Definitivamente, Pedro Sánchez ha declarado la guerra al Estado español. En un inicio, ya resultó lacerante su pasividad ante los ataques con los que su socio en el Consejo de Ministros (Podemos) y sus socios parlamentarios (independentistas) cuestionaban la legitimidad de nuestro Estado y de sus instituciones. Todos pudimos ver cómo a diario, y con el mal estilo que solo él es capaz de dar a sus intervenciones públicas, el entonces vicepresidente del Gobierno vilipendiaba a la Corona. Simultáneamente, los independentistas ofendían de manera permanente a la Monarquía. Sánchez permaneció impasible ante el vilipendio y la ofensa. Conforme ha ido pasando el tiempo es el propio Pedro Sánchez el que lanza a sus huestes, del Gobierno y del partido, contra las más altas instituciones del Estado.
Hace unas semanas, la diana de Sánchez y los suyos fue el Tribunal Supremo por cometer el grave pecado de considerar improcedente lo que proyectaba y después acordó el Gobierno: indultar a los delincuentes independentistas que, sin mostrar arrepentimiento alguno, manifiestan a diario que lo volverían a hacer. Sánchez movió sus piezas para que el Alto Tribunal recibiera todo tipo de críticas, de procedencia política y mediática.
Poco después fue el Tribunal de Cuentas, cuya osadía consistió en cumplir con lo prevenido en su Ley de funcionamiento cuando detecta un caso de corrupción en el gasto público. En esta ocasión, Sánchez elevó el listón de los acosadores pues envió a su entonces ministro Ábalos a calificar al Tribunal como "piedra en el camino” sin ocultar la voluntad del Gobierno de desempedrarlo.
El último objetivo, de momento, ha sido el Tribunal Constitucional. Que éste haya sentenciado que el confinamiento decretado por el Gobierno en los primeros meses de la pandemia careció de la necesaria cobertura jurídico constitucional ha soliviantado definitivamente a nuestro presidente que, sin duda, parece dispuesto a que nadie ni nada se interponga en sus acciones. Enfurecido, Sánchez ha lanzado a sus ministros para que éstos, cual enloquecidos mamelucos, decapiten al Tribunal Constitucional.
Adoptada la decisión, según las reglas de funcionamiento que marca la legislación que lo regula, la sentencia dictada constituye ya el criterio del Tribunal Constitucional
La cacería la comenzó Pilar LLop que, compareciendo ante la prensa sin admitir preguntas (¿dónde quedan las antiguas críticas a Rajoy por comparecer en un plasma?), se atrevió a referirse a la sentencia como la opinión de seis magistrados del Tribunal, en un tosco intento de restarle fuerza y valor jurídicos. No señora ministra, parece mentira que sea usted juez. Adoptada la decisión según las reglas de funcionamiento que marca la legislación que lo regula, la sentencia dictada constituye ya el criterio del Tribunal Constitucional, fuera cual fuese la numerología de la votación para adoptarla.
Más graves aún, e inesperadas dada su habitual sensatez, han sido las declaraciones de Margarita Robles, también juez. Calificar como “elucubraciones” a los fundamentos de la sentencia es una burda manera de pretender desacreditar al garante del cumplimiento de la Constitución. Y acusar al Tribunal de carencia de sentido de Estado es, además de una falta de respeto, una vil mentira. Es precisamente el sentido de Estado el que ha llevado al Tribunal a no abrir las puertas al sinfín de demandas que empresas y empresarios podrían interponer exigiendo indemnizaciones por los daños y perjuicios que sufrieron al impedirles el Gobierno, de manera inconstitucional, el libre ejercicio de su actividad empresarial. ¿Cabe mayor prueba de sentido de Estado?
La última 'marlaskada'
El tercer ministro mamporrero ha sido el ínclito Grande Marlaska que, fiel a su trayectoria, ha vomitado una nueva manipulación. Lo ha hecho al comentar que el confinamiento salvó vidas, pese a que el Tribunal Constitucional no ha cuestionado que nos confinaran, sino la constitucionalidad de la norma legal utilizada para hacerlo. Otra 'marlaskada'.
Añádase a lo expuesto que la vicepresidenta del Tribunal Constitucional ha confirmado que recibió presiones del Gobierno, lo que corrobora que Pedro Sánchez y sus perros de presa pretenden que las instituciones del Estado tengan sentido de Gobierno y avalen incondicionalmente sus actos y decisiones. Como se está comprobando, aquélla que se resiste a semejante pretensión se convierte en un objetivo a derribar. Sin duda, Pedro Sánchez ha lanzado a su Gobierno a guerrear contra nuestro Estado.
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