1941. El general estadounidense George C. Marshall, Jefe de Estado Mayor del Ejército de los Estados Unidos y arquitecto de la victoria aliada en la Segunda Guerra Mundial, comprende que la guerra moderna se decidirá no solo en los campos de batalla, sino en los despachos, en la capacidad de producción y en la velocidad con la que las armas, los equipos y los sistemas de combate llegan a las tropas. La guerra se gana con logística, dirá años más tarde, en 1979, el general estadounidense Omar Bradley.
La historia le dará la razón. Mientras los aliados coordinaban un esfuerzo industrial sin precedentes, el Eje sufría los estragos de un modelo fragmentado y lento en la producción de sus recursos militares. Años después, esa misma lección inspirará la creación de un modelo industrial de Defensa en los Estados Unidos que, aún hoy, más de ocho décadas más tarde, sigue siendo un auténtico referente mundial.
El siglo XXI ha traído consigo un nuevo tipo de conflicto: híbrido, multidominio, asimétrico. Los enfrentamientos ya no se libran solo con ejércitos regulares, sino en el ciberespacio, en la economía, en el control de la narrativa, la información y la desinformación. Las amenazas han cambiado, pero una verdad sigue intacta: la capacidad de respuesta de un país -o de un bloque- depende de su preparación, de su autonomía industrial y, sobre todo, de su agilidad para obtener y desplegar capacidades estratégicas en el menor tiempo posible.
La guerra moderna, al igual que en 1941, sigue decidiéndose en los despachos. No entre la burocracia sin alma, sino en la capacidad real de transformar estrategias en capacidades tangibles. En la velocidad con la que un contrato se convierte en un fusil, un radar o un sistema de misiles; en la destreza para traducir planes sobre el papel en blindados sobre el terreno. Porque una guerra no solo se libra con soldados y munición, sino también con procesos de obtención rápidos y eficientes, que garanticen que, cuando la amenaza asome, la respuesta no sea una mera promesa, sino una realidad.
El Plan de Rearme de Europa, presentado por la Comisión Europea, ha puesto sobre la mesa una movilización de 800.000 millones de euros para reforzar las capacidades de Defensa de los Estados miembros. Sin embargo, este esfuerzo financiero corre el riesgo de caer en saco roto, de ser en vano, en esencia, si el marco normativo nacional actúa como freno en lugar de como un facilitador.
En un escenario en el que la seguridad europea exige respuestas inmediatas, los procedimientos de contratación no pueden convertirse en un obstáculo que paralice o lastre la obtención de sistemas esenciales durante años.
Sin un marco normativo adecuado, aumentar el gasto en defensa será insuficiente: si los procedimientos siguen bloqueando la adquisición de capacidades esenciales, los recursos quedarán atrapados en una maraña burocrática
España se enfrenta a un problema estructural que, aunque no es nuevo, se ha vuelto insostenible. La contratación de Defensa se encuentra atrapada en un entramado normativo excesivamente fragmentado y rígido, en el que conviven múltiples disposiciones, con múltiples referencias cruzadas que dificultan su aplicación. Los procedimientos actuales no tienen en cuenta las particularidades del sector, ralentizando los procesos y generan inseguridad jurídica por los cuatro costados.
Actualmente, la adquisición de armamento y material se rige por dos leyes principales: la Ley 24/2011, de contratos del sector público en los ámbitos de la defensa y la seguridad, y la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público. A ellas se suma un sinfín de órdenes ministeriales e instrucciones de la Secretaría de Estado de Defensa, amén del archiconocido artículo 346 del Tratado de Funcionamiento de la Unión.
¿El resultado? Un marco normativo que, lejos de aportar claridad, ha generado un ecosistema que dificulta la planificación, retrasa la adquisición de capacidades y compromete la competitividad de la base industrial y tecnológica de defensa.
Uno de los principales problemas radica en que la Ley de Contratos de Defensa no establece un marco específico con soluciones adaptadas a la realidad del sector. En su lugar, remite constantemente a la normativa general de contratación pública, diseñada para contextos completamente distintos. No diferencia entre la adquisición de un sistema de armas o telecomunicaciones y la de un suministro ordinario, como material de oficina. No establece mecanismos suficientemente ágiles para adquisiciones urgentes en tiempos de crisis. No contempla procedimientos específicos que faciliten una mayor cooperación industrial en el entorno o ámbito de la Unión Europea.
Las amenazas han cambiado, pero una verdad sigue intacta: la capacidad de respuesta de un país depende de su preparación, de su autonomía industrial y, sobre todo, de su agilidad para obtener y desplegar capacidades estratégicas en el menor tiempo posible
El Consejo de Estado ya alertó en 2011 de la falta de sistematización en la normativa de contratación de defensa y de la necesidad de una regulación clara y coherente que recogiera las especialidades del sector. Pero catorce años después, seguimos en el mismo punto. Mientras tanto, el mundo ha cambiado: la guerra en Ucrania ha transformado la percepción de la seguridad en Europa y la UE se enfrenta a un desafío de reindustrialización para reducir su dependencia exterior en el ámbito de la defensa.
En este contexto, España no puede permitirse seguir operando con un marco normativo pensado para tiempos de paz y estabilidad. La solución pasa, como, de hecho, puso de manifiesto, de forma además, unívoca la propia industria de Defensa en el recién celebrado Foro Infodefensa 2025, por una reforma estructural que establezca un modelo contratación de Defensa, ágil, eficiente y adaptado a las necesidades estratégicas actuales. Un modelo que contemple:
- Procedimientos diferenciados para la adquisición de capacidades estratégicas.
- Un entorno normativo estable y predecible para la industria de defensa; que recoja sus especificidades.
- Mecanismos de contratación ágiles, que permitan respuestas inmediatas en tiempos de crisis.
- Un marco de financiación estable, evitando que los programas de defensa queden a merced de los ciclos políticos o económicos.
No se trata de crear excepciones indiscriminadas ni de relajar los controles esenciales, sino de entender que la contratación de Defensa requiere un marco específico que reconozca sus particularidades. Como bien sabían los generales Marshall y Bradley, la guerra (y la paz) se gana con logística; la contratación de defensa no puede estar sujeta a un marco específico que en nada -o en poco- se difiere del marco contractual de aplicación a la adquisición de material de oficina o equipos ofimáticos.
Alemania, Reino Unido y Francia ya han adoptado medidas para desarrollar modelos más flexibles que agilicen la adquisición de capacidades estratégicas y optimicen la integración entre la planificación operativa y la gestión de los contratos de Defensa.
España no puede permitirse seguir operando con un marco normativo pensado para tiempos de paz y estabilidad
España debe seguir esa senda si quiere garantizar su autonomía estratégica y su competitividad industrial. El Plan de Rearme de Europa representa una oportunidad histórica para corregir estas deficiencias. Sin un marco normativo adecuado, aumentar el gasto en Defensa será insuficiente: si los procedimientos siguen bloqueando la adquisición de capacidades esenciales, los recursos quedarán atrapados en una maraña burocrática. La seguridad y defensa del país exige decisiones audaces y reformas profundas que permitan salvar el desequilibrio existente entre el escenario estratégico y los procesos de obtención de capacidades. La Defensa no puede esperar.
Como afirmó el Almirante Santiago Ramón González Gómez en las II Jornadas sobre Logística, Infraestructura y Comunicaciones de Defensa del Clúster de la Industria de Defensa, “el futuro es hoy”. España, la Unión Europea, su defensa, no pueden esperar.
Alfonso Couce es Director en Andersen en el área de Público y Regulatorio.
