La ansiedad recaudatoria del Gobierno es compañera de viaje de su mala conciencia, al ocultar sus propósitos, que cuando salen a relucir pueden dar lugar a todo tipo de contradictorias valoraciones sin que al final la sociedad española sepa a qué atenerse. Merece la pena recordar al respecto que la discusión pública sobre el establecimiento o alza de los impuestos ocupa un lugar central en la historia del Estado moderno; desde sus albores allá en la España del siglo XVI en delante hasta su apoteosis democrática a finales del siglo XVIII en EEUU.

Los escolásticos españoles, fundadores de la teoría de la economía de mercado, con el padre Mariana a la cabeza,  definieron con claridad el principio rector de una sana política fiscal: “Debe ante todo procurar el príncipe que, eliminados todos las gastos superfluos, sean moderados los tributos”, a lo que añadiría que “el excesivo gasto público es la causa esencial de la depreciación de la moneda”. Para Pedro Fernández de Navarrete, “la moderación de gastos es el mejor medio para engrandecer el Reino”.

Para no violar la justicia distributiva, nuestros escolásticos establecieron que los impuestos deben cumplir cinco condiciones:

  1. Que vengan impuestos por una autoridad legítima.
  2. Que la causa final del tributo sea justa.
  3. Que sean proporcionados a la causa final.
  4. Que la materia sobre la que se imponen sea justa y decente.
  5. Que guarden proporción con las haciendas particulares.

Hacia la segunda mitad del siglo XVIII y como preámbulo de la Revolución Americana, los colonos asumieron el luego famoso lema: No taxation without representation; una reivindicación que acabó cuajando como un principio esencial de los sistemas democráticos liberales desde la Constitución de EEUU hasta nuestros días.

Marco de referencia obligatorio

En las circunstancias descritas, un gobierno serio y responsable no andaría escondiendo y hurtando a los ciudadanos una discusión pública sobre la imposición fiscal. Para que el debate fuera útil y provechoso, sería absolutamente necesario fijar un marco de referencia que incluyera al menos los siguientes conceptos:

  • La eficiencia del gasto público: cuanto se despilfarra en subvenciones que solo benefician a sus receptores mientras perjudican a la inmensa mayoría de contribuyentes, y cómo se podría gastar mejor, haciendo más con menos, como hacen las familias y las empresas.
  • El esfuerzo fiscal, o presión fiscal ajustada por la renta per cápita; para compararlo con nuestros países vecinos, teniendo en cuenta que el salario medio español es muy inferior al europeo.
  • La estructura de la recaudación; según el tipo de impuestos, para adecuarla a las mejores prácticas internacionales.
  • La competitividad fiscal comparada con los demás países.

¿Alguien ha escuchado al Gobierno hablar de alguno de estos conceptos? ¿Sabrán muchos de los políticos que nos gobiernan que existen?

Veamos que da de sí un análisis de los mismos:

  • Eficiencia: los políticos socialistas -de todos los partidos- jamás utilizan la palabra eficiencia –para ellos es como la cruz para el demonio- pues solo saben hablar de gasto, que en sus manos se convierte en despilfarro. Sin presupuestos base cero, que cuestionen todos los gastos preexistentes, y el cultivo a rajatabla de la eficiencia del gasto público, el actual estado de bienestar será imposible de sostener.
  • Esfuerzo fiscal:  la presión fiscal efectiva que descuenta la economía sumergida –recaudación como % del PIB- que tanto gusta a nuestros progresistas, se sitúa en la media de la UE, según Taxation trends  in EU 2020 y Shadow Economies Around the World del FMI.
  • Estructura de la recaudación: revela grandes discrepancias con los países de referencia que nunca salen a relucir en los debates al uso, cuando debe ser la base de partida para cualquier política fiscal. En España, según los datos de la UE, los impuestos de la renta de las personas físicas y sociedades, así como los del ahorro y el patrimonio, están muy por encima de la media, mientras que la imposición indirecta –el IVA–, los impuestos medioambientales y las tasas fiscales están muy por debajo.
  • Competitividad fiscal: a nivel europeo, España ocupa el lugar 17º entre 23 países con Suecia en el 5º y Alemania en el 10º; estando muy por debajo de la Tax Competitiveness Index 2020, España se sitúa en la posición 27 entre 36 países del mundo.

Necesidades sencillas y urgentes

Por todo lo visto, resulta evidente que lo que necesita España es tan simple como:

  • Practicar la técnica del presupuesto base cero, para reducir el gasto público a lo realmente imprescindible, eliminando todos los despilfarros acumulados y sin control.
  • Establecer políticas de eficiencia del gasto, incluyendo su externalización privada, para hacer más cosas con menos recursos.
  • Definir un nivel de ingresos fiscales que maximice el crecimiento económico y del empleo y esté acorde con los países de referencia de nuestro entorno:
    • Disminuyendo los impuestos al trabajo y al ahorro, que penalizan la actividad económica y la creación de empleo. Justo lo que hacen los países serios y lo contrario que propone el gobierno con: el IRPF, impuesto de sociedades, seguridad social empresarial, plusvalías e impuesto al patrimonio –una tercermundista excentricidad española-.
    • Aumentando los impuestos indirectos –el IVA–, las tasas fiscales –uso de autovías- y la fiscalidad medioambiental, que están a la cola de la UE.
    • Generalizando el copago de los servicios públicos, fundamentalmente en sanidad, como en los demás países de referencia.
    • Aplicando la inspección fiscal a los que no pagan –la economía sumergida– en vez de a los que cumplen sus obligaciones.
    • Estableciendo simetría de plazos entre Hacienda y los contribuyentes y convirtiendo en una institución independiente el Tribunal Económico Administrativo.

Todo lo dicho es relevante si lo que importa es propiciar la prosperidad económica y social de España, medida en mayor nivel de empleo y de renta per cápita. Si por lo contario lo que interesa es cultivar la envidia igualitaria y con ella una economía excluyente de empleo en la que los contribuyentes fiscales sean cada vez menos en relación con los beneficiarios de las subvenciones públicas, entonces el Gobierno ha elegido regresar al subdesarrollo y a una sociedad dual, que hace más de medio siglo habíamos abandonado.