El Gobierno de España ha creado un Fondo de Rescate de Empresas, por importe de 10.000 millones de euros, con el fin de ayudar a superar la crisis financiera que se ha producido en muchas de ellas con motivo de la pandemia por coronavirus que, en el preámbulo de la Ley en el BOE dice: “No se trata de medidas de rescate de empresas que no eran viables antes del estallido de la crisis de la covid-19, sino de una forma de inversión en favor de la recuperación y crecimiento de aquellas empresas que, a pesar de atravesar dificultades financieras, resultan viables por disponer de un plan a medio plazo factible y un modelo de negocio idóneo”.

Queda claro que este fondo está destinado a negocios que se consideren estratégicos por su impacto social y económico, la salud de las personas o las comunicaciones, deben ser empresas viables a futuro, que atraviesan problemas transitorios de liquidez, pero que tienen capacidad de generar beneficio futuro que salde su deuda con el Estado español, o sea, con todos los españoles.

Este caso es muy diferente al rescate que se hizo a las antiguas Cajas de Ahorro, centenarias y de inmaculado proceder hasta que fueron tomadas al asalto por políticos, sindicalistas y caciques locales, pues de no haberlo llevado a cabo, quienes hubieran perdido su dinero serían los depositantes, porque el Fondo de Garantía de Depósitos no hubiera tenido montante para hacer frente a todos los reembolsos; por favor, no se dejen engañar por los que dicen que se rescató a la banca: ni fue a la banca, que fueron a las Cajas de Ahorro, ni a las propias Cajas, fueron a todos y cada uno de los millones de clientes que tenían allí depositados sus ahorros.

Ahora, como digo, es diferente. Se va a tratar de rescatar y reflotar empresas privadas, cuyos socios se han jugado su dinero y han perdido. Cuando todo iba bien y ganaban mucho dinero, no lo repartieron con los ciudadanos; pero si lo pierden en esta ocasión, sí vamos a ser todos los ciudadanos quienes lo perdamos. Hasta donde yo conozco, se han concedido ya las ayudas solicitadas por:

Air Europa, compañía aérea del Grupo Hidalgo, concedidos 475 millones de euros, presumiblemente, para sanear la empresa con el objetivo de venderla, cuando se podría reestructurar y sanear a través de un proceso reglado de bancarrota.

Duro Felguera, compañía especializada en la ejecución de proyectos energéticos "llave en mano", concedidos 120 millones de euros. Cotiza en Bolsa, con un máximo en las 52 últimas semanas de 1,50€ y actual de 1,20€. Los analistas le asignan un valor de 0,01 euros.

Ávoris, agencia de viajes que va a agrupar por fusión a las de los grupos Barceló y Globalia. Concedido un préstamo de 320 millones de euros.

Plus Ultra, línea aérea, fundada en 2011, sobre la que Vozpópuli viene escribiendo desde hace tiempo. Opera únicamente con un avión y en la ruta de Madrid a Caracas, pasando por Tenerife; también desde Caracas a Lima y Quito. Según AENA, transportó 99.885 pasajeros en 2018, que aumentó a 156.139 personas en 2019 y que se redujo a 47.194 en 2020. En pérdidas contables desde el año de su fundación. Dadas las circunstancias que concurren en la misma, será noticia durante mucho tiempo.

Empresas en lista de espera

Otras empresas o grupo empresariales que han mostrado su intención de solicitar estas ayudas, pendientes en estos momentos, son:

Celsa, el mayor grupo siderúrgico de España, con casi 10.000 empleados de forma directa, pidió un rescate inicial de 350 millones de euros, que ha aumentado recientemente hasta 700 millones de euros.

Abengoa, opera en los sectores de infraestructuras, medioambiente, energía y parques de placas solares, entre otros. En Concurso de Acreedores desde primeros de este año, tras encadenar rescates, acuerdos de reestructuración y aplazamientos en el pago de deudas durante años. El Pasivo que se le supone a la empresa es superior a los 6.000 millones de euros, de ellos más de 1.200 millones de euros a proveedores.

Solicita un rescate de 249 millones de euros que, casualidad, las peticiones de 250 millones de euros en adelante han de reportarse para su análisis a Competencia de la Unión Europea, a nombre de Abenewco 1, la filial que agrupa los activos más productivos y valiosos del Grupo Abengoa, que no está en concurso de acreedores.

