Pocas dudas caben sobre la importancia que el sector de hostelería tiene en la economía española. Según los datos sectoriales previos al desarrollo de la pandemia, su contribución al PIB superaba el 6%, en tanto que daba empleo al 8,7% de los empleados españoles.

Lo sucedido desde marzo de 2020 es bien conocido. Con las medidas anti-covid se ha impuesto un conjunto de restricciones al sector: reducción del horario de apertura, límites de ocupación, prohibición del uso de las barras, cierres puntuales … También costes adicionales en forma de medidas profilácticas. Entre otras, la colocación de mamparas separadoras de espacio y/o personas.

Lo descrito ha generado un escenario terrorífico para estos profesionales. Basta reseñar que su facturación global en 2020 ha disminuido un 55% en relación a la del año precedente o que en dicho año han cerrado más de 80.000 establecimientos, un 25% de los preexistentes. Estos datos suponen una auténtica catástrofe para las empresas y empresarios hosteleros, por las pérdidas y ruina económica que causan a unas y otros.

La dimensión de la catástrofe convierte en inexplicable la lacerante pasividad del Gobierno español al respecto, pasividad que se concreta en la absoluta inexistencia de ayuda directa alguna al sector. Solo una enfermiza animadversión a la propia actividad empresarial podría explicar -nunca justificar- semejante inacción. Y uno de los socios presentes en la coalición que nos gobierna -Unidos Podemos- nos ha proporcionado la clave al afirmar de manera despectiva que España es un país de bares y hoteles para turistas.

Pero Podemos y en definitiva, el propio gobierno de Pedro Sánchez olvidan que el maltrato que están infligiendo al sector de los bares y hoteles para turistas está lastrando a la economía española y, en consecuencia, perjudicando al bienestar general de los españoles.

Los ejemplos de Europa

Sin duda así es. La inacción del Gobierno ha contribuido de modo notable a que en el sector se hayan perdido hasta ahora 250.000 empleos directos y otros muchos indirectos (de proveedores, suministradores, servicios de limpieza, mantenimiento…). Sin olvidar la contingencia representada por el número de empleados acogidos a ERTEs, que ronda ya los 400.000. Tampoco que el descenso brusco de la actividad sectorial ha tenido, tiene y tendrá un ingente coste público en términos de menores impuestos devengados y pagados.

Expuesto lo expuesto, y toda vez que con frecuencia se justifican las decisiones gubernamentales recurriendo a la experiencia internacional, bueno será recordar a nuestro Gobierno lo que se está haciendo en los países de nuestro entorno.

Recordarles el caso de Alemania, país en el que se está transfiriendo a las empresas afectadas por la pandemia un porcentaje (hasta el 75%) de su pérdida de facturación, lo que ha supuesto que sus empresas hosteleras hayan percibido 15.000 millones de euros.

Recordarles el caso de Luxemburgo, país en el que se está transfiriendo ayudas directas a las empresas víctimas de la crisis importes mensuales en función de su tamaño (desde 20.000 €/mes hasta 200.000 €/mes).

El mantra falso y las mentiras habituales

Recordarles que en otros países de referencia, las empresas del sector están recibiendo también ayudas del gobierno por uno u otro procedimiento de los descritos. Su montante asciende a 10.000 millones de euros en los Países Bajos, a 6.000 en Francia

Este panorama internacional, absolutamente justificado y evidentemente positivo, tiene su incomprensible excepción en España, donde -es preciso reiterarlo- el Gobierno de Pedro Sánchez no ha concedido ni un euro a nuestras empresas hosteleras. De ser preguntados por la cuestión, es más que posible que nuestros gobernantes aludiesen a su mantra preferido: la necesidad de subir los impuestos para atender dichas necesidades. No hay tal. Que se lean el informe de la AIREF (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal) en el que se afirma la existencia en España de subvenciones públicas por importe anual superior a 14.000 millones de euros gestionadas con absoluta falta de transparencia, sin rendición de cuentas y, por ende, sin control.