado (que no contradice la existencia también de los llamados fallos del Estado) y, por ello, a su vez, de la necesidad de corregir lo que no existe. Sin embargo, estos fallos existen y los impuestos son un magnífico instrumento para corregirlos.

Hace pocos días, el periodista Carlos Sánchez argumentaba en un artículo una cuestión que creo es muy correcta: los impuestos son el precio que debemos pagar por vivir en una sociedad avanzada y desarrollada. Creo profundamente en esta afirmación y, firmando lo que Carlos comenta, lo llevo algo más lejos. En concreto, sin entrar en un debate general sobre los impuestos, muchos de ellos hay que entenderlos como necesarios para minimizar ciertos costes que genera el modo de vida moderno, los que tiene vivir en una economía y sociedad como la nuestra.

Que existan estos costes exige la necesidad de minimizarlos o ajustarlos. Y es aquí donde entran en escena los impuestos, pues modulan la actividad privada tratando de minimizar o internalizar dichos costes, es decir, que pague quien los genere. Además, es importante reflexionar sobre esta cuestión por una sencilla razón: si lo que buscamos es maximizar el bienestar generado por la actividad económica del mercado, necesitamos reconocer que existen costes que la reducen y que no podemos esperar a que la iniciativa privada los asuma. Pongo dos ejemplos de estos costes y sus posibles soluciones por parte de la Administración.

Un ejemplo: incidir vía impuestos en el consumo de azúcar supondría un ahorro directo, en gasto sanitario, solo en USA, de 10.000 millones de dólares

En un informe del año 2016, la OCDE trataba de evaluar el coste económico de la contaminación. Esta reduce, por poner solo tres ejemplos, el bienestar mediante tres posibles canales y costes. El primero de ellos mediante la caída en la productividad de los trabajadores, ya sean por las bajas que provocan las enfermedades asociadas a la misma o la necesidad de cuidar a familiares que enferman igualmente por estas causas. En segundo lugar, por el gasto sanitario que esta produce, y que debemos afrontarlo detrayendo recursos desde otras posibles aplicaciones, ya sean públicas o privadas. En tercer lugar, tiene un efecto sobre la producción de otros bienes, como puede ser, por ejemplo, los productos agrícolas, suponiendo un coste en cantidad y sobre todo en precio.

Pues bien, la OCDE estimaba para Europa, por centrarnos, que este coste podría rondar, dependiendo del país, entre el 0,2 y el 0,5% del PIB anual. Sólo en España estaríamos hablando de entre 2,5 casi 6 mil millones de euros anuales. En países más contaminados podríamos hablar de cifras muy superiores, como es el caso de China (2,7%) o los países circundantes del Mar Caspio (3%). En este caso, los impuestos específicos a la contaminación, el uso de ciertos combustibles o el pago de mayores precios por el a su vez mayor coste de uso de ciertas energías busca compensar parte estos costes. Así, si queremos justificar la subvención (impuestos negativos) del uso de ciertas energías renovables o un mayor impuesto al diésel, podríamos hacerlo en este sentido.

Un segundo ejemplo puede ser desincentivar, que no prohibir, ciertos hábitos individuales. Cada uno es libre y tiene derecho de infligirse daño si es su deseo, pero también tiene la obligación de asumir las responsabilidades que para con otros ello reporta. Un ejemplo es el consumo de azúcar, y para el que el deseo de crear tributos por algunas administraciones ha sido muy criticado. Pero, al igual que otros productos muchos más nocivos, el azúcar genera unos costes de salud que van creciendo con el paso de los años. Por ejemplo, Rick Vreman y coautores estiman que la reducción en un 20% de la cantidad de azúcar en ciertos alimentos y bebidas reduciría en general la incidencia de multitud de enfermedades, como son la diabetes tipo 2 (-19,9% de casos), de enfermedades coronarias (-9,4%), etcétera, todo ello medido para veinte años. Esta reducción supondría un ahorro para el sistema nacional de salud de los Estados Unidos (para el que se hizo el trabajo) de aproximadamente 10.000 millones de dólares, cifra que se situaría alrededor del 0,2% anual del PIB norteamericano proyectado para estas dos décadas. El informe solo habla de costes directos en medicamentos. A esto habría que sumar muchos otros.

Es por ello que, en estos ejemplos como en muchos otros, los ajustes que puedan suponer tanto impuestos disuasorios o políticas de regulación o inversión, pueden resultar rentables económicamente a medio y largo plazo. Así, los impuestos serían como Carlos Sánchez nos comentaba el otro día, el precio a pagar por vivir “bien” en la sociedad moderna. Y “bien” puede significar protegiéndonos a nosotros mismos y a los demás de los costes que nuestro estilo de vida nos supone, tanto directamente como indirectamente.



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