Mediapro, el mayor grupo de producción audiovisual español. Está controlada por el grupo chino Orient Hontai Capital con el 53,5% del capital social, el grupo WPP con el 22,5% y por sus fundadores, Jaume Roures y Tatxo Benet con el 12% cada uno de ellos.

Tiene deuda pendiente por unos 920 millones de euros y negocia una reestructuración bancaria sobre ella. La agencia de calificación Moody´s advirtió en octubre 2020 la difícil situación financiera que atraviesa Mediapro y rebajó la calificación de su deuda a ‘Caa1’, dentro del bono basura. Se estima va a solicitar el rescate a la SEPI por importe de 300 millones de euros.

WAMOS, grupo turístico en el que se encuentra, entre otras, WAMOS AIR -antes Pullmantur Air- en ERTE desde junio del año pasado, por el que los empleados trabajan el 30% de su jornada, pasando a ser aerolínea de mercancías.

La mayoría accionarial de Pullmantur, en Concurso de Acreedores, está en manos de Springwater (fondo de capital riesgo) con el 51% a través de Cruises Investment Holdings. Es una sociedad creada en Luxemburgo, pero controlada a través de Springwater Capital LLC, con sede en Delaware (Estados Unidos).

Springwater es un fondo dedicado a “rescatar empresas en crisis”, con amplio historial de problemas económicos, concursos, cambios de nombre y cuyo gestor principal es conocido en los ámbitos procesales.

El Grupo ha pasado de unos ingresos de 1.250 millones en el 2019 a tan solo 100 millones el año pasado. Solicita un rescate de 150 millones de euros.

NAVIERA ARMAS, compañía canaria de transporte marítimo de pasajeros y mercancías, que opera entre las Islas Canarias, además de comunicar con puertos peninsulares como Motril, Huelva, Sevilla y con el norte de África en Melilla y el norte de Marruecos. Fundada en el año 1941.

Según las cuentas de 2018, las últimas depositadas en el Registro Mercantil, la compañía tenía una deuda de 720 millones y perdió 5,6 millones de euros. De esos 720 millones de deuda, 582 millones corresponden a dos emisiones de bonos, que vencen a partir de 2024 y han cotizado al 45% del nominal.

Ha solicitado rescate a la SEPI por 150 millones, después de haber obtenido 52 millones en un préstamo con aval público del ICO.

HESPERIA. Cadena hotelera, ha solicitado 55 millones de euros al SEPI para hacer frente a la situación creada por la restricción de la actividad y la casi total ausencia de turistas y viajeros de negocios.

Hesperia cuenta con alrededor de 4.500 habitaciones repartidas en 28 hoteles tanto vacacionales como urbanos. En el 2019, los ingresos se situaron en 137 millones, con un resultado neto consolidado de 15,5 millones. El coronavirus desplomó las ventas y llevó la empresa a pérdidas.

HOTUSA. Grupo integrado por varias empresas relacionadas con el sector turístico, que pivota sobre el alojamiento urbano, el que más se ha resentido tras la pandemia del coronavirus de forma estructural, debido al auge del teletrabajo y de las videollamadas.

En Portugal, un juez ha embargado dos hoteles de Hotusa Lisboa (Hotel Eurostar Parque de las Naciones y el Hotel EXE Lisboa Parque), que arrastraba deudas de unos 50 millones.

El Grupo Hotusa, propietario de la marca Eurostar, entre otras, se encuentra en fase de negociación con la SEPI para obtener una financiación de 320 millones de euros.

TUBOS REUNIDOS. Grupo industrial fundado en 1968 especializado en la producción de tubos sin soldadura. Tiene 1.400 empleados y cotiza en el Mercado Continuo de la Bolsa de Madrid a 0,424 euros, que es el máximo anual, con un mínimo en los doce últimos meses de 0,106 euros, lo que significa que alguien se ha hecho rico con este valor.

En 2020 ha vuelto a presentar pérdidas que superan los 101 millones de euros en su sexto año consecutivo de caída de sus resultados.

Tubos Reunidos fue de los primeros en paralizar su actividad industrial y anunciar un ERTE para todos sus empleados tras la declaración del Estado de Alarma. En febrero de 2021, solicitó el rescate al SEPI por 112 millones de euros, que está pendiente de aprobación.

