Era mayo de 2014 y Carme Forcadell ostentaba el cargo de presidenta de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), la entidad que por aquel entonces empezaba a considerarse una institución dentro del independentismo y cuyas opiniones eran las de un partido más del parlamento catalán, siempre con un micrófono cerca y con capacidad de imponer una hoja de ruta ilegal a un gobierno autonómico, como acabó sucediendo. La ANC, de hecho, con toda su retórica anti-institucional y proclive al enfrentamiento entre la calle y las leyes, ha tenido mucho que ver con la degradación democrática de la que todavía se resiente profundamente la política catalana. Junto a Òmnium, sus dirigentes fueron los primeros en movilizar ante los juzgados a las masas y en desprestigiar a los tribunales españoles. De hecho, la entidad tiene a dos presidentes consecutivos acusados de graves delitos resultado, entre otras cosas, de haber colaborado en la arquitectura del golpe.
Pero en aquel mayo de 2014, hace cinco años y en vísperas del 9-N, Forcadell tuvo a bien desahogarse en un mitin nacionalista lanzando un mensaje revelador sobre su concepción de los catalanes. Ella, entonces casi unánimemente reconocida como representante de la sociedad civil, decidió ejercer su particular liderazgo expulsando a centenares de miles de catalanes del corpus de la soberanía a la que no se cansaba de apelar: “PP y Ciudadanos son nuestros adversarios. El resto somos el pueblo catalán, los que conseguiremos la independencia”. La gravedad de los hechos más recientes y la insoslayable fractura que el independentismo ha hecho evidente harían hoy más intolerable que antaño una expresión como aquella, que negaba abiertamente la catalanidad a muchos ciudadanos, pero entonces, el comentario supremacista le valió a Forcadell los méritos suficientes para convertirse en nada menos que presidenta del parlamento catalán.
Confiarle la autoridad que confiere la presidencia de una cámara legislativa a una persona cuya trayectoria destacada son las arengas a las masas no auguraba nada bueno y la conducta de Forcadell al frente del Parlament hizo justicia a las peores expectativas. ¿Cómo iba a velar por las instituciones catalanas y por el respeto a las minorías parlamentarias alguien que ni siquiera concibe como catalanes a prácticamente la mitad de la cámara? Ayer en El Supremo la Fiscalía recordó la “hoja de ruta” -concepto más tarde acuñado, por cierto, por los sucesivos gobiernos separatistas- de la ANC, con las primeras alusiones, ya en 2014, a la luego consumada declaración de independencia. Fue una alusión pertinente porque de algún modo ayer se visibilizó en el Tribunal Supremo cómo el separatismo llevaba años coordinando sus acciones con tres brazos ejecutivos: el gobierno autonómico, el Parlament y las entidades que controlaban la movilización en las calles.
Las responsabilidades penales las dirimirá el tribunal, pero la declaración que prestó ayer presentándose como una escrupulosa cumplidora de un orden del día que le imponía el Govern fue insultante para muchos ciudadanos
Las responsabilidades penales de la expresidenta de la cámara las dirimirá el tribunal, pero la declaración que prestó ayer presentándose como una escrupulosa cumplidora de un orden del día que le imponía el Govern fue insultante para muchos ciudadanos que pudimos contemplar en directo como dinamitaba todas nuestras libertades. Forcadell relató ayer los hechos como si el gobierno de Puigdemont no tuviese nada que ver con ella y como si no hubiese sido la máxima responsable de poner al servicio del separatismo a institución, atropellando los derechos de la oposición y de la mayoría de catalanes allí representados.
La mayor desfachatez, sin embargo, llegó cuando Forcadell consideró oportuno aludir al pluralismo político y a la libertad de expresión para justificar sus ilegalidades. Si tuvieran la mínima idea de lo que significan esos conceptos, jamás hubieran vulnerado de manera irreversible los derechos parlamentarios de la minoría de la cámara ni habrían silenciado a los diputados de la oposición que rechazaban situar a los catalanes en un limbo fuera de la Constitución. Forcadell fue la máxima responsable de permitir que se jugara con los derechos de los catalanes: prohibió presentar enmiendas con normalidad a unas pseudo-leyes totalitarias, dejó apenas dos horas a los diputados para que leyeran un texto que no era sino la amenaza de arrebatarles sus libertades como ciudadanos. Hizo todo eso mientras los partidos separatistas lo celebraban y lo hizo porque no cree ni en el pluralismo político ni en la libertad más allá de la que concierne a los suyos.
La estrategia de defensa de los dirigentes separatistas admite omisiones a sus ilegalidades, pero no lecciones a quienes de haberse evitado la respuesta judicial del Estado probablemente habríamos tenido que abandonar nuestra tierra.
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