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Gregorio Morán

Opinión

El honor de los narcos

Narcos, letrados, jueces, policías y periodistas comparten una misma coartada: la Ley de Defensa del Honor que se aprobó para atenuar las informaciones del juicio a los golpistas del 23-F

El colectivo de periodistas durante la concentración en el Tribunal Supremo.
El colectivo de periodistas durante la concentración en el Tribunal Supremo. EFE

Una democracia consolidada se distingue por unos medios de comunicación potentes. Pero aquí están los periodistas, teniendo que pechar con un deterioro que acerca a la miseria. Un proceso semejante a la ablación del órgano crítico.

Cuando no domina la adicción al poder se sustituye por el desprecio de la judicatura, tan acostumbrada a que la traten de “Su Señoría” que en vez de depositarios de la ley parecen sus extorsionadores. Cuando se genera un vacío en la información a los ciudadanos -y en verdad que hay tantos que en vez de diarios se necesitarían antologías-, sucede que se va a la caza y captura de quien dijo la verdad, no de quien cometió una falta. Observen lo ocurrido en Mallorca. Un juez decide intervenir por el sindicato de las prisas una filtración periodística y manda a la policía, que entra en la redacción del Diario de Mallorca con orden judicial expresa -imagino, que para eso él es juez- con la misión de confiscar los móviles de dos periodistas. Todo en aras de su potestad omnímoda.

Por menos que esto cayó Nixon, el presidente del Estado más poderoso de la tierra, pero de seguro que no afectará a la luminosa carrera del juez de instrucción nº 12 de Palma, Su Señoría Miguel Florit, que en pleno uso de sus competencias te puede meter un puro de calabozo por faltarle al respeto que no se ha ganado pero al que tiene apego. Se llama “desacato” y algunos sabemos bastante de esa argucia leguleya, porque te enmudece sin réplica. Cito al juez Florit de Palma, bonito apelativo, casi botánico, olvidándome que lo más irritante para Sus Señorías, sin excepción conocida, es el sentido del humor, pero podría hacerlo con otros diarios que han sufrido los impulsos de otros jueces y han sido intervenidos, ya estén a la izquierda o a la derecha.

En Juezas y Jueces para la Democracia están ‘estudiando’ lo sucedido en Mallorca; no es para menos si el problema afecta a un miembro del gremio

Fíjense si el asunto será inabordable con los minúsculos términos en los que nos movemos, que la Asociación de Jueces para la Democracia, ahora actualizada como de “Juezas y Jueces” para demostración de que lo políticamente correcto está por encima de la obviedad lingüística y que ellos se adaptan a lo que sea menester tratándose de gentes de ley, pues bien, esa ínclita Asociación que tantos talentos ha cedido al Estado, como por ejemplo la actual ministra del ramo justiciero, considera que lo sucedido en Cataluña no está aún claro si se trata de un gesto o una simple trifulca, pero nada que se parezca a rebelión ni a sublevación. Sin embargo, no tienen claro lo sucedido a los periodistas de Mallorca y de momento “lo están estudiando”. No es para menos cuando se trata de un problema que afecta a un miembro del gremio, del suyo, claro.

El achique de nuestras informaciones debido a la presión judicial, alimentada por la cohorte de letrados tan rigurosos en sus suculentas minutas como perspicaces para esquivar la ley, ha alcanzado un ejercicio de encaje de bolillos con la libertad de expresión. Hay que contar también con la nada abnegada colaboración de los mandos policiales y de los jefes supremos del Ministerio del Interior. Este dédalo de impedimentos que poco tienen que ver con la razón y menos aún con la libertad de expresión lleva a que los medios de comunicación españoles sean los únicos del mundo democrático donde los narcotraficantes son anónimos. Al principio se reducían sus personas a unas siglas, ahora ni eso.

Dos ejemplos del diario de referencia El País que pretende ser el emblema de unas libertades mermadas pero nunca desveladas. En él podía leerse la semana pasada una supuesta noticia en primera página: “Funcionario de día, supernarco de noche”. No esperen ustedes saber de quién se trata, ni siquiera su trabajo, que se limita a “un ayuntamiento”. Pero si alguien sumido en la perplejidad de tanta exquisitez informativa se atiene al subtítulo, “La Guardia Civil detiene a 57 miembros de una banda que introducía por el Estrecho 60.000 kilos de hachís al año”, se quedará de un pasmo. Ni un solo nombre, ni una referencia a dónde viven y dónde actúan, hasta el punto de que cabría otorgar un premio a la locuacidad literaria del informante gaditano Jesús A. Cañas, que alcanza a llenar más de media página sin que le tiente la osadía de dejar caer una información a los lectores que no sea el elogio de la Benemérita, que se lo merece, y que además “ha incautado bienes por valor de 3,3 millones de euros”. ¡Esos son bienes y no los del Paraíso, por eso están en las nubes!

Los medios de comunicación españoles son los únicos del mundo democrático donde los narcotraficantes son anónimos

El otro ejemplo corresponde a “Una operación antidroga con nombre de dibujo animado” (sic); “La banda de traficantes actuaba en diez municipios de Barcelona”, que ni siquiera sabremos cuáles son. Esta operación se denominó “Popeye”, al parecer el apodo de uno de los capos de nombre ignoto. Ahora bien, sí consta a los periodistas que cubrieron esta información que los hijos de uno de los narcos “se enfrentaron a los medios de comunicación e incluso llegaron a colocar una sábana para que fotógrafos y cámaras no pudieran captar la imagen” de su padre. ¿Los policías les ayudaron a extenderla, o pudieron solos? ¡Todo ante unos uniformados observantes! Imágenes sí, pero nombres y datos no.

Para el papel que estamos desempeñando los periodistas podríamos muy bien atenernos a los comunicados de la comisaría pertinente, que quizá es lo que hacen, a menos que quieran perder el tiempo e incluso el trabajo precario. ¿Cómo habría que explicar que un lector que no sea idiota perdido pueda pensar que todo no es sino una invención del gabinete de comunicación policial? Dependemos del grado de imaginación de un funcionario que hace las veces de escribano y de un tiempo a esta parte también de periodista.

¿Y saben cuál es la coartada que comparten los narcos, los letrados, los jueces, los policías y los periodistas? La Ley de Defensa del Honor que creó el gobierno de Leopoldo Calvo-Sotelo para atenuar las informaciones del juicio a los golpistas del 23-F, ése que ya no recuerdan las Juezas y Jueces -un gesto freudiano el de ellas primero, por urbanidad de caballeros- para la Democracia. La deriva de la historia de aquello que tenía por objetivo no cabrear a los colegas de Milans y de Tejero ahora sirve de recurso y escudo a los narcos y a sus honorables letrados.

Tratándose de un país abocado a ser territorio mafioso en los negocios y en la política conviene que aprendamos a leer de nuevo.  



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