En total, hasta el momento de escribir estas líneas, hay 25 empresas pendientes de la aprobación del rescate solicitado, incluidas las detalladas anteriormente, por menores importes, pero en similar situación financiera:

Hoteles Room Mate, Hotelatelier, Soho Hoteles, Hoteles Grupo Abades, Grupo Juliá, la tecnológica Airtificial, la acerera Rugui Steel, la cadena de gimnasios Holmes Place, el astillero Hijos de J. Barreras, la empresa de cambio de divisas Global Exchange, la maderera Losán, la firma de cátering Mediterránea, catering Serhs, Helados Farggi-La Menorquina, agencia de viajes Pangea The Travel Store.

Ahora, la pregunta del millón: Si fuera con su dinero particular, ese que tiene en el banco sin que les rente nada, ¿habría concedido usted estos préstamos? El dinero es más peligroso que el plutonio, por lo que, si uno ha de ser muy prudente con el propio, mucho más ha de serlo con el ajeno.

Fondos paralizados en Alemania

Ni que decir tiene que todo este proceso debe hacerse con luz y taquígrafos, y con un seguimiento puntual y de general conocimiento público en cuanto a la evolución de su restitución al prestamista. Así debe ser también con los fondos de ayuda que se reciban de la Unión Europea, que se han visto paralizados hace unos días porque el Tribunal Constitucional de Alemania no ha ratificado el Fondo de Recuperación de la Unión Europea, a instancia de un recurso de ciudadanos alemanes, cuya resolución se estima no se producirá antes del próximo mes de septiembre.

La tozudez en defensa de llevar a cabo la reforma laboral, la fiscal y de las pensiones, sin consenso político, no está en sintonía con las ideas económicas de la Unión Europea

El acuerdo sobre estos fondos ha de ser confirmado por unanimidad de los veintisiete países de la Unión Europea y, de momento, solo ha sido ratificado en Bulgaria, República Checa, España, Francia, Croacia, Italia, Chipre, Malta, Portugal y Eslovenia.

Esto cambia todo el planteamiento económico del Gobierno español, salvo que verdaderamente estemos en manos de personas con “inteligencia límite”, pues si no se recibe ese rescate, España podría situarse al borde de una suspensión de pagos. Y las últimas noticias sobre la tozudez en defensa de llevar a cabo la reforma laboral, la fiscal y de las pensiones, sin consenso político, no está en sintonía con las ideas económicas de la Unión Europea.

La situación no se arreglaría con la subida de impuestos, que nunca alcanzarían para saldar la deuda, ni con unas nuevas elecciones generales, pues el problema sería el mismo con cualquiera que fuese el presidente del Gobierno, la solución habría de ser tanto de forma como de fondo.

Porque muy mala tiene que ser la situación cuando el Gobierno ha abierto una cuenta bancaria en el Banco de España para que ciudadanos y empresas hagan donaciones que contribuyan a la lucha contra el coronavirus. Es indicio indubitado de que no hay dinero en las arcas públicas.

De forma, un Gobierno de concentración nacional en el que queden fuera todos los radicalismos y extremismos, con dos únicos objetivos verdaderamente urgentes en este momento: la sanidad y la economía. De fondo, plantearse seriamente modificar la Constitución eliminando las Autonomías, habilitando una singularidad especial para Cataluña y Euskadi, tal como fue concebida en los momentos previos a su aprobación en 1978, además de suprimir todo tipo de subvenciones que no aporten contraprestación de trabajos (privados o sociales, totales o parciales) y modificar el sistema futuro de pensiones. Esta propuesta es difícil de asimilar, sobre todo por quienes disfrutan de las canonjías autonómicas y de los que están convencidos de imponer sus ideas por cualquier medio a su alcance, pero la suspensión de pagos del Reino de España tendría aún peores consecuencias.

La mayoría de ciudadanos españoles no somos conscientes de la realidad financiera en la que vivimos, queriendo trabajar menos horas cuando lo que había que hacer es lo contrario, subvencionando a gente que no piensa trabajar en toda su vida en vez de hacerlo a las empresas para que generen puestos de trabajo, poner leyes restrictivas a la propiedad e iniciativa privada en vez de fomentar la inversión de capital nacional y extranjero, porque  estamos hipotecando, al menos, a las dos próximas generaciones, con una Deuda Pública insostenible